Repsol, un Gobierno en fuera de juego y el 'troceo' de Naturgy

Corría el 18 de mayo de 2018 y Vladimir Putin, hoy enfrascado en una guerra con el gas como telón de fondo, tomaba posesión como presidente de Rusia. Lo hacía por cuarta ocasión y con todo el boato imperial. Ese mismo día, curiosidades de la vida, Repsol cerraba la venta del 20% que atesoraba en Gas Natural Fenosa al capital riesgo, en concreto al fondo CVC. El pacto venía de lejos. En febrero ambas partes habían acordado la compraventa de los 200 millones de acciones de la petrolera a 19 euros por título. ¿Conclusión? Una operación valorada en 3.800 millones y unas plusvalías de 400 para las huestes de Antonio Brufau, cuyas relaciones con la cúpula de CaixaBank, principal accionista entonces de la gasista con un 24% del capital, eran manifiestamente mejorables. “La nueva estructura accionarial reforzará las líneas estratégicas que se desarrollarán en los próximos años para posicionar la compañía como uno de los principales actores energéticos a nivel mundial”, señalaba la firma en aquel trance. Era lo que tocaba. Hoy no falta quien recuerda esa fecha para explicar el principio del fin de la empresa tal y como la conocemos, después de que en estos días se haya anunciado un gigantesco spin-off que convertirá Naturgy de aquí a un año en dos firmas: NetworkCo, que aglutinará los negocios regulados, y MarketsCo, los no sometidos a regulación. 

No obstante, para llegar al 10 de febrero de 2022 y al denominado ‘Proyecto Géminis’ hay otro escalón previo. Asomaba 2021 y el fondo australiano IFM anunciaba la puesta en marcha de una opa parcial por el 22,69% de las acciones de Naturgy. Se trataba de un tercer fondo que sumar a la fiesta de CVC y la firma estadounidense GIP, que ya transitaba por la casa desde 2016 con otro 20%. A una parte del Gobierno se le erizó el vello ante la irrupción en una compañía energética estratégica de un tercer actor dispuesto a hacer caja a la menor oportunidad. “Queremos ser como La Caixa, un inversor de largo plazo de Naturgy”, decía en aquellos días el responsable de los australianos en España, Jaime Siles, provocando la lógica desconfianza de quienes conocen bien cómo se las gastan este tipo de inversores. Recién lanzada en plena pandemia una suerte de ‘golden share’ que permite al Ejecutivo vetar las operaciones de compraventa extranjeras de más de un 10% del capital, dos almas empezaron a convivir en el Ejecutivo. Por un lado, en el Ministerio de Nadia Calviño se cultivaba la tesis de que no se podían prohibir sin más inversiones foráneas. Por otro, desde Moncloa Iván Redondo apostaba por una visión más transversal y por revisar con cuidado una operación que amenazaba con situar la mayoría del capital en manos de quienes ven el proyecto industrial como una vía para llenar sus bolsillos. 

En ese escenario, la decisión final del Ejecutivo, anunciada en pleno mes de agosto, de autorizar la opa de IFM con unos ‘remedies’ de medio pelo y el silencio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al final quien debe velar por el buen funcionamiento de los mercados, situaba a Criteria en una posición imposible. “Es difícil fiarse de quien ha querido entrar por la ventana”, aseguraban entonces desde el entorno del imperio Caixa para describir el ‘modus operandi’ de su nuevo socio y, de paso, su impotencia ante la pasividad de las propias instancias gubernamentales y supervisoras. Lo cierto es que, con el porcentaje superior al 10% que terminó obteniendo la firma australiana tras la oferta pública a los accionistas, la mayoría del capital pasaba a estar controlada por fondos ‘desaprensivos’ y, por tanto, el troceo de la compañía -siempre en las quinielas desde que CVC o GIP subieron la apuesta- pasaba a convertirse en una realidad más que cercana. “Criteria ya no podía parar ninguna operación, por lo que antes de que te lo impongan, es mejor gestionar tú el proceso”, revelan fuentes del mercado para explicar el ‘split’, una solución impecable dadas las circunstancias pero más motivada por la necesidad que por la virtud.

