¿Para cuándo un Hernández de Cos en el sector energético?

El Banco de España ha podido presumir históricamente de contar con el mejor servicio de estudios del país. Por eso, se considera casi ley cuando el organismo hace públicas sus previsiones de crecimiento o lanza una señal de alarma sobre el mercado inmobiliario. Del mismo modo, cuando el gobernador, en este caso Pablo Hernández de Cos, asegura que es imprescindible que trabajadores y empresarios pongan de su parte para llevar a buen puerto el pacto de rentas y evitar una espiral precios-salarios, o aboga por unas bajadas de impuestos selectivas y no generalizadas en plena crisis de los carburantes, nadie cuestiona el interés de los mensajes o le atribuye una adscripción política oculta. Se comprende que la reflexión se atiene a parámetros profesionales y al bagaje de un equipo de trabajo. Lamentablemente, no existe esa figura de criterio y consenso en el mundo energético, donde no solo el supervisor ejerce muy poca labor pedagógica, sino que la ideología ha permeado tanto la toma de decisiones como aproximaciones que deberían ser exclusivamente técnicas. Buena parte de ese fenómeno explica los árboles que se esconden tras el bosque de la última aventura de Teresa Ribera en Europa.

El Gobierno sacaba pecho esta semana después de que Bruselas terminara por reconocer la ‘excepción ibérica’ y permitiera topar el gas en una media de 50 euros/MWh en los próximos doce meses. Más allá del fracaso que supone no haber conseguido que el umbral se fijara en 30 euros/MWh, como pretendía inicialmente el Ejecutivo, su apuesta por intervenir el mercado marginalista como única solución para bajar el precio de la luz parecería esconder otros prejuicios. Es más, incluso antes de que Sánchez alumbrara ese ‘tope’, la UE no ahorró esfuerzos en recordar a España que ya disponía de herramientas para atenuar la factura sin necesidad de distorsionar la competencia, desde modificar la simetría del recibo entre los costes fijos y los de la electricidad hasta las ayudas a empresas en situación crítica. Por si fuera poco, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía (Acer) publicaba este viernes un informe en que dejaba claro que el mercado europeo de la electricidad no precisa de una reformulación total del sistema, dejando a los pies de los caballos las tesis españoles. “El diseño actual del mercado mayorista de la electricidad garantiza un suministro de electricidad eficiente y seguro en condiciones relativamente ‘normales’”, expone el análisis, realizado a instancias de la Comisión Europea.

¿Por qué dinamitar entonces el modelo? Pues, sencillamente, porque una corriente de pensamiento abrazada por una parte de la izquierda política no ve con buenos ojos el sistema marginalista de fijación de precios. “¿Cuál es la verdadera causa del encarecimiento de la electricidad en España?”, se preguntaba en una comparecencia en el Senado la catedrática Natalia Fabra, que defiende una fórmula mixta. “La verdadera causa hay que buscarla en el diseño del mercado de la electricidad, que confía en un único precio -el que ofertan las centrales de gas en el mercado mayorista de la electricidad- para remunerar al conjunto de centrales eléctricas, todas ellas de costes muy dispares y -en su mayor parte- de costes muy inferiores a los costes de generación con gas”, se contestaba sin ambages. De casta le viene al galgo. Su padre, el economista Jorge Fabra, que desde la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) denunció los ‘windfall profits’ de las eléctricas, también ha cuestionado el diseño del mercado eléctrico, “que conduce a que paguemos 100 por lo que cuesta 1” al poner en competencia servicios y tecnologías desiguales. “Teresa Ribera no está muy lejos de ahí, al menos algunos días”, aseguraba esta semana con cierta sorna un ejecutivo que ha tratado en estos meses con la ministra.

La luz hace ganar o perder elecciones, y eso hurta el debate riguroso o que voces independientes y creíbles marquen el camino. Eso sin contar con los ‘cerebros’ silenciados en tanto a sueldo -y no pequeño- de una de las partes.

