'Horror en el hipermercado', versión de Pedro Sánchez y Teresa Ribera

Los más veteranos recordaran a Alaska y Carlos Berlanga ‘aterrorizados’ en el híper mientras sus compinches de Pegamoides, con Nacho Canut al frente, empujaban un carrito de la compra repleto de fruta y la cabeza de un maniquí. Arrancaban los años ochenta y aquella escenografía del absurdo ‘solo’ pretendía romper moldes. Hoy, cuarenta años después y ya casi sin ultramarinos en los barrios, una visita al supermercado poco tiene de alegórico. Ahora se pasa terror del bueno, genuino al punto de que el día menos pensado aparece Paul Naschy. Un acercamiento a la pescadería este fin de semana revelaba cómo el salmón, hace apenas un mes a 14 euros el kilo, se ofrecía por 18. Merluza, bonito del norte -en el arranque de la temporada- o pulpo superan ampliamente los 30. El marisco ya solo es manjar al alcance de oligarcas rusos de incógnito, si es que alguno queda. ¿Quiere camarones? Prepárese para los tres dígitos. Finalmente, el inefable Alberto Garzón se va a salir con la suya y los onerosos chuletones van a pasar a mejor vida, quedando si acaso como un pecado puntual el día del cumpleaños. Esperemos que el ministro no vea la luz y quiera sustituirlos a medio plazo por ‘soylent green’.

En este escenario de subida disparatada de los precios, el Gobierno ha querido desviar la atención y lo apuesta todo a un nuevo hallazgo semántico, véase el denominado ‘pacto de rentas’. Lo ha definido el propio Pedro Sánchez como un nuevo acuerdo con los agentes sociales, la patronal y los sindicatos de toda la vida, que en el marco del diálogo social son llamados a moderar los costes salariales y los beneficios empresariales. “Eso proporcionaría estabilidad y confianza al conjunto de la sociedad, evitando una espiral inflacionista y reforzando la recuperación económica, la creación de empleo y el poder adquisitivo de los salarios”, exponía recientemente el propio jefe del Ejecutivo. Expuestas sus bases, las centrales sindicales se tientan la ropa y temen que el enjuague apenas sirva para que ellos atenúen sus peticiones de subidas salariales cuando la inflación camina ya hacía los dos dígitos. No hay que hacer mucha memoria para recordar cómo el gabinete, con su cerebro económico Nadia Calviño al frente de la manifestación, garantizaba con convicción hace apenas meses que su impacto sería coyuntural.

Por su parte, las empresas deben ver con cierta desazón cómo se les reclama que reduzcan los beneficios y los dividendos, la esencia misma de su existencia y el fin último de sus accionistas. Más allá de que se antoja difícil arbitrar mecanismos que sirvan para topar los resultados empresariales, lo cierto es que unas cuentas saneadas permiten también a las sociedades invertir en proyectos y crear puestos de trabajo, algo que recae en ellas y no en las administraciones. ¿Se conformarán los prevenidos sindicatos y el mismo Gobierno con una declaración voluntarista de CEOE de cara a 2022, mientras el Ibex presume de beneficios y bonus a gogó con cargo a 2021? Desde luego, el gabinete del marketing no diría que no, siempre que tan solemne aserto se produjera en los jardines de La Moncloa, con Sánchez, Calviño y Díaz -ataviada con el blanco que reserva para los grandes acuerdos- oficiando la ceremonia. Aunque se escribirán libros de los supuestos grandes acuerdos que ha firmado el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, a sabiendas de que eran papel mojado y mero maquillaje, lo cierto es que esas ‘coberturas’ al Ejecutivo también le han pasado factura interna, con la reforma laboral como mejor ejemplo.

