OPINION

El reino de los gestos o cómo hacer del Gobierno una plataforma electoral

Pedro Sánchez comparece en Moncloa
Pedro Sánchez comparece en Moncloa
EFE

Política de gestos. El buque Aquarius, con 106 migrantes a bordo, llegaba este domingo al Puerto de Valencia. Hacía apenas días, el recién aterrizado presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había ofrecido a acoger a los refugiados tras el veto de Italia. El pasado viernes, en el segundo Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo, se anunciaba la recuperación de la asistencia sanitaria universal. El Partido Popular la había eliminado en 2012, lo que implicó dar de baja 900.000 tarjetas de personas en situación irregular. Difícil criticar cualquiera de estas medidas, por mucho que en el primer caso parezca evidente la pertinencia de una política comunitaria que regule los procesos migratorios de esta índole y que, en el segundo, el coste de aplicar la disposición sea muy limitado y se trate de un movimiento meramente cosmético. En todo caso, el arranque del gabinete socialista ha servido para terminar de tranquilizar a las grandes empresas del Ibex 35.

Y es que los últimas ideas de Sánchez en la oposición eran para echarse a temblar. No en vano, hace apenas dos meses presentó unos Presupuestos alternativos a los de Mariano Rajoy donde detallaba sus políticas económicas y fiscales. Entre las más relevantes, gravar a las empresas con un tipo mínimo del 15% aplicado al resultado contable y no a la base imponible en el Impuesto de Sociedades, en lo que suponía todo un golpe a la línea de flotación de las grandes corporaciones. También contaba con dar publicidad a los beneficiarios de incentivos tributarios, una suerte de lista negra -como la implementada por Montoro para los contribuyentes morosos- con el fin de señalar a las multinacionales. Apenas 60 días después de aquellos planteamientos, la tranquilidad no puede ser mayor entre los posibles afectados. Donde se dijo digo, ahora se dice Diego. E incluso en temas capitales que ya se encontraban en vigor y sobre los que había dudas.

Por ejemplo, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tardó apenas un día en conceder diferentes entrevistas para dejar claro que la reforma laboral está para quedarse y que el PSOE solo buscará incorporar a la misma cambios puntuales. Lejos queda aquel mes de julio de 2014, cuando Sánchez arreció: “La primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores”. La reducción de los costes de despido y el menor peso de la negociación colectiva que trajo consigo no solo convenció a los organismos internacionales, sino que redujo las cifras de paro de forma decidida. Eso sí, como vaticinó Luis de Guindos antes de llegar al Ministerio de Economía, se haría a costa de un trabajo ‘low cost’ y de alentar la temporalidad. Medidas para limitar esos efectos indeseados, si no encuentran el apoyo de la Cámara, al menos permitirán al PSOE escurrir el bulto y señalar al culpable de no aprobarlas.

“Sánchez y sus ministros tienen claro que el Gobierno es, esencialmente, una plataforma electoral. Tienen dos años para vender su programa y no van a entrar en cuestiones que no dispongan de un amplio consenso social -explicaban esta semana desde una de las principales empresas del Ibex-. Hace apenas dos meses estaban hundidos y a merced de la pugna entre PP y Ciudadanos. Ahora tienen tiempo para reivindicarse. Eso a nosotros nos deja tranquilidad y margen para trabajar al margen del BOE”. Sorprende, en todo caso, que en apenas una quincena se haya pasado de un clamor en demanda de elecciones a asumir el nuevo Ejecutivo como una solución de cierta estabilidad. Tras el pacto con el PNV, no habrá elecciones antes de otoño de 2019. Y Sánchez manejará desde el Gobierno tiempo y encuestas. Un giro copernicano.

Eso sí, si la estrategia de gobierno parece clara, Sánchez tiene también un reto respecto a los estándares de comportamiento que ha exigido a otros. El ‘caso Màxim Huerta’ no solo ha puesto de manifiesto la inexistencia de las debidas ‘due dilligence’ en la gestión de los cargos públicos -también de los socialistas-, sino que parece haber generado dudas en el propio Ejecutivo. Como publicaba este sábado La Información, de los 70 nombramientos efectuados el viernes por el Consejo de Ministros, de 34 no se facilitaron los correspondientes currículos. Más sangrante, la referencia del cónclave, que habitualmente se publica poco después de finalizar la rueda de prensa, se postergó hasta el punto de hacerse pública casi al mismo tiempo que empezaba el partido de fútbol del Mundial entre España y Portugal. ¿Casualidad? Y eso sin olvidar que el Código Ético del propio PSOE deja claro que cualquier candidato del partido debe firmar una declaración en que se asegura su integridad. A partir de ahí, nada debería impedir la publicación de su vida laboral. El remedio a los temores, en todo caso, no puede ser en ningún caso la falta de transparencia.

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