La otra palabra maldita para Sánchez en la era de la Covid

El Gobierno Zapatero vivió su particular Waterloo aferrado al término ‘desaceleración’ cuando la ‘crisis’ desbordaba el río de la economía española. Cual anatema, nadie del gabinete socialista pronunciaba el vocablo bajo peligro de excomunión. El despropósito llegó a su punto culminante en el famoso debate televisado entre el entonces vicepresidente Pedro Solbes y el aspirante ‘popular’, Manuel Pizarro, con el primero tirando de circunloquios para esquivar lo que era una evidencia. Paradójicamente, el concepto del que actualmente se recela es también un viejo conocido del PP, que aún hoy se niega a aceptar que España fue rescatada en 2012, cuando el Ejecutivo suscribió un memorando (el famoso MoU) con Bruselas para respaldar a la maltrecha banca por hasta 100.000 millones de euros… previo compromiso de cumplir una treintena de condiciones. “Solo se rescató a los bancos”, sostienen aquellos dirigentes. “Se rescató a las cajas”, argumentan los banqueros. Ayer, como hoy, nadie quiere asumir el estigma de un ‘rescate’. Y Sánchez -y sus ministros- reaccionan como hidras cuando alguien sugiere tal posibilidad a resultas de la Covid-19, provocando una sensación de ‘déjà-vu’ que constata que, parafraseando el tango, 20 años no son nada.

Claro que, con un déficit público previsto del 10,34% del PIB y una deuda púbica que rondará entre el 115% y el 120% -con la mayoría de ella en manos extranjeras-, el debate al menos parece pertinente. De hecho y como bien explicaba en este diario Bruno Pérez, el Tesoro afrontará emisiones netas este año por valor de 100.000 millones solo para sufragar la factura sanitaria. En términos brutos, la cuantía total superará la friolera de 300.000 millones. Un escenario que, más allá de sostén del Banco Central Europeo (BCE) y de la liquidez precautoria de 24.000 millones ya aportada por la UE casi sin condiciones a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), convierte el ‘rescate’ en una alternativa concebible a la vuelta del verano. En ese supuesto, la madre del cordero estriba, como admiten ‘sotto voce’ desde el Gobierno, en la condicionalidad de los fondos. Esto es, el tándem Sánchez-Iglesias no quiere las visitas periódicas de una reformulada ‘troika’ comunitaria que constate si el plan de reformas estructurales que se le impondría a España se ejecuta con diligencia.

Sin embargo y llegados a ese punto, no falta quien en el ámbito empresarial y en la oposición política ya lanza la idea -con una mezcla de ironía y anhelo- de que un control ‘externo’ de la gestión pública puede ser el único camino para atemperar el reino del gasto que amenaza con instaurar la dupla gobernante. Por ejemplo, ha llamado la atención que el coste de la renta mínima que abandera Pablo Iglesias -hasta el punto de utilizar el FT, icono del ‘establishment’, para reclamarla a nivel europeo- ni siquiera esté contemplado en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas. No hay que ser un agudo observador de la realidad diaria para deducir que las medidas ‘sociales’ que busque implementar el Ejecutivo de coalición necesitarán dotación presupuestaria, y eso implicará necesariamente subidas de impuestos, veremos con qué mecenas. No lo esconde la propia Carmen Calvo, que este mismo domingo en una entrevista con ‘El País’, hablaba abiertamente de “una gran revisión de la política fiscal”. Y remachaba: “Si quieres fortalecer las políticas públicas, y el Estado, que es una máquina de redistribuir, tienes que tener una fiscalidad justa”.

Sin dudar de las buenas intenciones de la vicepresidenta primera, el temor que empieza a calar entre empresarios y buena parte de la sociedad es que la hoja de ruta diseñada por el Gobierno para combatir el impacto económico y social de la Covid-19 -en términos generales aceptada y hasta aplaudida por la ciudadanía- termine por forjar estructuras clientelares que se perpetúen en el tiempo. Una tentación demasiado grande cuando se aspira a ganar nichos electorales dependientes de prestaciones y, sobre todo, cuando el populismo es tu compañero de viaje. Dicho de otro modo, el ‘escudo social’ del que presume Sánchez solo puede ser una solución temporal, un parche que no puede sustituir a la reactivación de la economía y, sobre todo, a la puesta en marcha de las reformas estructurales tanto tiempo aparcadas por la ausencia de gobiernos estables. Pese a las circunstancias adversas, se espera en el futuro del Gobierno la capacidad de templar y, en su caso, acompasar la progresiva retirada de los subsidios y ayudas con los movimientos económicos de largo alcance que preparen a la economía para dar un verdadero salto adelante. Con indomable optimismo, muchos aseguran que este golpe nos hará mejores. Pero, al menos desde el punto de vista económico, no hay razón para creerlo a la vista de los deberes que quedaron pendientes en la crisis financiera que arrancó con la caída de Lehman y que llevó a tasas de desempleo y pobreza no muy diferentes.

Un botón como ejemplo. La irrupción de la pandemia ha enseñado todas las vergüenzas del modelo territorial; desde la incapacidad para generar estadísticas sólidas hasta el drama de gestionar las compras de material médico, pasando por el lamentable reguero de críticas y deslealtades cruzadas entre gobiernos regionales y central. ¿Justifica esa gestión el tamaño del sector público en la economía? Según el último boletín estadístico que recoge el personal al servicio de las administraciones, correspondiente al año 2019, España cuenta con 2.595.575 empleados públicos. Casi un 58% de ese contingente (en total 1.499.304) desarrolla su labor en las comunidades autónomas. Hace una década, en julio de 2009, la cifra era prácticamente idéntica. Véase 2.659.010 trabajadores, de los cuales 1.345.577 pertenecían a las autonomías. Es decir, nadie se ha atrevido en diez años a abordar la necesaria racionalización de la administración, una tarea sin frutos a corto plazo y que otorga pocos réditos políticos. El Gobierno no parece repleto de perfiles dispuestos a inmolarse por la causa.

Con rescate o sin él, sería mejor pensar que no precisamos de ‘hombres de negro’ para entender lo que toca. Los pactos de reconstrucción que quiere promover Sánchez deberían ser naturalmente incómodos y alentar de una vez cambios radicales en la composición del sector público y en el patrón de crecimiento de la economía española. Ahora más que nunca se hace necesario un presupuesto de base cero que priorice económicamente áreas de valor añadido. La crisis sanitaria nos ha enseñado cosas. Por ejemplo, es inconcebible que buena parte de la administración no esté actualmente preparada para teletrabajar. También nos ha mostrado las grietas de un modelo sanitario del que presumíamos sin ambages. En todo caso, a la vista de su composición y aliento, todo hace pensar que la comisión encargada de la tarea se abrazará a Lampedusa, véase a aquello de cambiar algo para que todo siga igual. Como decía la canción, necesitamos un héroe... que se imagine hoy la España de nuestros hijos. Ni está ni se le espera.