¿Quién será el CEO de la nueva Caixa? Gortázar debe vigilar... a Sánchez

Ciencia ficción… o no tanto. El año 2021 se abre paso rumbo a la vacuna y a una normalidad real. La fusión entre Caixa y Bankia (¿no sería mejor hablar de compra?) se ha concretado. En un rincón de Moncloa despachan un viernes perdido Pedro Sánchez, Iván Redondo y Nadia Calviño. Cansados tras una semana agotadora fluyen las preguntas: ¿Conviene dar dividendo? ¿Nos gusta la gestión de Gortázar al frente de la nueva entidad? ¿Cómo votamos en la comisión de retribuciones para hacer valer nuestro 15%? ¿A ver si el flamante sueldo de Goiri es muy alto y nos encontramos con titulares indeseados en pleno debate parlamentario? La integración de ambas entidades, que hasta hace dos semanas pocos veían y hoy todos consideran la panacea para un sector con rentabilidades míseras, beneficia a la mayoría de los actores, pero introduce una anomalía que ya existía en la antigua Caja Madrid y que, al menos, en aquella tenía una explicación y una fecha de caducidad, véase la presencia del Estado en el accionariado de una entidad privada y muy vinculada a las disposiciones del Boletín Oficial del Estado (BOE). Y es que al menos, en aquel escenario Bruselas imponía -de aquella manera- un calendario de salida. La situación actual, por el contrario, no puede ser más inquietante.

“Si el Gobierno se queda es aterrador -exponen fuentes financieras próximas a la operación-. Hablamos de un porcentaje público muy importante en una entidad muy grande. No hay argumento político alguno que sostenga esa permanencia. Hablamos de que Bankia retendrá un tercio de la fusionada por tamaño de balance, y que el Estado podría alcanzar un 20% del capital. Lo normal es que, al mismo tiempo que se cierra la operación, el Gobierno anunciara un plan de desinversiones”. Claro que la lógica de técnicos, financieros y hasta de quienes, por pura decencia ideológica, recelan de la imbricación de lo público y lo privado, choca con la lógica política de un Ejecutivo que difícilmente renunciará a un artefacto con el poder, la influencia y los fondos que atesorará la nueva Caixa, una máquina clientelar de formidable poderío si cae en las manos equivocadas o escucha a ‘condottieri’ interesados. ¿O alguien piensa que Podemos, socio principal de Pedro Sánchez y cuya aspiración explícita era convertir Bankia en un banco público, no intentará hacer valer la participación del Estado en la sociedad? Y eso sin entrar en teorías de la conspiración.

Esta misma semana se han escenificado las contradicciones que implica una apuesta de esta índole, cuando ni siquiera se ha aprobado el enlace por los consejos de administración de ambas entidades. Como adelantaba en este periódico Bruno Pérez, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, movía ficha y hacía jaque mate a las principales sinergías de la fusión al anunciar su intención de endurecer las jubilaciones anticipadas en las rentas más altas. Por mucho que los afanes del exjefe de la Airef sean comprensibles, e intenten sobre todo evitar el coste reputacional para el Ejecutivo de una avalancha de salidas a precio de oro entre los ejecutivos del banco fusionado, lo cierto es que la operación no tiene ningún sentido si no es desde la consecución de esos ahorros. No hay que ser un lince para advertir que la boda Caixa-Bankia no puede explicarse desde la complementariedad de los negocios, que directamente no existe. De hecho, la unión genera una concentración de ‘riesgo España’ que cualquier gobierno temería. Por tanto, dilatar o encarecer las miles de prejubilaciones que implica un proceso de este jaez solo irá en contra de la rentabilidad de la entidad privada en cuyo consejo de administración se sentará el Ejecutivo. Interés público contra interés privado en una sociedad en la que, no hay que olvidarlo, hay otros inversores internacionales como Blackrock.

