Libertad sin cargas

Los empresarios temen al PP: "Los de ahora no saben ni subir impuestos"

Montaje Sánchez Feijóo
Los empresarios temen al PP: "Los de ahora no saben ni subir impuestos"
Nerea de Bilbao (Infografía)

Glosan quienes conocen bien a Teresa Ribera su brillantez intelectual y su profundo conocimiento de las palancas para la transición energética. No hay razón alguna para dudar de ello a tenor de su trayectoria profesional. También inciden, empero, en que no es ni mucho menos una experta en los entresijos del recibo de la luz, a la sazón la piedra angular de su negociado a efectos de repercusión política. Por otro lado -y probablemente hable en su favor-, la percepción es que la ministra de Transición Ecológica no tiene un temperamento inclinado a ‘tragar’ con los apaños que tradicionalmente han recorrido las relaciones de amor-odio entre el poder político y las compañías eléctricas. No ha sido ese -ni es- un contrapoder despreciable. De hecho, los más viejos del lugar aún recuerdan a titulares del ramo que, en los años de la Transición, acudían al Consejo de Ministros a exponer sus proyectos con documentos que contenían el membrete de Unesa, la histórica patronal del sector. En ese escenario, hay quien pagaría por ver la cara de la vicepresidenta tras el fracaso inicial del tope al gas, un proyecto que comprometió al propio Sánchez en Bruselas. Un rictus que se habrá torcido incluso más al comprobar cómo las compañías anticipan ‘guidances’ con beneficios récord para el año a lomos de la subida de la electricidad.

¿Qué esperaba la ministra? ¿Un altruismo de las compañías contrario a su cuenta de resultados? ¿Un gesto de compromiso hacia el Gobierno cuando desde hace meses el sector mantiene una guerra abierta, pública y privada, contra el propio Ejecutivo? La realidad es que las circunstancias geopolíticas, con una guerra de por medio, han disparado el precio de gas. Y que el entorno climático, agravado por una inesperada ola de calor, ha rebajado a mínimos la entrada en el ‘pool’ de las renovables, convirtiendo a los onerosos ciclos combinados en la tecnología que fija precio. “¿No querías gas? Pues toma dos tazas”, debieron pensar en algún despacho bien informado con la ministra en la diana. Y es que el problema de fondo radica en que la llamada ‘excepción ibérica’ es apenas un parche seguramente mal diseñado, pero sobre todo concebido como un mero maquillaje del Gobierno a problemas de fondo que ni éste ni otros gabinetes de otro signo se han atrevido a acometer. Es lo que tiene dedicarse al ‘agitprop’. Todavía no se ha planteado, por ejemplo, una reflexión profunda sobre la integración vertical de las empresas energéticas. O una aproximación decidida al problema de los ‘windfall profits’. Todo menos tocar nervio y desbrozar las fallas estructurales que condicionan el modelo marginalista.

Llegados a este punto de frustración, el Gobierno explora ahora un recargo adicional de tres puntos en el Impuesto de Sociedades a las compañías eléctricas y de hidrocarburos, beneficiadas por el alza de los precios. Y pese a que las afectadas recurrirán el rejón y montarán con detalle su proverbial reacción mediática, la verdad es que los asesores legales y los servicios técnicos de las corporaciones están más que tranquilos. Es más, dicho mal y pronto, les importa un bledo. De hecho, lo que no entienden es que no se haya implementado ya, en consecuencia con el desaforado esfuerzo de imagen del Ejecutivo. Acostumbrados durante años a convivir con tipos de Sociedades nominales en el entorno del 30%, saben que no hay nada que unos buenos créditos fiscales no puedan arreglar. Y es ahí donde entra la argumentación anterior, véase la falta de interés, coraje o ‘know how’ para acometer reformas de calado. Visto lo visto, lo normal es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, enzarzada en guerras dialécticas con Díaz y Ribera, termine por parir un ratón respecto al impuesto eléctrico, cubriéndose de cara a la opinión pública pero sin tocar la última línea de las cuentas de resultados de las compañías. Su libro blanco para la reforma fiscal, sin ir más lejos, duerme el sueño de los justos.

