¿'El Irlandés II'? Los métodos que llevó Villarejo a BBVA

Segunda declaración ante el juez de Antonio Béjar, responsable del área inmobiliaria de BBVA. Su abogado defensor, Javier Bermúdez, con su habitual tono sentencioso y confiado, enarbola una carpeta. ‘Documentación Arbizu’ lleva por título. El que fuera juez en el doloroso proceso del 11-M hace referencia a los documentos 174 y 175. En su epígrafe, el rimbombante nombre de ‘Proyecto de Análisis e Inteligencia con Tareas de Información e Investigación, informe preliminar’. El dossier, en una rotulación muy pequeñita, contiene la fecha: 9 de diciembre de 2009. Cenyt, la firma del excomisario José Manuel Villarejo, todavía no estaba contratada por el BBVA para la "investigación patrimonial", un eufemismo para referirse a la búsqueda de propiedades escondidas por aquellos ‘popes’ del ladrillo que pasaron de héroes a villanos tras la mayor quiebra económica que se recuerda. No en vano, debían ingentes cantidades de dinero al banco. Lo decía el olfato de FG, o alguien dentro de su impagable red de relaciones le había alertado de un posible alzamiento de bienes masivo por parte de aquellos que hicieron fortuna gracias a la burbuja y que no eran precisamente unos santos. Kroll, cuya contratación sugirió Goiri por su buen hacer en Latinoamérica, no había hallado ni rastro de esa trama de ocultación.

El documento en cuestión se proporciona en una reunión interna de la entidad financiera en la que están presentes José Manuel García Crespo, director del Servicio Jurídico para España y Portugal y, a la sazón y siempre según Béjar, "el que trajo" el expediente; el propio Eduardo Arbizu, en aquella fecha director de Servicios Jurídicos, Asesoría Fiscal, Auditoría y Cumplimiento; el bilbaíno Juan Asúa, cabeza visible de la firma para España y Portugal, y el director general Manuel Castro. En el punto cinco de ese documento se definen los objetivos del proyecto del ‘clan Villarejo’ para localizar propiedades y recuperar el dinero. "Fase I. Hostigamiento y en la medida de lo posible boicot de las actividades de dichos sujetos [en alusión a los empresarios ‘morosos’] con el fin de que la conducta contra K [el cliente, véase BBVA] se vea alterada y con ello comience el proceso de cometer errores estructurales".

Y añade: "Además de lo ya mencionado, parte de los medios del proyecto se emplearían en propiciar una dinámica disruptiva de hostigamiento sostenido que provoque a TIN [en referencia al dueño de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, Fernando Martín] y su entorno una inseguridad permanente que hasta el día de hoy no tiene". Si no fuera por lo trágico en que ha devenido el proceso, la situación no deja de provocar cierta sorna. Esto es, cinco conspicuos miembros de la cúpula de BBVA, las cabezas mejor amuebladas del sector, ingenieros con MBAs del IESE, debatiendo sobre un documento infame que incorpora prácticas no muy alejadas de las que se gastan los amigos de Robert de Niro en el ‘El Irlandés’. ¿Nadie dijo nada? Lo cierto es que sí. "Es una barbaridad, un disparate, las cosas no se pueden hacer así y el banco no hace las cosas así. De ninguna manera. De esto me ocupo yo y hablo con Julio Corrochano y con FG", arreció Arbizu mientras ojeaba el documento. Poca fuerza debió tener donde la ejerciera… si la ejerció. Inopinadamente, lo cierto es que Cenyt fue contratada para llevar a cabo la investigación poco después.

La cuestión llama tanto la atención que Bermúdez repregunta a Béjar: "Después de haber trabajado con Kroll, ¿a nadie le extraña que contraten a una tal Cenyt, que nadie sabía quién era? Después de que el señor Arbizu dijera que no podía ser, que era un disparate…". Claro que, en realidad, lo que Arbizu ingenuamente descubrió sobre los métodos del equipo de Villarejo en ese cónclave de directivos celebrado en 2009 ya debía saberse en otros lares de la entidad financiera, que trabajaba con la firma desde hacia un lustro. De hecho, según consta en un informe denominado ‘Proyecto FG’, incluido en el sumario y elaborado por el ‘clan Villarejo’ para ensalzar sus éxitos a favor del banco en plena guerra de éste con Sacyr, no solo se llevaron a cabo casi 70 "infiltraciones" en medios de comunicación para modificar su línea editorial y provocar el abandono del "plan de acoso" contra FG, sino que se promovieron acciones para acceder al servicio de escoltas y protección personal de Juan Abelló o para lograr grabaciones sobre la vida sexual del ministro Miguel Sebastián.

Más allá de las responsabilidades de unos u otros, penales o no, que determine la justicia, es evidente que algo no funcionó bien en el BBVA que durante muchos años gobernó con mando en plaza Francisco González. Cualquiera que haya tratado con el banquero durante sus muchos ejercicios al frente de la entidad le habrá escuchado referirse a los estándares éticos con los que gestionaba la misma. Él mismo llegó a crear un conjunto de reglas, el denominado ‘Código FG’, que entre otras normas establecía: "Todo debe ser legal, publicable y moralmente aceptable por la sociedad". No hay razón para no creerle cuando certifica que "nunca tuvo conocimiento de la contratación de Cenyt ni del comisario Villarejo", en tanto "no intervenía en la contratación de ningún proveedor del banco". Tampoco cuando garantiza que "nunca conoció los métodos utilizados por Cenyt" y, "de haberlos conocido, no los habría permitido". Sin embargo, en esa última declaración, él mismo reconoce que prácticas en apariencia irregulares, desde luego no avaladas por él, camparon a sus anchas en nombre del banco que presidió orgullosamente. Y, probablemente, en sus noches de insomnio, solo admitir eso sea mayor cruz que cualquier reproche jurídico.

En todo caso, BBVA ha tenido la inmensa mala suerte de abrir el fuego… y los audios. Y es que no parece que las empresas que vienen detrás vayan a afrontar tamaño descrédito reputacional ni judicial. Ya desvelaba este diario la movilización del Ibex y Moncloa para echar tierra sobre el llamado ‘caso Villarejo’. Técnicamente, la clave está en la declaración del que fuera número uno de la Policía Nacional (Director Adjunto Operativo, DAO), Eugenio Pino, según la cual el propio Estado habría contratado con Villarejo como empresario privado. Ese planteamiento dinamitaría el delito de cohecho (compra de favores de un funcionario público) y liquidaría buena parte de la acusación. Políticamente, fuentes empresariales conocedoras de la situación revelan que el nuevo gabinete de Sánchez, con Podemos de consorte, ha hecho saltar todas las alarmas en las corporaciones afectadas -que no son pocas; repásense las piezas abiertas- y acelerado los contactos con Moncloa para pasar página sobre un asunto que no beneficia ni al Gobierno, para el buen desarrollo económico, ni a las empresas, como su punta de lanza. En efecto, no parece que la identificación de ilustres miembros del Ibex con las más profundas cloacas del Estado sea la mejor credencial a la hora de armar un discurso público contra, por ejemplo, la subida de impuestos. Claro que, si bien el Iglesias que alumbró el 15-M se frotaría las manos, este pasea en Quintos de Mora. Vivir para ver.