Libertad sin cargas

El Gobierno no va a recortar las pensiones y por el mar corre la liebre

Montaje Escrivá Yolanda Díaz
Escrivá no va a recortar las pensiones y por el mar corre la liebre.
Nerea de Bilbao (Infografía)

Diciembre de 2020. Seguridad Social abre fuego y plantea incrementar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones. La medida, que suscitó el inmediato rechazo de los sindicatos y del ala ‘morada’ del Gobierno, cobró vida y se cuantificó en los primeros borradores que las huestes de José Luis Escrivá prepararon para remitir a Bruselas. Es la ficha que en el argot se conoce como ‘componente 30’. En aquel documento, que tiene todos los membretes oficiales y obra en poder de este diario, el hoy ministro y otrora jefe de estudios del BBVA admitía lo siguiente: “El efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo de 35 años en lugar de 25 supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%”. Resulta esperpéntico con un punto gracioso que, casi un año después, él mismo y su Ministerio reaccionen como una hidra cuando periodistas, analistas o hasta economistas abundan sobre lo que ellos mismos plasmaron en papel negro sobre blanco, véase la obviedad de que, en términos generales y más allá de las particularidades de cada carrera de cotización, aumentar los años para calcular la paga de jubilación rebaja su cuantía.

Debe tratarse de la ‘teoría de la reforma laboral’ tan en boga en el Gobierno, según la cual si digo algo muchas veces -en ese caso que voy a derogarla-, a lo mejor algún incauto pica y se lo cree. Un planteamiento que, por otra parte, se diseña desde una pretendida superioridad intelectual inaceptable, que a la postre solo aísla y debilita a quien la ejerce. Basta comprobar otra vez las movilizaciones de pensionistas en las calles este fin de semana, a quienes tampoco parecen convencer los supuestamente bien hilados argumentos oficiales. También ha echado sus cuentas Lorenzo Amor, presidente de los autónomos, que en una entrevista con ‘El Economista’ aseguraba este sábado que el impacto para el colectivo que representa puede ser devastador: “Habrá que ver en qué condiciones se materializa, pero si es con carácter general, como se hizo la ampliación de la reforma de 2011, puede suponer una pérdida de la pensión entre un 10% y un 14%”. Es de suponer que el Ministerio, tras tamaño atrevimiento, también habrá llamado a Amor -que ‘solo’ lleva 18 años al frente de la patronal- para afearle la reflexión y hacerle ver lo erróneo de sus cálculos.

Todo viene a raíz del ‘disclosure’ del denominado ‘Operational Agreement’, véase el contrato firmado por el Gobierno español con la Comisión Europea. Podría dársele muchas vueltas a la filosofía del acuerdo, pero en castizo vendría a contemplar lo siguiente: éstas son las medidas que vais a tomar para que nosotros desembolsemos, a fondo perdido, las decenas de miles de millones que van a mantener a flote vuestra economía. No es de extrañar que en Moncloa a más de uno se le torciera el rictus cuando comprobó que el prolijo documento iba a hacerse público. Y entre los pactos alcanzados, de nuevo, en este caso para finales de 2022, la “extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”. Además, con un matiz importante. Hasta ahora, las referencias al ‘retoque’ de las pensiones figuraban en los planes de recuperación remitidos a Bruselas, pero ahora forman parte de un contrato formal que suscribe María Jesús Montero con el comisario europeo de Economía, Pablo Gentiloni. Es decir, la cuestión es vinculante y debe hacerse sí o sí. De hecho, el Ministerio ya anuncia medidas para “modular sus efectos”, lo que por lógica ya implica la admisión de que algún efecto la medida ha de tener. Como diría el clásico, a confesión de parte, relevo de prueba. 

