Instituciones en crisis: Supremo, Banco de España... y llega Vox

El resultado de las elecciones andaluzas constituye un auténtico tsunami para la política española. La insuficiente victoria del PSOE deja a Susana Díaz a merced del centro derecha -Vox se convierte de un plumazo en un voto útil-, que tiene todos los pronunciamientos favorables para alcanzar un pacto de gobierno. Más allá del eventual 'schadenfreude' de Pedro Sánchez con la candidata socialista, se trata de todo un golpe para el presidente del Gobierno que, con sus 84 diputados, se arrastra por el Congreso para intentar que España tenga unos Presupuestos Generales, al tiempo que prepara una avalancha de decretos para alargar su agonía en caso de no conseguirlo. Un periplo que ahora sin duda pretenderá extender, en tanto el fantasma de unas elecciones generales parece más lejos que nunca tras la tragedia andaluza. Un escenario que prorroga sin solución de continuidad la actual ausencia de reformas estructurales en pleno deterioro institucional. Para echarse a temblar.

Respecto a las reformas estructurales, un botón de muestra. Y es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advertía hace apenas días de lo que es una evidencia: el crecimiento económico se debilita y los deberes no están hechos, al punto de que la viabilidad del sistema de pensiones está en entredicho. Con tanta urgencia electoral, los partidos políticos han apostado por decisiones cortoplacistas, como vincular la subida de las prestaciones al IPC, evitando tomar medidas de fondo que garanticen el futuro del modelo. De hecho, las conversaciones entre bambalinas con políticos de los diferentes partidos demuestran que hay poca preocupación por la ralentización de la economía. “Todavía aguanta”, deslizan, sin entrar en matices. Con elecciones generales a meses vista, nadie mira más allá de 2020, pese a que hay economistas que ya alertan de una recesión a la vista en función de las vicisitudes internacionales.

Además, España afronta esa incertidumbre macroeconómica con una debilidad institucional que no se había vivido en las últimas décadas de democracia. Pilares como la justicia o la supervisión financiera están en cuestión en el peor momento, a veces por su propia irresponsabilidad. Por ejemplo, mucho deberían reflexionar los magistrados del Tribunal Supremo, que han dinamitado la credibilidad de la institución a resultados de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas. En los votos particulares al fallo, hechos públicos esta semana, se pueden leer lindezas como que el Pleno del 5 de noviembre que tomó la decisión última sobre si el tributo recaía sobre la banca o los clientes fue un “tribunal inquisitorial”. O que desgranó un “desinhibido repertorio de medias verdades, desahogos verbales y argumentaciones poco rigurosas”. El magistrado Francisco José Navarro Sanchís llega a decir que el viraje del Alto Tribunal pasará “perennemente a la historia jurisprudencia como un baldón sonrojante”. Justo lo que necesitaba la Justicia española en plena pugna internacional por el desafío catalán.

Por si fuera poco, los propios políticos de PSOE y PP se encargaron de rematar la faena a finales de semana al aprobar las conclusiones sobre la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros. Los partidos que se han repartido el gobierno en las últimas décadas abogaron por descremar las críticas sobre los políticos -como si estos no hubieran tenido participación alguna en la gestión de las cajas-, suavizar los reproches más duros por el uso de las tarjetas ‘black’ y cargar, eso sí, contra el Banco de España. “Al final no le duele a nadie”, debieron pensar. Zanjar que el supervisor “no hizo frente a sus obligaciones” para actuar contra la burbuja inmobiliaria, termina por infligirle un daño reputacional salvaje a una institución financiera clave y, en otro tiempo, respetada, escuchada con reverencia y hasta temida. Más allá de que el regulador también deba asumir sus culpas, resulta triste que quienes firman su ‘ruina’ lo hagan para salvar su propia conciencia.

En este punto, obliga a la reflexión la irrupción en Andalucía de Vox, que nada bueno augura para la estabilidad institucional. Cuando Podemos apareció en el mapa político, allá por las elecciones europeas de 2014, lo hizo para quedarse y convertirse en una amenaza estructural para el PSOE, como un actor más en la izquierda española. Si Vox confirma su momento en los próximos comicios, el PP se verá con enemigos a derecha e izquierda en el espectro conservador español. Más preocupante, al populismo de izquierdas de Podemos, capaz de canalizar y hacer suyo buena parte del discurso político en los últimos años, se unirá un extremismo de derechas que se anuncia sin los complejos que arrastran los 'populares'. Dicho de otro modo, la centralidad sufrirá sin remedio. Ante eso, mejor instituciones fuertes. Claro que para eso se necesita altura de miras. A la larga, gana quien entienda que eso es lo que toca.