Los bancos no quieren pagar las pensiones... y tal vez deberían

Los bancos están muy preocupados por su reputación. No hay conversación con ejecutivos del sector que no termine ahí. Y se cuida hasta la terminología en un intento vano de resucitar una batalla perdida ante la opinión pública. Por ejemplo, uno es reconvenido inmediatamente cuando habla de rescate a los bancos al aludir a los 50.000 millones reclamados en febrero de 2012 por Luis de Guindos para sanear el sistema financiero español a través del FROB. “Fueron ayudas a las cajas, no a los bancos”, se argumenta. Después de aquello, las preferentes, la salida a bolsa de Bankia y, finalmente, el último desaguisado del Supremo cuando rectificó su apreciación inicial y cargó de nuevo a los clientes el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. Por mucho que Pedro Sánchez, en modo ‘aprovechategui’, saliera en tromba para cambiar el paso del Alto Tribunal y sacar réditos electorales, ya había un perdedor, véase las entidades financieras, a los ojos del público las grandes beneficiadas de cualquier decisión judicial o política por la supuesta connivencia de los poderes del Estado. A fin de cuentas, no deja de ser el gran logro de las huestes de Iglesias y el discurso dominante desde el 15-M.

Ante este vuelco del sentimiento de la sociedad, que ha convertido a los bancos en las nuevas eléctricas, el sector decidió recientemente tomar cartas en el asunto. La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), presididas por ilustres personalidades del sector como José María Roldán e Isidro Fainé, lanzaban a principios de año un concurso para mejorar la imagen del conjunto. El proceso ganó rápido interés entre los grandes de la comunicación, esencialmente por la cuantía en disputa, “capaz de arreglar el año a cualquiera de los aspirantes”, según admitía en plena puja uno de los candidatos. Un cuarto de millón bien vale una propuesta, por mucho que para los oferentes sean apenas migajas. Finalmente, a finales de marzo el teletipo arrojaba los triunfadores, esto es la propuesta conjunta de Thinking Heads, Eurocofin y Alto Analytics, destinados a transmitir “con más eficacia” la contribución de la banca a la sociedad. En el cuadro de honor también figuró Roman y Asociados, encargado de las iniciativas para prestigiar las finanzas sostenibles.

Con ese nuevo e imponente blindaje, comparecían los grandes ‘popes’ del sector a una de las citas más esperadas del año, véase las jornadas financieras que cada año organiza en Santander la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie). Y a tenor de los mensajes transmitidos, todos deberían reflexionar. Para empezar, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cuestionó abiertamente el modelo de ‘prejubilaciones de oro’ puesto en marcha por entidades como Caixa o Santander, explicando que retiros a tan corta edad ponen contra las cuerdas el modelo al rebajar la edad efectiva de jubilación. Si se trataba de echar más leña al fuego, el jefe del supervisor pareció un leñador canadiense. Por si no había quedado claro, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, dispuesto a morir matando desde hace meses, recordó que el organismo que preside vigila de cerca el cierre masivo de oficinas bancarias en las zonas rurales, donde pueden generarse monopolios locales. En su proceso de ajuste, las citadas Caixa y Santander prevén el cierre de unas 2.000 sucursales.

Eso, a nivel de sector, pero en términos individuales los mensajes tampoco fueron precisamente revitalizadores. En el caso de BBVA, su principal ejecutivo, Carlos Torres, no logró esquivar el caso Villarejo y la contratación de la empresa Cenyt en la época del asalto al banco por parte de Sacyr, hace más de una década. Insistió en que la investigación importante no es la que lleva a cabo el banco sino la que desarrolla la Audiencia Nacional. Una forma de deslizar, para buen entendedor, que el ‘forensic’ de PwC puede acabar en nada. Sea como fuere, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), a la sazón Luis de Guindos, saltó al ruedo para pedir que se llegue hasta el final. “Lo fundamental no es solo la rapidez, sino que sea una investigación en la que se pongan de relevancia todos los elementos que han podido concurrir”. Una forma de meter presión a la entidad y de poner en la picota a su cúpula. “Los interesados son los propios gestores del banco”, arreció. 

Santander, la joya de la corona del sector en tanto ya capitaliza más que el resto de sus cinco competidores del Ibex, tampoco se libró de ver retratadas algunas de sus vergüenzas gracias a Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) cuando le dejan sus conflictos de interés. El otrora Linklaters y exasesor de compañías del Ibex se refirió al tuit de la presidenta del banco, Ana Botín, en el que confirmaba el acuerdo de LetterOne y la entidad para evitar la quiebra de Dia. Todo antes del cierre de la bolsa, de la confirmación oficial y de un hecho relevante. “No fue apropiado y es algo desordenado”, dijo Albella, antes de dejar claro que no merece sanción y que no tuvo impacto alguno en el mercado. La pregunta que quedó en el aire y que muchos se preguntaron en Santander es si todo hubiera sido igual en el caso de que el “desorden” no lo hubiera provocado la firma cántabra. Para rematar la semana de pasión, Bankia abrió la puerta a rebajar los objetivos de beneficio de su plan estratégico debido a los bajos tipos de interés y a la posibilidad de que el BCE incluso aplique rebajas adicionales. “No estoy nada tranquilo con la evolución de la cotización, de hecho sufro con su evolución, más por la devolución de las ayudas que por la propia inversión que yo tengo”, remachó el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri.

Tras semejante flagelación colectiva, parece que los agraciados con el concurso para mejorar la imagen de los bancos no necesitarán pericia y esfuerzo, sino un viaje a Lourdes cortesía del Santander, en homenaje al extinto Popular. Antes de llegar a eso, un consejo para los perdidos navegantes: el último clavo ardiendo es Pedro Sánchez, convertido en fino estadista ante el desbarajuste generalizado. No en vano, el líder socialista propuso hace más de un año poner en marcha un impuesto a la banca para costear el gasto en pensiones. El planteamiento, que se fue diluyendo en el tiempo también por las presiones del propio sector para evitarlo, es de esos que sí que podría ayudar a cambiar la imagen del sector. Radicalmente. ¿Por qué no recoger el guante y abanderar desde las propias entidades financieras un planteamiento para resolver uno de los mayores problemas del país, al punto que las calles se llenan para reclamar soluciones? Requeriría, eso sí, tener altura de miras. Y cierto altruismo. Pero ya lo dice el refrán: el que algo quiere...