Más allá de ponerse estupendos y darnos lecciones de economía, más le valdría a quienes nos gestionan agachar la cerviz y decirnos la verdad, tratarnos como ciudadanos responsables de un país que ha pasado por dos crisis devastadoras

Es de suponer, no obstante, que entre esas medidas a medio plazo no esté complicar el acceso al mercado de trabajo y, por ende, de cotizar para tener la pensión máxima. Y es que en paralelo a la reforma de las pensiones, Escrivá planteaba esta semana subir en 0,6 puntos las cotizaciones sociales para financiar las jubilaciones del ‘baby boom’, cargando en las empresas la mayor parte de la derrama. Para empezar, llama la atención el ‘modus operandi’ del Gobierno, que claudica primero a las exigencias de Bruselas y luego busca la cobertura de patronal y sindicatos en el diálogo social. Después, sorprende cómo se sitúa siempre al empresario en el foco del problema a la vez que se le ponen cada vez más trabas para contratar. “No tiene sentido subir cotizaciones en un país con un elevado paro juvenil. Y hay un problema con las magnitudes”, subrayaba en ‘El País’ Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la Complutense y subdirector Fedea. En roman paladino, la medida busca matar moscas a cañonazos en tanto aportará una recaudación ínfima para la dimensión del agujero. Todo sea por el marketing y por ahondar en la demonización del empresario, olvidando que al final la mejor política social es favorecer la creación de puestos de trabajo… y eso recae en las empresas.

En realidad, todo recuerda mucho a un día de primavera del año 2010. En concreto, a un 12 de mayo. José Luis Rodríguez Zapatero, exhausto y cabizbajo, entró en el Congreso de los Diputados para decir Diego. Dos minutos tardó en descerrajar un abanico de ajustes que estaban en las antípodas de quien había hecho del gasto un arte, con el plan E como obra maestra. Entre esos recortes, la congelación de las pensiones y la bajada de los sueldos públicos con el fin de controlar un déficit público desbaratado. ¿Les suena? Pues como bien refería en estas páginas Bruno Pérez, puede que esta vez no haya 'hombres de negro' que aterricen cada seis meses en Barajas para chequear que España cumple con las condiciones impuestas -como sucedió tras el rescate financiero de 2012 al que abocó la crisis que afrontó Zapatero-, pero el ‘Operational Agreement’ de marras deja claro que habrá un control comunitario estricto sobre el dinero que llegue a España. Y más allá de ponerse estupendos y darnos lecciones de economía, más le valdría a quienes nos gestionan agachar la cerviz y decirnos la verdad, tratarnos como ciudadanos responsables de un país que ha pasado por dos crisis devastadoras en apenas una década. Solo desde ese prisma de sometimiento comunitario se explicaría que un conspicuo economista como Escrivá plantee medidas tan ordinarias, en esencia subir cargas e impuestos a las empresas y acotar las pensiones. Para ese viaje, bastaban otras alforjas.

En este punto, ¿se imaginan que las medidas que están sobre la mesa las hubiera planteado un gobierno del Partido Popular? Sorprende la legitimidad de origen que parecen tener los ejecutivos socialistas para tomar las medidas con mayor coste social, como es el caso, sin sufrir excesivo desgaste mediático y hasta ciudadano. No es de extrañar que Yolanda Díaz, e incluso el propio Pablo Iglesias, hayan arreciado contra el ‘plan Escrivá’, en tanto golpea a la línea de flotación del acuerdo de coalición. De “movimientos extraños” en las pensiones habla la política gallega; el exlíder de Podemos acusa al ministro directamente de mentir y de utilizar argumentos que "ni siquiera tienen las patas cortas como las mentiras". Por el mar corre la libre, que diría la canción infantil.  Bien harían los populares en tomar la palabra al exgurú de Sánchez, Iván Redondo, que insiste cada vez que tiene altavoz delante en que la economía puede convertirse en un arma de destrucción masiva electoral si el PP se aplica a la tarea. Dicho esto, hay que diseñar y explicar bien un programa económico, claro. Y poco ayuda, en cambio, dedicar el tiempo a buscar la forma más higiénica de despedazar a Isabel Díaz Ayuso, la que debería ser uno de sus principales reclamos tanto en el relato como en las urnas. Y es cada cual tiene su cruz.

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