El fin último de una empresa, por mucho que duela en los nuevos tiempos populistas consagrados por el tándem Sánchez-Iglesias, no es crear empleo -aunque de paso lo haga- o financiar proyectos sociales. Al menos por ahora, el objetivo de una corporación es retribuir a sus accionistas, que al fin y al cabo son quienes se juegan sus dineros en la aventura. Y ese valor se genera básicamente por dos vías, véase el precio de la acción y el reparto de dividendos. La pandemia, no obstante, parece haber puesto en tela de juicio la capacidad de un buen número de sociedades anónimas para satisfacer ese planteamiento, según reflejan tanto el desplome de las cotizaciones como la menguante retribución al capital. Puede ser que, en efecto y por razones de prudencia, una firma deba atajar la salida de flujos para garantizar su supervivencia a medio plazo. Sin embargo, la ‘tabula rasa’ que, por ejemplo, el Banco Central Europeo (BCE) ha impuesto para todas las entidades financieras ha convertido en pecadores a muchos justos y, sobre todo, ha abierto la veda a otros sectores para aquilatar sus balances y hasta disfrazar gestiones mejorables. En suma, una coartada perfecta.
“El reparto de los beneficios es el mejor exponente de la disciplina financiera y su recurrencia aporta confianza y estabilidad a los inversores”, argumentaba Ana Botín durante la última junta general de accionistas de Santander para defender la importancia de recuperar lo antes posible el reparto de dividendos. De hecho, anunciaba la vuelta al pago en efectivo en 2021… Lagarde mediante. Es más, en esa intervención ponía en solfa la retribución en acciones, una “medida extraordinaria” pero alejada de la filosofía de la casa: “El consejo y el equipo ejecutivo del banco creemos en el dividendo en efectivo”. Toda una advertencia a quienes han confiado en el ‘scrip’… para constatar con pesar como la acción termina por no recoger ese esfuerzo. Como telón de fondo, la convicción en la banca de que no todas las firmas se encuentran en la misma situación y de que, en caso de que el supervisor europeo mantenga el veto lanzado a finales de marzo, los inversores buscarán refugio en sectores que no sufran ese cerco regulatorio.
Lo llamativo de esta segunda ola de la crisis es que el ajuste de la retribución ha pasado de las obligadas entidades financieras a las empresas industriales, cuya facturación ha sufrido con violencia el impacto del coronavirus. Esta semana pasada le tocaba el turno a Repsol, cuya acción transitaba rutilante al borde de los 14 euros en enero para apenas superar los 5 a finales de octubre. En plena reconversión ‘verde’ y con una inversión milmillonaria por delante, lanzaba un plan estratégico que recorta el dividendo el año próximo un 35%. Por mucho que inversores de largo plazo pudieran apreciar el valor a futuro de la hoja de ruta expuesta por los gestores e incluso la oportunidad de adquirir acciones a un precio atractivo, no parece que la decisión vaya a hacer las delicias de aquellos para los que la evolución del dividendo es condición ‘sine qua non’ a la hora de invertir. Tampoco resulta probable que Manuel Manrique esté descorchando botellas de champán en la sede de Sacyr, que verá reducida de forma drástica una inyección de ‘cash’ crítica para su propia financiación. Y no es el único caso de compañía ilustre que espera como agua de mayo el dividendo de otra.
Un 10,2% del capital votó en contra del informe anual de remuneraciones de la petrolera, cuando en años anteriores ese porcentaje apenas superaba el 3%
Afortunadamente y a buen seguro, los directivos de las firmas que en el presente ejercicio dejarán a dos velas a sus accionistas tendrán la sensibilidad de moderar sus emolumentos y jugosos bonus. “La remuneración del presidente del consejo de administración (…) refleja el papel relevante y de elevada actitud institucional e involucración del presidente en el cargo que ostenta desde el 30 de abril de 2015”, expone Repsol en su último ‘Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros’ en relación a las percepciones de Antonio Brufau, su presidente no ejecutivo. ¿Total? 2,5 millones de euros como asignación fija, lo que le sitúa entre los perfiles mejor pagados del Ibex… incluyendo los ejecutivos. Además, el directivo catalán “es beneficiario de determinadas percepciones en especie que incluyen el seguro médico, el coste de la residencia que la compañía pone a su disposición como vivienda y para la representación institucional de la sociedad, los correspondientes ingresos a cuenta derivados de tales conceptos y la compensación económica por la imposición personal aplicable derivada de dicha retribución en especie (retenciones)”. Esto es, 419.000 euros adicionales.
Aunque el documento expone que el importe de esas percepciones en 2020 “estará en línea con el abonado en 2019 -excluyendo el importe del seguro de vida, al que renunció el pasado ejercicio”-, lo normal es que viéramos un gesto desde la cúpula de la firma a tenor de la evolución de la cotización y el dividendo. Lo mismo debería suceder, sin duda, en otras cotizadas en la misma situación. La cuestión no es baladí, en tanto el ‘fair-play’ salarial cada vez cobra más fuerza entre unos fondos que lidian con sus propias restricciones y convenientemente aleccionados por los ‘proxy advisors’ de turno, que vinculan sin contemplaciones las retribuciones a la creación de valor. Sin ir más lejos y de acuerdo con el balance del presente ejercicio, el consorcio europeo ECGS ha recomendado oponerse a los esquemas retributivos en un 79% de las empresas españolas, entre ellas la propia Repsol. No es casualidad que un 10,2% del capital de la compañía energética votara en contra del citado informe anual sobre remuneraciones en la última junta general de accionistas, cuando en los años anteriores ese porcentaje apenas superaba el 3%. La cuestión tenderá a agravarse con las acciones a ras de suelo y los dividendos en los huesos o, directamente, fulminados.
Todo sin contar con la falta de rigor que a menudo se constata en la definición de los programas de incentivos para las cúpulas del Ibex-35. De hecho, es habitual que los ‘bonus’ se paguen en función de comparaciones relativas con una cesta de competidores, lo que alienta sabrosos variables al margen de la ‘performance’ global. Peor aún, tampoco faltan casos en que los programas se formalizan en función del resultado y no del dividendo o la acción. Basta rastrear entre los informes anuales para detectar toda suerte de despropósitos… con un mismo beneficiario. El BCE expondrá en los próximos días si la prohibición sigue adelante o flexibiliza el marco de actuación de los bancos, lo que en cascada afectará a todo el Ibex. “Es algo necesario para una empresa retribuir a sus accionistas -afirmaba Gonzalo Gortázar, el CEO in pectore de la nueva Caixa-Bankia-. Una empresa que no paga dividendos no valdría dinero porque inviertes y no sacas nada”. Los ‘cazadividendos’ lo tienen claro: no pagar o recortar dividendo refleja debilidad y, a la larga, puede traer problemas a una cartera. Tiempos difíciles.
