En la España social de Sánchez e Iglesias se forran... los financieros

“Hacía meses que no teníamos tanto trabajo y tantas peticiones de salida a bolsa encima de la mesa -confesaba recientemente un conspicuo banquero-. De hecho, estamos rechazando la mayoría de propuestas; se trata de empresas que no están preparadas, pero que saben la abundancia de dinero y buscan aprovecharlo”. En efecto, el eterno ‘manguerazo’ del Banco Central Europeo (BCE) y unos tipos bajo mínimos que incluso invitan a la banca a buscar rentabilidades fuera del negocio tradicional han hecho florecer el apetito por financiarse en los mercados. El sector renovable, por ejemplo, a lomos del discurso sin matices de la vicepresidenta del ramo, se ha convertido en un hervidero de candidatos al toque de campana. Al punto de que los analistas ya avisan de la necesidad de distinguir el trigo de la paja y de que los múltiplos empezarán a caer antes que después, al tiempo que abogan por aprovechar el ‘calentón’ y acelerar rumbo a las ‘ventanas’ previas al verano. Unas compañías se creen el ‘giro verde’; otras se encogen de hombros y se sumergen en el ‘greenwashing’; las últimas, en manos de advenedizos, buscan simplemente dar el ‘pelotazo’. Operaciones, intermediarios, comisiones… Una efervescencia que recuerda otros tiempos.

Aunque parezca mentira, en ese mismo país suceden otros episodios menos agradables. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de paro ha escalado durante la pandemia hasta superar el 16%. En todo caso, una cifra ficticia si tenemos en cuenta que no incluye a los cientos de miles de trabajadores acogidos a un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE). ¿Podrán volver a sus empleos cuando el virus conceda una tregua? Difícilmente. Y es que muchos no encontrarán dónde. Se calcula que la economía española alberga al menos unas 50.000 sociedades zombis, firmas insolventes que aguantan para tener acceso a las ayudas a la espera de entrar en una inevitable reestructuración por la vía judicial. Como han dejado claro el propio Gobierno -con su revisión de las previsiones- y el FMI, es posible que nuestro país no alcance la producción previa a la llegada de la Covid-19 hasta la mitad de la década. Y lo hará con un descontrol entre ingresos y gastos y una estructura de deuda pública que no solo supondrán una carga espeluznante para las próximas generaciones, sino que comprometerán decididamente el nivel de prestaciones.

Es la paradoja de la España social que nos vendió el tándem Sánchez-Iglesias al empezar la legislatura. La micro choca con la macro. Y las golosas opas para asaltar energéticas lanzadas por inversores extranjeros ávidos de ‘colocar’ su inquieta pecunia topan en el día a día con el drama de los trabajadores del turismo o la hostelería. A esos últimos, además, el citado Gobierno ‘social’ acaba de recordarles que quiere incrementar los impuestos que pagan. Habla la ministra de Hacienda de armonizarlos, que al final del camino es subirlos. Ha tenido que salir en tromba Nadia Calviño -desfacedora oficial de entuertos ‘made in Moncloa’- para matizar la cosa y no terminar de reventar la campaña electoral a Ángel Gabilondo, que con los amigos que se gasta en el partido más le valdría irse a una fiesta de togas con Brutus. Claro que, diga lo que diga la vicepresidenta económica, la realidad es que el PSOE no puede soportar la permanente ‘excepción madrileña’ y no acabará la legislatura sin, por ejemplo, fijar un mínimo para Sucesiones y Donaciones. Porque en esa España ‘socialista-podemista’, en la que crecen de nuevo los ‘fees’ de los financieros, debe ser lógico que heredar implique para una familia media, en muchas ocasiones, tener que vender el bien recibido para cumplir con el Fisco. Con algo hay que pagar el histórico despliegue de altos cargos.

