El 'déjà vu' fotovoltaico y el golpe de gracia que prepara Álvaro Nadal

Los números empiezan a salir ya con las energías renovables, pero no todos están invitados a la fiesta. Nekane, de 70 años, entró en la producción fotovoltaica en la década pasada cuando el sector vivía un auténtico ‘boom’. Una época en la que al abrigo del generoso Real Decreto 661/2007 convivieron financieros ávidos de golosas primas con familias que buscaban un extra para su jubilación. Más de una década después, para Nekane, es ‘game over’. Después de una primera refinanciación draconiana tras la reforma del tándem Nadal-Soria y con la perspectiva de un nuevo ajuste en los próximos meses, ha tirado la toalla. Tiene en venta su instalación y se quedará con una deuda de 70.000 euros y una casa hipotecada. Es un caso real, con nombre ficticio. Y no es el único, en un colectivo que sufre desde hace años la inseguridad jurídica y la incertidumbre. Y vienen curvas.

En efecto, la polémica reforma puesta en marcha en 2013 por Alberto Nadal, hermano del actual ministro, eliminaba el concepto de prima a las instalaciones fotovoltaicas e introducía el pago de una rentabilidad razonable garantizada por ley del 7,3%. Una retribución que se calculó teniendo en cuenta el rendimiento medio de las obligaciones del Estado a 10 años justo antes de la entrada en vigor de la legislación más 300 puntos básicos. Agobiado por el creciente agujero del déficit de tarifa – entonces para Rajoy el mayor problema que afrontaba la economía española-, el Gobierno buscaba cómo aligerar una factura con las compañías que, cual bola de nieve, había engordado el recibo de la luz hasta límites insostenibles. Y las renovables tenían que pagar su cuota.

En aquel momento, las críticas del sector fotovoltaico se centraron en que la rentabilidad razonable se calculara en función de las estimaciones de Industria sobre el coste de instalaciones tipo o estándar, guarismos a menudo alejados de lo que en realidad había costado la planta. Peor todavía, la remuneración se ajustaba a toda la vida útil del proyecto. Esto es, si el productor había cobrado por encima del retorno fijado en los primeros años de la planta, el retorno futuro se ajustaba a la baja, dificultando el pago a la banca en proyectos habitualmente estructurados como project finance con el 80% o el 90% de deuda. ¿Conclusión? Quien no entregó las llaves desesperado o vendió, tuvo que refinanciar en términos muy gravosos.

Lo peor es que el problema estaba lejos de quedar resuelto. Y es que pocos productores miraron entonces la letra pequeña del Real Decreto-ley de marras. La retribución no era válida para toda la vida útil de la planta, sino que solo abarcaba el periodo regulatorio 2014-2019. Llegado ese punto, tocaba revisión, un nuevo ciclo que empieza el 1 de enero de 2020… con la previsión de rendimiento medio de las obligaciones del Estado a 10 años en el momento del cálculo muy por debajo del primer ciclo. Es decir, si el Gobierno decide revisar y aplicar la fórmula, la bajada de la rentabilidad razonable para el sector es segura y se quedaría lejos del 7,39%. Según los cálculos hechos por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) quedaría entre el 4% y el 5% y supondría una pérdida para el sector de entre 440 y 620 millones. Para echarse a temblar.

“Pinta fatal -explican fuentes de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), entidad que agrupa a cientos de afectados y que lleva años dando la batalla con admirable tenacidad-. Hay que pensar que buena parte del parque está ya refinanciado. Tendremos que irnos de 16 o 18 años, que es la reestructuración media, hasta 22, cuando acaba la vida regulada. Lo que se conseguirá es que el banco obtenga un beneficio, eso sí, y también favorecerá a quienes quieran quedarse con instalaciones a precio de derribo. La mayoría de los propietarios nunca pensaron que la rentabilidad iba a bajar del 7,39% que se consignó en la última reforma. De hecho, muchos particulares no han terminado de enterarse y ni siquiera tienen claro qué va a pasar. Lo peor en todo este proceso ha sido la incertidumbre”.

Energía, que avanzó su intención de modificar la retribución en un encuentro con fondos del que dio cuenta Goldman Sachs allá por el mes de septiembre, debería considerar la importancia de que las renovables -ahora que apuntan decididamente a la rentabilidad- puedan permear en lo posible toda la sociedad. Dicho de otro modo y como se apunta desde las asociaciones, socializar tecnologías como la fotovoltaica puede generar importantes beneficios de arraigo y hasta de desarrollo del medio rural. Sin entrar en la polémica del autoconsumo o en la necesidad de cumplir con el objetivo europeo a 2020 y que ahora parece inalcanzable, pese a las últimas subastas. En suma, lo que, por error,  se abrazó como un producto financiero parece que va a terminar, ¿por voluntad política?, siendo el cortijo de cuatro. Una historia demasiado repetida.