La Policía no es tonta... y por eso eligió la Rey Juan Carlos para sus grados

Un joven graduado en periodismo acudía esta semana a la sede de La Información para una entrevista de trabajo. A la hora de evaluar su currículum y llegar al epígrafe sobre su formación académica, ambos nos miramos. Él se encogió de hombros y esbozó una risa nerviosa que en el fondo quería decir “¿yo qué culpa tengo?”. Ahí estaba su Grado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Y es que más allá de las responsabilidades políticas, el ‘caso Cifuentes’ hace un daño social imponente dado que pone en cuestión –y devalúa- nuestras propias titulaciones y esfuerzo... o el de nuestros colegas. A diferencia de otros escándalos, no obliga a entender una compleja estructura societaria radicada en Jersey a través de la cual presuntamente se ha defraudado a Hacienda, por poner un ejemplo fácilmente reconocible. Simplemente, nos recuerda que hay ciudadanos –estudiantes, en este caso- de primera y otros de segunda. Un planteamiento inaceptable.

Mark Zuckerberg se plantó esta semana en el Capitolio para dar explicaciones por el masivo de robo de datos por parte de Cambridge Analytica. “No hicimos lo suficiente. Fue mi error y lo siento”, lamentó con una mezcla de cinismo y certeza de que dar un paso atrás es lo que más le conviene. ¡Qué diferencia con la tendencia a atrincherarse de la que hacen gala habitualmente los políticos españoles, a menudo olvidando incluso la mejor estrategia de defensa! Y eso que es aplicable a Cifuentes y su máster debe extenderse a los más de 200 jefes de Policía que, como adelantó este diario, afrontan una denuncia ante la Fiscalía que también pone en solfa la legitimidad de su titulación, obtenida gracias a un acuerdo con la misma Universidad Rey Juan Carlos, cuyos procedimientos –en todo caso- deben ser sometidos al más riguroso de los escrutinios por parte del ministro Méndez de Vigo.

Y es que aquí la cuestión es todavía más grave. Es más, puede decirse que los malabares de Cifuentes con su Periscope y las huidizas cajas de mudanza son un juego de niños. Durante dos promociones, legiones de policías lograron en un año el Grado en Criminología que necesitaban para ascender o mantener su cargo, según la Ley de Personal del Cuerpo. ¿Problema? Que ese Grado es una titulación de 240 créditos y cuatro años para el resto de los mortales. Graciosamente, la URJC convalidaba a los servidores públicos 180 créditos en función de sus méritos policiales, el equivalente a tres años de trabajo. Una generosidad reñida con la legalidad vigente. Al menos eso parece demostrar que el propio Ministerio de Educación, en época de José Ignacio Wert, acabara de un plumazo con el Grado cuando, no obstante, el daño ya estaba hecho y muchas posiciones asentadas.

A la vista de los hechos, surgen dos preguntas. En primer lugar, ¿qué puede pensar el resto de policías que, con un enorme esfuerzo y en paralelo a su trabajo, sacaron adelante sus estudios para poder ascender o tener una evolución profesional? Muchos de ellos se han puesto en contacto con nosotros en estos días, con la condición del anonimato, para expresar su indignación. Y en segundo, ¿a qué espera el ministro Zoido para abrir una investigación en profundidad sobre la cuestión y, si procede, remover a los mandos que ocupan sus puestos con titulaciones impostadas? Como en el caso anterior, ni excusas ni responsabilidades. Todo cuando el propio Gobierno admitía en una pregunta parlamentaria que tres de los actuales máximos responsables de la Policía Nacional obtuvieron el codiciado Grado en Criminología a través de la URJC y gracias a su facilidad para convalidar asignaturas. Con nueve de ellas y un trabajo final, listo.

El ‘affaire Cifuentes’ y el chollo de la Policía con la Rey Juan Carlos transmite un mensaje que no puede ser más nocivo para la sociedad española, escenificado en un terreno tan delicado como el de la educación. Esto es, que hay un país de dos velocidades, la de los privilegiados que juegan en una liga donde los títulos y los cargos son fáciles, y la de quienes circulan por la vía lenta de los plazos y el esfuerzo. Peor aún, lo sucedido dinamita uno de los pilares de las democracias modernas y de la teoría liberal clásica, véase el ascenso por el mérito. Como recuerda Salvador Giner, “los liberales intentaron crear un sistema en el que predominara por lo menos una forma de igualdad material: la de oportunidades”. En este sentido, y ya en su preámbulo de ‘La Democracia en América’, Alexis de Tocqueville identificó la “igualdad de condiciones” como el hecho generador, el motor y sostén, de los modelos democráticos que nacen después de las grandes revoluciones liberales. Instalado en el alma de esas sociedades, contravenir ese principio atenta contra todo padre que quiera lo mejor para su hijo.

La educación universitaria –especialmente lo que tiene que ver con los posgrados- queda en el foco tras los desmanes de la Rey Juan Carlos. Según el último ranking internacional QS, recientemente publicado, 21 facultades de 11 universidades españolas logran entrar en el ‘top 50’ mundial en sus diferentes especialidades. No obstante, cuando se considera las instituciones en su totalidad, España tiene dificultades para colocar a sus universidades siquiera dentro del ‘top 200’. Aunque la excelencia de escuelas de negocios como el IESE o el Instituto de Empresa está fuera de toda duda, los niveles de aprobado que en general presentan los posgrados obligan a reflexionar sobre este tipo de enseñanza. El tema, demasiado serio como para entrar en la disputa partidista, es también demasiado goloso como para quedar fuera de ella. Del mismo, ver entre los financiadores de la URJC a grandes empresas del Ibex también invita a la reflexión. Mejor pronto que tarde.