Los fondos ya contaban con jugosas ofertas para vender los activos 'verdes' de Naturgy. Del mercado y las explicaciones de los gestores depende que la valoración que ya atesoraban se mantenga 

No falta quien, incluso, introduce un elemento adicional a la hora de explicar la partición de los negocios. Y es que una vez presentado el proyecto, analistas y observadores se han focalizado en escudriñar la fotografía final, véase cómo quedarán las estructuras de capital de ambas compañías ‘gemelas’ una vez coticen y los accionistas deshagan o refuercen posiciones. En este punto y como publicó Paula María en este periódico, Criteria se perfila como garante del negocio regulado, en línea con su vocación de aglutinar proyectos industriales de largo plazo y, por qué no decirlo, para satisfacción del Gobierno en tanto salvaguarda nacional de infraestructuras y materias primas estratégicas. En cambio, el negocio no regulado, que englobaría apetitosos activos ‘verdes’, ya tendría colgado el cartel de se vende, con la entidad catalana como eventual celestina para unas firmas ávidas de cerrar su ciclo inversor. Tiene sentido, pero, ¿y si la escisión en cuestión, promovida según los gestores de la casa con el fin de proporcionar la libertad suficiente a los accionistas para disponer de su dinero, no fuera -también- la inevitable reacción a desestabilizadoras operaciones corporativas ya en marcha?  

En esta línea, fuentes conocedoras del proceso al más alto nivel explican que los fondos ya contaban con jugosas ofertas para vender esos activos renovables. E incluso que ya se habían decantado por alguna. El nuevo escenario societario facilita el traspaso a medio plazo, si bien del mercado y de la capacidad de los gestores para explicar en las próximas semanas las bondades de la operación dependerá que la atractiva valoración que ya atesoraban se mantenga en el tiempo. En este momento, con la transición energética pisando los talones de gigantes energéticos enganchados a tecnologías tradicionales, las sobreprimas abonadas por divisiones e instalaciones ‘limpias’ son la comidilla de un sector en plena agitación. Repsol, a fin de cuentas una petrolera, es uno de los mejores ejemplos de esta reconversión en marcha, al punto de que en los últimos años no ha dejado pasar oportunidades de reforzar su ‘portfolio’ de generación de electricidad renovable y, al tiempo, de ‘capturar’ abonados, que es donde de verdad está el negocio. Sin ir más lejos, este mismo mes de febrero adquiría a Capital Energy una cartera de 25.000 clientes eléctricos con el objetivo declarado de reforzar su negocio de comercialización minorista. Toda una paradoja y una invitación a cerrar el círculo.

Del mismo modo, la incertidumbre que incorpora un proceso de segregación largo, que se prolongará durante todo el año en la medida que obligará a procelosos trámites, al menos coloca en un entorno reglado el ‘sálvese quien pueda’ en que amenazaba con convertirse una Naturgy tomada por fondos en busca del mejor postor. Ahí radica la indudable brillantez del ‘plan Reynés’, cuyo futuro personal, empero, tampoco aparece cristalino. Hombre de confianza de Isidro Fainé, presidente de la Fundación que sirve de paraguas a todo el imperio Caixa, aún no ha definido cuál será el organigrama en las firmas segregadas de Naturgy y su posición en el mismo. Un escenario que coincide con cambios pendientes en la estructura de mando de Criteria y en una época de mudanza para las participaciones industriales del conglomerado. De hecho, si parecía imposible hace apenas un lustro imaginar fuera del ‘perímetro Caixa’ a empresas tan señeras como Abertis o Naturgy, hoy resulta esencial optimizar las inversiones del grupo en una nueva realidad empresarial. A fin de cuentas, el objetivo último nunca ha cambiado y pasa por garantizar el flujo de dividendos para la obra social. Parece lógico que en un envite de semejante envergadura se impliquen las mejores cabezas.