La guía de Sánchez para financiar a sus amigos 'indepes' sin que se note (mucho)

“Hay muchos ejemplos de dinero transferido cuya necesidad en principio no sería bien entendida por un ciudadano medio español”. La sentencia, que bien podría referirse a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) alentados por Sánchez e Iglesias para el año 2021, es en realidad bastante antigua. La Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva) tomó la buena costumbre, allá por la década que arrancaba en 2010, de analizar cada año las cuentas públicas y señalar aquellas transferencias y subvenciones a todas luces superfluas. Muchas de ellas, simplemente, encontraban cobijo en el corazón del Gobierno de turno en función de sus puntuales intereses políticos. Otras, incluso, se perpetuaban en el tiempo ya que nadie reparaba en ellas y la Administración al mando se limitaba a consignarlas como quien cumple un trámite administrativo. “En los tiempos que corren, lo adecuado sería realizar un presupuesto base cero, es decir, analizar los gastos que son necesarios y los que no, y de los primeros distinguir entre los que imperiosamente hay que realizar en el año 2012 y los que pueden demorarse o realizarse de forma parcial”, recogíamos en su día la explicación de Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU-San Pablo y factótum de aquel esfuerzo analítico.

Casi una década después, en medio de otra crisis y como si Julio Iglesias siguiera sonando en la gramola, la vida sigue igual. Y pasada la vorágine de la aprobación de los PGE, no está de más sumergirse en el proyecto presupuestario y aflorar algunas perlas sufragadas, como siempre, por cortesía de quien esto lee. Por ejemplo, los Presupuestos para el próximo ejercicio contemplan una subvención de 311.380 euros para el Institut D’Estudis Catalans, habitual receptor de los fondos estatales. En concreto, la inyección de dinero está recogida en el programa de ‘Investigación Científica’ que desarrolla el Ministerio de Pedro Duque. En principio, el organismo en cuestión no puede tener un objetivo más loable, en tanto su misión es promover “la investigación en los diferentes ámbitos de la ciencia y la tecnología, pero principalmente el de todos los elementos de la cultura catalana”. En esta línea y como el propio centro recoge en su web, “acoge a una parte de la élite científica del ámbito lingüístico catalán, lo que configura su papel como una institución con mucha influencia en la sociedad”. Razón por la cual, se entiende, no pierde ocasión de posicionarse políticamente, tal y como se observa en sus últimas declaraciones institucionales, bastante alejadas de inquietudes estrictamente académicas.

“El Institut D’Estudis Catalans denuncia la total inadecuación jurídica de la sanción por una infracción que no es penal, ni siquiera administrativa, porque la Junta Electoral Central no es una autoridad superior al presidente de la Generalitat ni a ninguna autoridad política, ni siquiera en época electoral -expresaba la institución en relación con la inhabilitación de Torra por parte del Supremo-. Si pese a ello, se quiere considerar que el acto cometido por el presidente de la Generalitat es una infracción administrativa, la desproporción de la sanción en relación con la sala es inaceptable”. Y remataba en su comunicado, fechado el 1 de octubre: “Se recuerda, una vez más, que el uso de la ley penal para perseguir actuaciones políticas que constituyen un ejercicio de derechos humanos fundamentales no es tolerable en un Estado de Derecho”. Es solo un ejemplo, en todo caso, de la actividad política del instituto en cuestión, que se ha pronunciado en una línea similar en asuntos que abarcan desde el derecho a decidir a la sentencia de condena a la presidenta del Parlament y otros miembros del Gobierno de Cataluña a resultas del ‘procés’. “El conflicto entre el Cataluña y el Estado español se soluciona por la vía de la acción política, sin presos ni exiliados, sin vencedores ni vencidos, y respetando la voluntad popular libremente expresada”, subrayaba otra declaración del 15 de octubre de 2019.