En la España de la ‘crisis Covid’, con precios a derribo, los fondos y sus asesores áulicos se relamen para hacerse de oro. Cuando se vayan ufanos tras ordeñar el rebaño, quedarán aquí los mismos de siempre

En ese país, social donde los haya, resulta que también van a bajar las pensiones. Aquí la cuestión es más sutil… hasta que deje de serlo. De momento, Jose Luis Escrivá ha enseñado la patita con los trabajadores que abandonen de forma voluntaria el mercado laboral antes de la edad legal de jubilación. No importa lo larga que haya sido su carrera de cotización y todo lo que hayan aportado al sistema. Según el planteamiento del ministro -a la sazón exdirectivo de BBVA, que en su declaración oficial reconoce un patrimonio neto de 1,5 millones de euros-, sufrirán un recorte en su prestación de nada menos que el 17% si se retiran con dos años de antelación, frente al 4% actual. Para entendernos, Bruselas exige una reforma de las pensiones para entregar los fondos europeos imprescindibles para sostener los Presupuestos del Ejecutivo y, en suma, una economía cogida con alfileres. La pregunta es dónde están hoy esos gestores públicos que metieron a España la espiral de déficit y deuda que nos pone a menudo, cuando vienen mal dadas, a merced de la burocracia comunitaria, que paga y manda. El PP abandonó el gobierno en 2004 con la deuda pública en el 38% del PIB. Dos crisis lideradas por gobiernos socialistas después, la brecha es del 120%. Y por tanto, Escrivá se va a poner las botas convirtiendo en realidad sus modelos teóricos, si el diálogo social no lo impide.

Finalmente, en ese paraíso ‘social’ que ha traído consigo el Gobierno Sánchez, somos los más ‘verdes’. Y por esa razón, según consta en el tantas veces ‘vendido’ Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es razonable imponer una nueva tasa, en este caso a los coches diésel. El planteamiento ya se excluyó a última hora de la tramitación de los PGE, en los que incluso se especulaba con un recargo de 3,8 céntimos por litro. La vicepresidenta Ribera, con su habitual habilidad para confundir dónde se quiere llegar -en lo que hay poco disenso- con los tiempos para hacerlo, vuelve a olvidar que por las carreteras españolas circulan 13,5 millones de vehículos diésel, una gran mayoría de los mismos utilizados por trabajadores para ir y venir de su lugar de trabajo. No parece razonable imponer una nueva carga sobre quienes ya demasiados problemas tienen para llegar a fin de mes. El nuevo Plan Moves, que se esgrimirá como la solución a todos los problemas ya que destina cuantiosas ayudas a la compra de vehículos eléctricos, tampoco tiene en cuenta que los precios de los mismos son prohibitivos para la mayor parte de población… por mucho que se subsidien. En la ‘transición ecológica’, a la ministra le ha faltado desde el principio el adjetivo ‘posible’. La prisa que recorren sus buenas intenciones las van a pagar la clase media en desbandada.

Mientras el Gobierno francés diseña en función de sus intereses la operación Veolia-Suez y Draghi prepara las horcas caudinas por las que deberá pasar ACS para participar en Autostrade, Sánchez y los suyos no dejan de mandar mensajes contradictorios respecto a los australianos de IFM y su oferta por Naturgy. No falta quien recuerda en estos días el ‘caso Endesa-Enel’ y lo que supondría para el tejido industrial español el desguace de la firma comandada por Reynés. Draghi, como Macron, sabe que los IFM que pululan por el mundo entran y salen de los capitales cuando, una mañana, calculadora en mano, deciden que las cuentas ya cuadran. En la España de la ‘crisis Covid’, con precios a derribo, los fondos y sus asesores áulicos se relamen para hacerse de oro. Cuando se vayan ufanos tras ordeñar el rebaño, quedarán aquí los mismos de siempre, los que van a pagar más impuestos y vivir con jubilaciones más exiguas. Mejor no pensar en lo que puede suceder a la economía -y a quienes día a día la conforman- si los tipos de interés enseñan en los próximos años una cara menos amable. Por lo menos, que no se nos quede cara de tontos.