Operación rescate en Moncloa ante el 'síndrome Abengoa'

Preocupación, mucha preocupación. El fantasma de una oleada de despidos en empresas industriales ha encendido todas las alarmas en Moncloa. Tras el toque de campana que supuso el ‘affaire Nissan’, los episodios de Siemens-Gamesa o Airbus han hecho atisbar a las huestes de Iván Redondo el fantasma de un otoño de pesadilla con manifestaciones por doquier para protestar por los empleos perdidos. El corazón del problema, no obstante, es Abengoa, una empresa con histórica raigambre en el tejido empresarial andaluz y, sobre todo, el catalizador de 30.000 puestos de trabajo -entre directos e indirectos- en una región ya de por sí suficientemente golpeada por las tasas de desempleo. No es de extrañar que el Ejecutivo, como publicó en este periódico Lucía Gómez, se haya movilizado a través del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para engrasar los intereses de la banca y salvar una empresa que no termina de acomodarse en su segunda vía 'posbenjumea' pese a que su viabilidad es siempre subrayada por todos los actores enredados en sus periódicos descensos a los infiernos. Demasiados intereses, empero, para que el conglomerado caiga.

De hecho, no es el único movimiento que ha realizado el Gobierno para favorecer los intereses empresariales en estos tiempos de maleza. Tal vez el más importante, no suficientemente subrayado y tomado nada más arrancar el confinamiento, es la de prohibición de que los inversores ajenos a la Unión Europea puedan tomar una participación igual o superior al 10% del capital social de una firma nacional. Una medida que va acompañada del veto a cualquier operación que implique el asalto a la gestión. Ejecutivos de alto nivel en el Ibex agradecen hoy entre bambalinas esta suerte de ‘golden share’, que ha protegido a firmas estratégicas con caídas siderales en bolsa y, por tanto, muy apetecibles, de ataques indeseados y hostiles por parte de sus pares internacionales. Basta darse una vuelta por las capitalizaciones del selectivo para identificar auténticas ‘peritas en dulce’ cuyo cambio de domicilio social en la toma de decisiones sería devastador tanto para el peso del país en la esfera internacional como para el propio Ejecutivo y su modulación vía BOE de algunas de las decisiones fundamentales.

Sujetadas las opas al Ibex, Pedro Sánchez daba esta semana una vuelta de tuerca más a su salvavidas al sector empresarial con la aprobación de un fondo de rescate de 10.000 millones para compañías que presenten problemas de solvencia puntuales por la pandemia. ¿La fórmula? Desde la adquisición de acciones a deuda pasando por cualquier instrumento convertible en capital. En roman paladino, los fondos públicos entrarán sin duelo en el corazón de las sociedades afectadas a través de la socorrida Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que a la sazón ya atesora un buen abanico de participaciones en empresas, muchas de ellas cotizadas. Un planteamiento que implicará, necesariamente, el fin del dividendo y de los jugosos bonus que esas sociedades entregan a sus directivos. Y un escenario que, si no se maneja bien, puede terminar recordando una década después al ruinoso rescate de las cajas de ahorros, con fusiones forzadas, primero, y con dinero público en vena, después… sin que a día de hoy se tenga claro cuándo alguna de esas participaciones volverá a manos privadas ni cuánto dinero se va a esfumar por el camino. Se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. 

¿Cuándo se venderán las participaciones en empresas que ahora se asuman por la Covid? Se sabe cuándo se entra...

Visto lo visto y la hondura de la crisis en ciernes, puede que a Sánchez&Co. no le haya quedado otra que achicar agua y taponar cada nueva vía de agua como se pueda cubo en ristre. Es comprensible. Sin embargo, no hace demasiado tiempo que los gurús de Moncloa se jactaban de la amplia autopista electoral que había conquistado el PSOE con el viaje a la derecha del PP y la pugna por ese espacio a cara de perro de tres partidos similares en discurso. “Podemos ganar hasta el voto liberal”, se sorprendían. Aunque hayan pasado unos meses muy duros desde entonces, cuando se agote la fiesta del gasto, será imprescindible acometer un proceso de consolidación fiscal y, desde luego, demasiado tendrá entonces el Ejecutivo como para gestionar la deuda de empresas en problemas o gestionar la salida del capital de aquellas que amenazaban ruina. El paso al frente solo tiene sentido en tanto puntual, con mecanismos tasados y con fecha de caducidad. Todo sin contar con la sospecha de clientelismo que la imbricación de lo púbico y lo privado siempre favorece. No hace falta irse muy lejos para encontrar sospechas de puertas giratorias, incluso en esta corta legislatura.

Fijados los límites de la actuación de las administraciones, la propia gestión de las empresas también debe ponerse bajo la lupa. Porque si la crisis financiera que arrancó en 2008 reveló cómo muchas familias vivían por encima de sus posibilidades, con hipotecas desproporcionadas que a menudo también incorporaban la compra del coche y otras bagatelas, la debacle provocada por la Covid ha revelado que una pléyade de sociedades no tenía colchón económico alguno. Al punto que, en el momento en el que se dejó de facturar, el castillo de naipes se vino abajo y no se pudo aguantar siquiera un mes sin recurrir a ajustes de empleo o al crédito salvador de la banca. El Banco de España ha señalado de nuevo esta misma semana la falta de tamaño de la estructura productiva en nuestro país, lo que le hace vulnerable a cualquier brisa pasajera; qué decir de un tsunami como el actual. Tampoco ayuda la atomización del segmento empresarial en 17 entornos regulatorios, como el que conforman las diferentes comunidades autónomas, ni muchas veces la propia normativa laboral, favorecedora de pequeñas sociedades. El propio supervisor subrayaba la obligación de tener un comité de empresa al superar los 50 empleados.

No es casualidad que el Gobierno haya querido escenificar con ese caldo de cultivo que cuenta con el apoyo de los agentes sociales, patronal y sindicatos, que han vuelto a fotografiarse con el presidente sin más que una declaración de intenciones de por medio. Primero, la foto; el contenido ya vendrá. Tampoco son accesorias las alabanzas en bloque, de propios y ajenos dentro de la coalición, que recibe en las últimas semanas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convertida incluso en un factótum de la propia formación que la ha elegido como ministra. Sánchez ha identificado que ese es un flanco de potencial conflicto, y se ha apresurado a conjurarlo, en lo que le es posible. Con el retraso que se prevé para la llegada de los fondos europeos, que además aterrizarán con las pertinentes condiciones, el Ejecutivo ha tirado por la calle de enmedio y ha salido en apoyo del sector empresarial con todas las consecuencias, tirando incluso de chequera. Como parche, probablemente, no quedaba otra. La reflexión de fondo, sin embargo, no debería aplazarse. Sabemos que, en la política de dos velocidades, Sánchez es Fangio a la hora de salir a pelear la ‘pole’. Ganar la carrera es otra cosa.