Las dudas sobre los PGE no están en su carácter más o menos social. La pregunta clave es si son unas cuentas serias. Y ni éstas ni las anteriores lo son, en tanto no existe una reflexión inicial -y radical- sobre qué partidas son prescindibles y cuáles deberían incorporarse

A partir de ahí, es al menos cuestionable que las cuentas “del Estado” se destinen en parte a sostener instituciones que no solo ponen en solfa sentencias judiciales que emanan del mismo sino que, incluso más allá, desafían su propia esencia. “El Institut d’Estudis Catalans constata que hay un conflicto político, histórico, no resuelto entre Cataluña y el Estado español. Cataluña es un país con los hechos diferenciales de una nación, tanto por historia como por lengua y cultura singulares, como por voluntad popular manifestada reiteradamente”, remacha en otro extracto de sus notas. Los habituales peajes pagados a los nacionalistas catalanes de turno por los partidos mayoritarios, ora PP ora elevados a la enésima potencia con el PSOE, introducen cada ejercicio elementos de contradicción inasumible en los Presupuestos. Unas anomalías que se hacen especialmente dolorosas en épocas de crisis, cuando cada dotación debería estar justificada al milímetro con millones de españoles en las listas del antiguo Inem. “En cualquier empresa privada, este análisis es realizado por el jefe de presupuestos, o en las más pequeñas, directamente por el director financiero“, exponía en su día el estudio de Funciva. Lamentablemente, ese análisis, cuyos parámetros deberían ser eminentemente técnicos, en la ‘res publica’ termina siempre en una decisión política.

Por mucho que las contradicciones ideológicas hagan más llamativas algunas remesas -como es el caso del citado instituto-, hay otras que directamente llevan a encogerse de hombros e invitan a preguntarse si no serían prescindibles en épocas de vacas flacas. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura incluye en su programa de ‘Promoción y cooperación cultural’ la nada despreciable cantidad de 350.000 euros para “gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos”. Claro que, por si no hay suficiente, mejor camuflar en Exteriores, en ‘Cooperación para el desarrollo’, otros 700.000 “a fundaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito nacional”. Seria bueno rastrear que esos dineros solo se emplean en estudios internacionales o sobre la materia en cuestión. Tampoco aguantan demasiada argumentación la ingente cantidad de transferencias al entorno privado, como el millón de euros largo que financiará “orquestas, grupos de cámara, compañías de teatro, circenses y de danza para giras por el extranjero” -ideal en plena pandemia-, o del sector público estatal y empresarial como el medio millón liberado para sufragar deudas del Hipódromo de la Zarzuela. Por si RTVE no tuviera bastante con los mil millones de que dispone para gestionar su operativa, también se le asignan desde el Ministerio de Educación otros dos millones adicionales para sufragar los programas ‘La aventura del saber’ y ‘Aprendemos en casa’. En suma, un pozo sin fondo… y sin concierto.

“Con los mecanismos actuales, es prácticamente imposible hacer una auditoría general del destino de los fondos públicos, pero bastaría con crear un núcleo de auditores independientes que hiciera un pequeño control por excepción, para que los políticos se lo pensaran dos veces antes de gastar un dinero que no es suyo, sino de todos los españoles", subrayaba Córdoba hace casi una década, en un planteamiento que no puede estar más presente. El problema de los Presupuestos Generales del Estado que han sacado adelante Sánchez e Iglesias, vendidos como los más sociales de la historia, no está en su carácter más o menos benéfico. A fin de cuentas, un porcentaje amplísimo del gasto se va en pagar las prestaciones por desempleo, las pensiones, el servicio de la deuda pública y los salarios de los funcionarios… y eso no cambia en función de quién gobierne. La pregunta clave es si son unas cuentas serias. Y ni éstas ni las anteriores lo son, en tanto no existe una reflexión inicial -y radical- sobre qué partidas son prescindibles y cuáles deberían incorporarse tras décadas manteniendo los mismos programas. Al final, el clientelismo y el interés político se imponen a los discursos al repartir los fondos. Mientras el tiempo pasa.