Libertad sin cargas

Podemos, Díaz y el teletrabajo: ¿Pagará el empresario la hipoteca?

Yolanda Díaz y Pablo Iglesias
Podemos, Díaz y el teletrabajo: ¿Pagará el empresario la hipoteca?
José González

“Si no se modifica sustancialmente, nacerá muerto”, aseguraba sin ambages Marcelino Camacho. Corría el año 1980. Carlos Ferrer Salat, entonces presidente de una CEOE a la que aguardaba el largo mandato de José María Cuevas, y Nicolás Redondo, histórico líder de UGT, sentaban las bases que alumbrarían el Estatuto de los Trabajadores. Pese al rechazo de CCOO y la ruptura del frente sindical anhelada por la patronal, los medios de comunicación no dudaban en subrayar que en aquellos días de marzo “la democracia entraba en las relaciones laborales”. Cuatro décadas después, en el aniversario del documento, el propio Redondo y el actual secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, no dudaban en subrayar la necesidad de renovar la apuesta, corrigiendo "los efectos perversos” de las sucesivas reformas laborales que han erosionado la norma, “muy significativamente la de 2012”. Y remataban, en un artículo publicado por el diario El País: “El impacto de la revolución digital sobre la organización y la división del trabajo va a tener, probablemente, tantas repercusiones como a precedente revolución industrial”.

Dicho y hecho, a resultas de la pandemia en marcha y de la acuciante necesidad de recurrir al teletrabajo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, parece dispuesta a coger el guante y a dinamitar el Estatuto desde el artículo 1. Y es que el primer punto del documento, al definir su mismo alcance, dispone que “esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”. En roman paladino, que la empresa determina cómo se organiza el trabajo. No es de extrañar que los empresarios -más allá de la propia patronal, que ‘va de soi’, sino hasta los primeros espadas de las grandes cotizadas- hayan puesto en el grito en el cielo ante la posibilidad de que los trabajadores puedan alterar a voluntad su jornada laboral dentro de un horario de disponibilidad. “Eso directamente hace ingobernable una corporación como ésta, de miles de empleados”, relataba entre bambalinas el primer ejecutivo de una firma del Ibex.

No es la primera vez, se admite desde fuente sindicales, que Díaz supera incluso las aspiraciones de las propias centrales. No es casualidad que el Consejo Económico y Social (CES) piense en ‘tumbar’ la norma por el mero hecho de no respetar el diálogo social y ser remitida al organismo consultivo sin alegaciones de sindicatos y patronal. Más preocupada de las musas que del teatro, de la ideología que de aterrizarla, la elección de Podemos para dirigir el área laboral en el Gobierno de Sánchez deja a un lado que son los propios sindicatos quienes luego se ven obligados a lidiar sobre el terreno con los excesos de la normativa y, sobre todo, con las necesidades reales de las empresas para conservar los puestos de trabajo. “Si vamos a terminar pagando las hipotecas de los trabajadores, mejor saberlo con tiempo”, ironizaba un ejecutivo en relación con las disposiciones incluidas en el anteproyecto de ley del teletrabajo, según las cuales las compañías deberán sufragar los gastos en los que incurre el empleado por desempeñar su trabajo desde su hogar. Parecería necesario, en suma, algo más de consenso.

Es necesario medir la puesta en marcha de medidas estructurales en relación a asuntos aún por desarrollar en toda su extensión como el teletrabajo.

Transitaba el mes de agosto de 2019 y la entonces vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, rechazaba de forma tajante la formación de un gobierno de coalición con Podemos bajo un argumento imbatible. “No hay precedentes de un grupo, en este caso mucho menor que el nuestro, que trate de imponer una fórmula de cogobierno, de dos gobiernos en uno”, exponía con convicción. La realidad, un año después y con un Ejecutivo bicolor instalado e Moncloa, es que razón no le faltaba a la política egabrense. Porque, aunque gran parte de los interlocutores del Ejecutivo hasta bromean con la magnífica coartada que supone culpar de los desmanes de turno al ‘colega’ de gabinete morado o rojo según sea el caso, lo cierto es que los afectados ya han elevado su estupor con el teletrabajo que viene a la cancerbera habitual, véase Nadia Calviño. No queda demasiado lejos la fenomenal palomita de la vicepresidente económica para ‘desfacer’ el entuerto del pacto con Bildu -con nocturnidad, premeditación, alevosía y alguna cosa más- para derogar por completo la reforma laboral.

Por si hacía falta, este mismo fin de semana ha quedado demostrado que los excesos legislativos no van a ayudar a sacar adelante los fondos europeos que necesita España para tapar agujeros. Si en la antesala de la cumbre de Bruselas, el primer ministro holandés Mark Rutte, ya advirtió a Sánchez que mejor buscara para sus problemas una solución en casa, los dos días de encuentros en la capital belga apuntan a una reducción de 50.000 millones en subsidios y a un mayor control por parte del Ecofin sobre cómo se gestionan los fondos. Desgraciadamente y en puridad, una exigencia no demasiado extraña por parte de quien tienen su casa en orden y ve que otros preparan prestaciones por doquier. Tampoco una solicitud anormal si se tiene en cuenta que hace ya más de una década de la última crisis financiera y que nuestro país aún estaba lejos de completar un proceso de consolidación fiscal convincente cuando irrumpió la pandemia. Todos los mensajes que llegan a Bruselas en línea con aumentar las cargas a las empresas, dinamitar la reforma laboral o establecer rentas permanentes que se incorporan a un volumen de gasto que ya supera ampliamente los ingresos no alientan precisamente la confianza sobre la necesaria contrición presupuestaria para ‘soltar la pasta’. Claro que siempre quedará recurrir a traiciones y victimismos ante operaciones fallidas como el asalto al Eurogrupo.

Si algo parece evidente ante circunstancias tan excepcionales como las actuales es la necesidad de medir la puesta en marcha de medidas estructurales en relación a asuntos aún por desarrollar en toda su extensión como el teletrabajo. Desde luego, no deben perderse todo lo bueno que empleadores y empleados han descubierto durante esta crisis en relación con la capacidad de trabajar a distancia. Pero sí probablemente se requiera más tiempo para identificar los focos de conflicto y de cesión para combinar la presencialidad con un trabajo en remoto efectivo. De fondo, hay datos que deberían encender al menos un piloto de alarma. Como publica hoy este diario, solo en el mes de junio cerraron 658 empresas de más de 50 trabajadores, según datos de la Seguridad Social. Nada menos que 22 al día. Los empresarios, ‘sotto voce’, ya vaticinan un otoño trágico. Empresas viables más endeudas y menos rentables para sobrevivir. Las que están en el alambre bajarán la persiana. El acuerdo y el pacto social es más importante que nunca. Y los experimentos, ni con gaseosa.

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