Con la falta de previsión mostrada, lo normal es que Gobierno y compañías eléctricas se encuentren a corto plazo con familias que pasan graves problemas para abonar sus facturas de la luz

En el fondo, lo que sucede es que cada vez más los ‘agentes sociales’ constituyen una coartada perfecta para que el Gobierno abdique de su obligación de legislar. Ya ni lo oculta. “La inflación y los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y su guerra ilegal en Ucrania”, arreciaba Sánchez en el Congreso. Obvió el presidente del Gobierno que la inflación viene dando muestras de descontrol desde el primer trimestre de 2021, cuando el tirano ruso aún no había sacado del todo la patita. Y desde luego, olvida el líder del Partido Socialista que su flamante ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, viene dando palos de ciego desde bastante antes en su fallido esfuerzo por embridar el sector energético. “Sabe mucho de energías renovables, de eso no hay duda, pero no sabe qué hacer con el recibo de la luz -confían desde una eléctrica-. De hecho, en el Ministerio no creían a las empresas cuándo les explicábamos que no lograrían nada con el famoso decreto contra los supuestos ‘windfall profits’ en octubre, porque el 80% de la comercialización se hace a través de contratos bilaterales cerrados con los clientes. Tuvieron que confirmarlo con Red Eléctrica y Enagás antes de rectificar”.

En esta línea, Ribera se aparecía este fin de semana para anunciar su intención de desacoplar el precio del gas del funcionamiento del mercado eléctrico. Adelantó que lo hará, como si la cosa no corriera prisa, en el mes de abril. Pese a que Bruselas ya avaló esa opción esta semana en un ‘toolbox’ con recomendaciones a los Estados, la ministra prefiere esperar a que el Consejo Europeo, que se reunirá los próximos 24 y 25 de marzo, respalde la medida. En una entrevista con ‘El Periódico’, explicó además que el Ejecutivo sigue evaluando si retirará definitivamente el gas del ‘pool’ o, por el contrario, fijará un precio máximo para esa materia prima dentro de la subasta. Con la luz a 545 el megavatio hora la pasada semana y creciendo, tras meses de máximos históricos abriendo los telediarios, se hubiera esperado del Ministerio cierta capacidad para acortar los tiempos y anticipar las medidas. Sin embargo, a la vista de las últimas declaraciones de la ministra, ni siquiera existe un plan claro ahora. Lamentablemente, tampoco un planteamiento agresivo sobre los impuestos que actualmente gravan la luz y los carburantes. Con esa falta de previsión, lo normal es que el Ejecutivo y las compañías se encuentren a corto plazo con familias que pasan serios problemas para abonar sus facturas, sin contar con el varapalo a autónomos y asalariados, a quienes compensará bajar la persiana si para realizar su trabajo tienen que utilizar el coche y repostar. Pese al drama en ciernes, parece pensar la ministra, mejor poner todos los esfuerzos en que no salga adelante el gasoducto MidCat, un lastre para las renovables.

No se recuerdan pancartas contra Putin durante las manifestaciones de los trabajadores del Metal en Cádiz allá por el mes de noviembre de 2021. Y sin embargo, ya debieron haber sido una llamada de atención para el Gobierno sobre el tipo de ‘primavera caliente’ que le espera si no acomete decididamente el problema de la inflación y sus efectos en la industria, incluso en forma de pérdidas de empleos. Aquel conflicto, que implicó barricadas, protestas violentas y obligó a intervenir con decisión a la policía, no se conjuró antes de comprometerse la patronal a subidas de los salarios del 2% entre 2021 y 2023, actualizándose las tablas salariales con el 80% de la diferencia entre el IPC real y ese 2%. Es fácil echar cuentas y ponderar el pacto a la vista de cómo han evolucionado los precios. Este lunes arranca precisamente una huelga indefinida de transportistas que, pese a no estar apoyada por las grandes patronales, también incide en el incremento del coste del combustible y en la situación salarial del sector. “El 90% de las empresas de transporte (medianos y pequeños) nos encontramos en una situación de quiebra total, al igual que las condiciones laborales son de total precariedad en todos los sentidos”, expone la plataforma. Después de su acercamiento a la movida, Sánchez podría aplicarse aquel estribillo rockero que vaticinaba, después de un invierno malo, una mala primavera. De Putin, pero también de él, dependerá cómo de mala.