Amortizado el PSOE y el año largo de legislatura que Sánchez piensa agotar, los empresarios cruzan los dedos para no entonar con el PP aquel famoso “cuerpo a tierra, que vienen los nuestros”

Bajo ese prisma se entienden las reflexiones que, en las comidas de la calle Jorge Juan, lanzaba esta semana un ilustre jurista, buen conocedor del mundo corporativo. “Estos no le preocupan a nadie, no saben ni subir impuestos. Lo preocupante es que lleguen los otros, que tienen ideas y sí saben”, exponía con deliciosa perspicacia. Durante los años de travesía del desierto que llevaron al PP hasta Moncloa a finales de 2011, era habitual que ejecutivos del sector eléctrico se reunieran con quienes en aquel entonces lideraban el área económica de Génova, véase Cristóbal Montoro, Fátima Báñez o Álvaro Nadal, especialmente con este último. Eran los años duros del déficit de tarifa, de la crisis que arrancó con la caída de Lehman y de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Cuenta uno de los presentes en aquellos encuentros, perteneciente a una firma eléctrica, cómo a menudo salían con el vello erizado tanto por el profundo conocimiento técnico de las problemáticas en marcha como por las heterodoxas y complejas propuestas que a menudo recibían para abordarlas. “Se nos llegó a plantear recibir suelo a cambio de las facturas pendientes con el Estado por el déficit de tarifa”, explicaba tiempo después con una risa nerviosa. Tampoco es ocioso recordar que la todopoderosa vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se inmoló en su estreno, al anunciar una subida “temporal” del IRPF y del IBI que comprometía las promesas efectuadas en campaña electoral e incluso -muchos piensan- empezó a alejar al partido de sus propios votantes. Era el inicio de una época de recortes y ajustes.

En esta línea, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tampoco estuvo pacato a la hora de apretar al Ibex. No lo estuvo, desde luego, en las pocas cenas privadas en las que coincidió con primeros espadas del selectivo, a los que no dejó nunca de recordarles que pagaban pocos impuestos. En público dejó perlas como que, antes de su llegada al Ministerio, “en España había grandes empresas que tributaban cero” o que no se entiende que “una pyme esté tributando un 18% y un grupo consolidado, un 7%”. A partir de ahí, para cumplir con Bruselas y embridar un déficit púbico disparado, lideró una subida del Impuesto de Sociedades para recaudar más de 4.600 millones de euros extra. ¿La vía? Eliminar buen número de bonificaciones y deducciones, el ‘truco’ al que se acogían las grandes firmas para aligerar sus carga fiscal; el objetivo declarado de los técnicos de Hacienda era aproximar el tipo real al nominal, fijado en el 25%. El ministro, que probablemente careció del carisma para vender sus logros, se retiró a la sierra madrileña tras la moción censura. Tenía inquietud por su legado tras la friolera doce años al frente de las finanzas públicas y se planteaba escribir sus memorias. A diferencia de otros compañeros, de uno y otro bando, no se le conoce, tras sus años de servicio público, presencia en ningún consejo de administración de empresas cotizadas.

Por tanto, amortizado el PSOE y el año largo de legislatura que Sánchez piensa agotar, ya sea solo o acompañado, los empresarios empiezan a mirar al PP al tiempo que cruzan los dedos para no tener que entonar aquel famoso “cuerpo a tierra, que vienen los nuestros”. Por ahora, los acercamientos al entorno de Feijóo ya se han producido y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no puede mostrarse más ufano con el cambio de guardia que se atisba en el frente ‘popular’. Claro que, como dice el clásico, el camino hacia el infierno está pavimentado con las mejores intenciones y, al margen de la tutela de Juan Bravo, faltan esas caras que no solo conformen un equipo económico creíble, sino que esgriman la hoja de ruta intelectual de un eventual futuro gobierno en el ámbito fiscal, presupuestario o laboral. Quienes ahora elaboran ‘papeles’ para los nuevos inquilinos de Génova, algunos bien ubicados en empresas privadas y en bien remunerados consejos, solo dejarían tan privilegiada posición por aclamación y para sentarse a mesa puesta. Además, puede que no sea plato de buen gusto llegar para operar a corazón abierto una economía golpeada por el déficit, la deuda y a partir de 2023 un crecimiento menguante. Nada muy diferente de aquellos días previos a la Nochevieja de 2011 y el regalo de Reyes en forma de varapalo fiscal que trajo el Gobierno Rajoy. Asoman tiempos de maleza.

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