La realidad, empero, es que ningún país de Europa -y hay que buscar mucho en el mundo para encontrar ejemplos de pagos por tecnología, si acaso en algún estado en EEUU- renuncia o va a renunciar a la actual configuración del mercado marginalista. No lo hará Alemania ni la Comisión Europea… De hecho, nadie cuestiona el modelo, salvo ahora España y Portugal, aun a costa en este último caso de las objeciones de su propio supervisor. Claro que la nueva estrategia tiene una consecuencia, más allá de parir un ratón en lo que a la bajada del recibo de la luz supone. Y es que las compañías eléctricas sufrirán un notable rejón en la última línea de sus cuentas para algarabía de quienes piensan que, más allá de debates académicos legítimos y enriquecedores, castigar al poderoso siempre trae cuenta y es de justicia. “Nos preocupan varias cosas: que no podemos controlar el mercado mayorista porque depende de factores externos -exponía la ministra en una entrevista con el diario ‘El País’ allá por el mes de septiembre-. O que no nos parece adecuada ni la carga fiscal ni la distribución de las rentas de ese mercado mayorista. También hay ganancias excesivas en favor de grandes compañías”. Respecto a esa inquietud la titular de Transición Ecológica puede estar tranquila: prueba superada.

La derecha también tiene sus mantras en cuestiones energéticas, señas de identidad que no se repiten allende nuestras fronteras. Por ejemplo, es difícil encontrar a un político conservador patrio que no glose las bondades de la energía nuclear, hasta ahora defendida sin duelo como una opción barata frente las costosas renovables. Solo faltaba que la Comisión le otorgara la ‘taxonomía’ verde para convertirla en cúmulo de todas las virtudes. Sin ir más lejos, el ‘Plan en defensa de las familias y la economía de España’ lanzado en su estreno por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamenta “las medidas de impulso al cierre y desinversion de determinadas tecnologías” y planea “alargar la vida útil de los reactores, como están haciendo nuestros vecinos europeos, y siempre bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear”. La realidad en este caso, no obstante, es que los costes no son tan bajos y los beneficios que aporte una central dependen en gran medida de que la instalación esté más o menos amortizada. Las estimaciones de las compañías, siempre esquivas en este punto, sitúan el coste de un MWh nuclear en el entorno de los 57 euros, si bien no deja de ser un dato de parte. Sea como fuere, “la revolución que viene va a convertir esos precios en ridículos -expone un experto académico bajo condición del anonimato-. El hidrógeno va a hacer que en diez años el coste se mueva entre los 5 y 10 euros/MWh. La nuclear seguirá costando lo mismo y será inviable. Es verdad que estamos sufriendo una transición muy cara que, por suerte, desembocará en un entorno muy barato”. Este futuro, como es obvio, lo tienen muy presente las empresas, inmersas en un ‘giro verde’ que no les oculta la realidad de hoy: tienen una década para ganar todo lo que puedan con el ‘método tradicional’.

En suma, el modelo marginalista o la energía nuclear, por incidir en los ejemplos citados, no deberían tener color ni ser bandera de ningún partido o ideología política concretos. En un sector tan complejo y técnico, la eficiencia y la garantía de suministro habrían de ser los ‘drivers’ de cualquier gestión, al margen de los prejuicios con que cada uno llegue al cargo o lo ejerza. El flamante ‘tope ibérico’ es apenas un parche de doce meses por el que se cortocircuita el acoplamiento al gas de otras tecnologías para casar y cobrar el precio máximo. ¿Y después? ¿Basta con que la medida sirva para llegar a los próximos comicios con el gallinero menos revuelto? Se cumplen dos décadas desde que se alumbró el déficit de tarifa, por el cual se fijaba el precio de la electricidad de forma política y el coste real se pagaba a las eléctricas en cómodos plazos… pero en el recibo y por los consumidores. Justo lo mismo que nos ha prometido la ministra Ribera para sufragar esta última derrama a espaldas del mercado. La luz hace ganar o perder elecciones, y eso hurta el debate riguroso o que voces independientes y creíbles marquen el camino. Eso sin contar con los ‘cerebros’ silenciados en tanto a sueldo -y no pequeño- de una de las partes. Todo un disparate.