El intervencionismo rampante no es la única amenaza que afronta la economía que saldrá del corononavirus. El Gobierno ha tirado de los créditos ICO y los ERTE para llegar al último ‘round’

Siempre podrá argumentarse desde las huestes de Redondo que, al fin y al cabo, el PSOE solo gestiona un entuerto generado en época del PP. De hecho, si finalmente las minusvalías latentes por el agujero de Bankia terminaran por aflorar en Caixa, puede argüirse que se ha minimizado el daño teniendo en cuenta el millonario -e irrecuperable- rescate pactado por los ‘populares’. En esta línea, no deja de ser patético ver a los promotores políticos de la operación salir en tromba para justificar la misma por la efímera subida en bolsa de los dos ‘players’ apenas horas después del anuncio. Como si el repunte de marras fuera a borrar de un plumazo los miles de millones públicos ya enterrados en el rescate de una caja politizada -no hay ninguna duda sobre eso y solo cabe esperar el apunte contable- y, sobre todo, como si la peregrina tesis fuera a convertir a los españoles en devotos e irreflexivos feligreses del argumentario de una noche de verano. El movimiento, en suma, esencialmente político y avalado desde Moncloa para alejar a Caixa del entorno secesionista, trae a la memoria las peores connivencias entre empresas y los gobiernos, ahora incluso escenificadas con oropeles en las reuniones bajo palio de Sánchez con el Ibex.

Lo más preocupante, empero, es que el culebrón Caixa-Bankia no es único episodio en que la mano -cada vez más visible- del Gobierno amenaza con irrumpir en la vida económica. Esta semana también se conocía que Sánchez&Co. tendrán la última palabra en la adquisición de Air Europa por el Grupo IAG -matriz de Iberia- si el Fondo Sepi creado para dar apoyo a las empresas libera fondos en favor de la firma de los Hidalgo, actualmente en las últimas. Sería una suerte de ‘derecho de veto’ que, en esencia y de facto, sitúa a las compañías en problemas por el impacto de la Covid bajo la tutela del Ejecutivo… y sus aspiraciones. Decía Adam Smith que los hombres “son conducidos por una mano invisible que les hace distribuir las cosas necesarias de la vida casi de la misma manera en que habrían sido distribuidas si la tierra hubiera estado repartida en partes iguales entre todos su habitantes y, así, sin proponérselo, sin saberlo, promueven el interés de la sociedad y proporcionan medios para la multiplicación de la especie”. Una reflexión que implica una confianza absoluta en el quehacer de los agentes económicos y que culmina en el conocido ‘laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même’, un riesgo que, según parece, el presidente del Gobierno prefiere no correr.

El intervencionismo rampante, por si fuera poco, no es la única amenaza que afronta la economía que saldrá del corononavirus. Como el boxeador a punto de que le paren el combate al que desde la esquina le aplican vaselina y cierran las heridas para que llegue hasta la campana, el Gobierno ha tirado de los créditos ICO y los ERTE para llegar al último ‘round’. Claro que, como diría el castizo, la paliza la lleva. Esto es, las empresas que han llegado al límite de sus fuerzas a los créditos del Instituto de Crédito Oficial evolucionarán de dos formas a corto plazo. Unas quebrarán… y obligarán al Estado a asumir esos fallidos. Otras, las que aguanten, tendrán que devolver el dinero recibido y, en consecuencia, no invertirán. De una forma o de otra, el empleo va a sufrir y, con él, un ya maltrecho consumo. Sin contar con los expedientes de regulación temporal que se terminen en extinción de empleo. La única solución que se divisa en el horizonte es el aluvión de millones que se espera de Europa. Si esos fondos caídos del cielo se emplean bien, en proyectos empresariales generadores de valor añadido y multiplicadores de la inversión, se evitará otra década perdida. Unos Presupuestos inconsistentes, que no reduzcan el gasto y marcados por el sello de Podemos, pondrán a Bruselas en guardia y dinamitarán toda esperanza. Aguardan meses críticos.