La 'conexión Trump': los ataques al BdE y la nueva libertad de expresión

¿Es imaginable una reacción ‘a lo Trump' de un político español tras una derrota electoral? Puede que no, por ahora, si bien la cuestión en estas tierras evoluciona de forma más sutil. Mientras que el órdago del magnate neoyorquino, incapaz de conceder la victoria de su rival, pondrá a prueba unas instituciones históricamente rocosas, el camino en España se está andando al revés. Véase, desde el debilitamiento de los pilares del Estado de Derecho, ora de forma deliberada ora como daño colateral de una política ‘cortoplacista’ y de bajos vuelos. Desde ese caldo de cultivo, no sería de extrañar que a medio plazo emergieran en nuestro país figuras con el nivel de escrúpulos y ambición que se observa en el candidato republicano. Quién sabe si alguna de ellas ya habita emboscada entre nosotros. Por ejemplo, si en semanas anteriores el tándem gobernante no había tenido recato a la hora de dinamitar la justicia -desde la renovación ‘manu militari’ del CGPJ a las críticas a Lesmes- o cargar contra la jefatura del Estado, en los últimos días se ha puesto en el foco a los reguladores o la propia libertad de expresión. ¿Acaso va a a quedar algo en pie?

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se ha convertido en un auténtico faro durante la crisis económica aneja a la Covid-19. Muy consciente de su papel y de la independencia de su cargo, no dejó de hacer ver a la vicepresidenta Calviño, más apegada a la ortodoxia, la necesidad de abrir la mano con el gasto a principios de marzo para paliar el golpe social de la pandemia. Cuando esta pasada semana cuestionó los Presupuestos Generales del Estado y apuntó los riesgos a la baja sobre las previsiones del Gobierno que conllevan las nuevas restricciones por el virus, se limitó a verbalizar unas amenazas que el propio proyecto presupuestario ya contiene en su letra pequeña pero que el Ejecutivo evita exponer. Por otra parte, tampoco De Cos desvelaba en su alocución en el Congreso la conjetura de Poincaré, en tanto los organismos internacionales ya han alertado sin ambages del voluntarismo de las estimaciones patrias. En roman paladino, nadie se cree el cuadro macro. Con este escenario, es lógico que De Cos, al frente del mejor servicio de estudios del país, pidiera moderación en las subidas salariales a funcionarios y pensionistas. Hasta aquí, todo normal.

No es tan normal, empero, la salida en tromba de diferentes ministros del Ejecutivo para desacreditar al gobernador -con el impagable apoyo de los medios afines para recordar los emolumentos que percibe- e, incluso, sugerirle de qué debe y de qué no debe hablar. “Cuando el gobernador del Banco de España va al Parlamento lo que nos interesa saber es qué va a pasar con la política monetaria, la macropudencial, qué va a pasar con los bancos, cuáles son las previsiones de inflación. Me hubiera interesado más oír eso”, dijo como si nada el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una reflexión curiosa viniendo de José Luis Escrivá, que tras muchos esfuerzos fue nombrado ministro después de no perder ocasión de meterse en cualquier charco a tiro como presidente de la Airef, a la sazón una autoridad de control al Gobierno. No hay que tener mucha memoria para recordar sus pulsos con Cristóbal Montoro y sus reclamaciones a Bruselas en busca de información para verificar la compatibilidad de los PGE con las normas europeas sobre déficit y deuda públicos. En fin, actuando como un organismo independiente. Aun entendiendo que el partido no se ve igual desde la grada que desde el mediocentro, sorprende la falta de ‘fair-play’.

No parece normal la salida en tromba de ministros del Ejecutivo para desacreditar al gobernador del BdE e, incluso, sugerirle de qué debe hablar y de qué no

Por si fuera poco, la propia vicepresidenta económica tampoco quiso templar gaitas. “El Gobierno es extremadamente prudente en sus previsiones económicas, nos hemos quedado cortos en el tercer trimestre y las previsiones se superan al alza cuando se produce la realidad”, lanzó, en apariencia también ajena al cúmulo de salvaguardas y cautelas que ella misma recoge en su programa de cuentas públicas. Y de paso, regañó a De Cos por cuestionar la subida de las pensiones -“absolutamente justificada” para un colectivo “particularmente dañado”-. No está claro hasta qué punto es consciente el Ejecutivo de la incomodidad que sufren puestos clave de organismos reguladores bien conocidos por el propio Escrivá a resultas de las presiones ejercidas desde el gabinete con las previsiones económicas como telón de fondo. Expone en su artículo 1 la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, que el organismo “en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines actuará con autonomía respecto a la Administración General del Estado”. Entre sus finalidades y funciones, además, está claramente recogido “asesorar al Gobierno, así como realizar los informes y estudios que resulten procedentes”.

Por si fuera poco, el Ejecutivo lanzaba esta semana un plan para controlar las denominadas ‘fake news’. En su literalidad, se trata de un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, que será liderado por la Secretaría de Estado de Comunicación y el Departamento de Seguridad Nacional. Paradójicamente, aunque se les podrá consultar, periodistas o medios no estarán representados en la comisión de seguimiento en cuestión, por lo que la decisión sobre qué es desinformación queda en manos del Ejecutivo. Todo dentro de un planteamiento lo suficientemente ambiguo como para dar pábulo a cualquier temor sobre el respeto al artículo 20 de la Constitución, al punto que ni se recogen sanciones ni en qué punto intervienen los tribunales. Al final, una suerte de sello de calidad que impondrá el Gobierno de turno. No es difícil imaginar, en las circunstancias actuales, quiénes serían los verificadores elegidos por Iván Redondo&Co. en caso de dar algún tipo de voz a los medios. De hecho, empieza a entenderse el protagonismo otorgado por grandes grupos del duopolio televisivo a flamantes proyectos de ‘fact-checking’. Puede que hasta sea un bonito negocio.

Si se identifican y se afrontan las razones de fondo que provocaron el advenimiento de un personaje tan nocivo como Donald Trump -que no son baladíes-, su presidencia será una desafortunada nota a pie de página en la historia de Estados Unidos. España, por su parte y más allá de los personalismos, se enfrenta a un desafío particular en tanto quienes gobiernan el país parecen alentados por una cruzada insaciable en pos de socavar los cimientos institucionales del modelo de convivencia. Con la educación y la justicia en permanente tela de juicio, los reguladores cuestionados y hasta el concepto de libertad de expresión en revisión, por citar las últimas amenazas puestas sobre la mesa, el principal riesgo en las próximas décadas es el avance hacia una democracia plebiscitaria, donde los contrapoderes y contrapesos tradicionales no sean un factor. La debilidad del modelo territorial y la propia composición del Parlamento, con el caballo de Troya que suponen los grupos abiertamente independentistas, alienta una contradicción ‘in terminis’ y obliga a una profunda reflexión. Y es que, para ser sinceros, el cambio de paradigma triunfante desde el 15-M no ha encontrado ni alternativa política ni una propuesta ideológica potable que oponer. En el pecado llevaremos la penitencia.