Más allá del 'procés'... La Barcelona que va a perder el Mobile

En Cataluña el problema no es ya que los árboles no dejen ver el bosque. Es que, en apariencia, hay un solo árbol, gigantesco pero con las raíces podridas, que acapara toda la atención y difumina hasta las malas hierbas que ya crecen por doquier y requieren poda. Ese árbol, regado a diario por los independentistas y conocido en esas huestes como ‘procés’, ha arrasado con todo. Al punto que nadie habla siquiera de esas otras malezas que van poco a poco convirtiendo en terreno yermo lo que en otro tiempo fue un ecosistema vibrante para los empresarios. Por ejemplo, la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de claudicar ante la presión del taxi y dinamitar el negocio de Cabify, pone de nuevo en el foco la quiebra de la seguridad jurídica que los gobiernos populistas nacidos al albur del 15-M y Podemos han convertido en normalidad. Es más, sorprende desde fuera que nadie en el Ayuntamiento de Barcelona parezca inquietarse en exceso ante la decisión de la start-up de abandonar la región, cuando debería ser una pequeña tragedia. Es lo que sucede cuando el adiós de empresas -pymes y grandes corporaciones del Ibex- se ha convertido en cotidiano. Nunca mejor dicho, mal negocio.

El caso es que Cabify -pese a que Colau se llene la boca al recordar que es propiedad de señores muy ricos y seguramente malvados-, es también una firma que, desde la tecnología, ha modificado y mejorado sustancialmente un servicio tradicional como el taxi, hasta el punto de ponerlo contra las cuerdas por sus reticencias a adaptarse a los nuevos tiempos y a la competencia. De eso iba precisamente la Nueva Economía, de la que Barcelona -pionera en tantas cosas- ha sido históricamente una abanderada. No por casualidad la Ciudad Condal da cobijo al prestigioso Mobile World Congress, el evento más importante del mundo en torno a la comunicación móvil. Precisamente se celebra en unos días envuelto en toda una paradoja, como recordaba esta semana un político asiduo al certamen. “Vas al epicentro de la tecnología y no puedes utilizar la app de Cabify. Llama la atención que tengas que volver a levantar el dedo índice para coger una taxi y llegar a la Fira”, subrayaba con una mezcla de resignación e ironía. En otras palabras, Barcelona reinventando de plano la economía ‘digital’… de la peor forma posible.

De hecho, visto lo visto, parecería que Colau y su séquito andan en una cruzada personal para reventar el Mobile y que termine por hartarse y marcharse de Barcelona. Basta recordar cómo el año pasado, con el referéndum del 1 de octubre en el horizonte y unos niveles de tensión social inasumibles, la alcaldesa y el entonces president de la Generalitat, Roger Torrent, decidieron plantar al rey Felipe VI en el besamanos previo a la cena organizada por el comité ejecutivo de la asociación GSMA, a la sazón promotora del evento y que agrupa a los principales operadores de telefonía del mundo. Sus ejecutivos, pese a tener sellado un acuerdo para que Barcelona sea la sede del acontecimiento hasta 2023, no dudaron en deslizar que Dubai estaba al acecho y que se monitoriza la situación con cautela. Normal ante una ciudad tomada en aquellos días por los antisistema y en la que fueron recibidos con una pancarta en la Plaza de Cataluña que rezaba ‘Free Political Prisioners’. El mundo de los negocios y la inestabilidad política son siempre antónimos. Es de imaginar que Colau ya cuenta con un plan B para ‘levantar’ los casi 500 millones de impacto que supone el acontecimiento y crear los 15.000 empleos, entre directos indirectos, que genera. O no.

Sin embargo, aunque parezca mentira, hay problemas económicos más acuciantes en la Cataluña del ‘procés’. Las primeras declaraciones ante la prensa del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tras el accidente de dos trenes en Castellgalí (Barcelona), en el que murió una persona y un centenar resultaron heridas, no tienen desperdicio. Son cinco minutos de intervención en los que, si se escucha atentamente, se entiende perfectamente la aterradora pendiente por la que ha deslizado la sociedad catalana, que ha perdido la senda de la inversión en áreas esenciales mientras las ansias de secesión de una parte de los ciudadanos dominaban todo el debate y la relación con el Gobierno central. Y es que pese a desligar inicialmente la tragedia de las carencias de fondo que existen en la red ferroviaria, el político valenciano termina reconociendo que, “si tuviéramos una red más automatizada, con más inversiones de las que ha habido en los últimos años, evidentemente se compensaría buena parte del factor humano”. Eso después de abogar sin ambages por la “renovación de las medidas de seguridad, no solo en Cataluña sino en el resto de España”. Para reflexionar.

A tenor de esos avisos, parece razonable que los asuntos económicos cobren vuelo y formen parte más decidida del debate catalán, apenas logre superarse el esperpento del 1-O. No tiene demasiado sentido que la cuestión apenas asome como una ‘contraprestación’ puntual cuando toca aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Más allá del estipendio del Sánchez de turno para contentar a sus socios, hay necesidades de inversión que cubrir y lealtades que mantener. Un exministro ahora en la empresa privada se azoraba esta semana tras la filtración de la figura del ‘relator’ aceptada por Sánchez y la subsiguiente convocatoria de una manifestación por parte de todos los partidos del espectro de derechas. “En una de estas la prima de riesgo se va a los 400 puntos básicos”, arreciaba. El juicio a los políticos que auspiciaron la declaración de independencia pasará, con sus condenas -si procede-. La Cataluña de los últimos años es una Cataluña que, manchada por el 3% y la inestabilidad política, ha sufrido el doloroso éxodo de gigantes tan enraizados como CaixaBank. La del futuro, necesariamente, tiene que ser protagonista de otra película, una en la que se puede coger un Cabify para ir al Mobile. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde.