Ribera y sus decretos 'jardiel' con freno y marcha atrás

Diciembre de 2020. El Gobierno da luz verde a uno de los proyectos estrella de la vicepresidenta Teresa Ribera, véase el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Explicaba ufano el Ministerio que su puesta en marcha permitiría “evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar certidumbre al sistema para movilizar inversiones”. El mecanismo era bien sencillo: las energéticas deberían aportar fondos en función de sus ventas para sufragar los 7.000 millones de euros que cuestan las subvenciones a las renovables, incluidas en el recibo de la luz de los españoles. Repsol, Naturgy&Co., a la sazón los principales perjudicados, montan en cólera y deslizan que, de una forma u otra, ese sobrecoste terminará en la factura. Ribera no se apea y defiende con convicción que el nuevo modelo supondrá rebajas en la factura por encima del 10%. Arranca la tramitación parlamentaria… hasta hoy. De hecho, como en la obra de Jardiel, parece tratarse de un decreto con freno y marcha atrás.

Un año después de alumbrar ese bálsamo de Fierabrás para el sector eléctrico, a finales de 2021, este diario ya publicaba que el PSOE había bloqueado en el Congreso el ‘megafondo verde’ de Ribera, pese a encontrarse ya en trámite de ponencia y el plácet de los grupos parlamentarios en el horizonte. ¿La razón? Una huelga del transporte que amenazaba con paralizar la actividad en plenas fiestas navideñas y un sector en armas por un decreto que trasladaba los costes desde el recibo de la luz a los precios de los carburantes. Mejor tirar de freno de mano. Hace apenas días, casi seis meses después de aquel episodio y con el dictamen de la ponencia finiquitado, volvió a suspenderse la votación del proyecto, alegando que las nuevas medidas sobre el mercado eléctrico que el Ministerio ha planteado a resultas de la guerra de Ucrania podrían afectar al que, antes del advenimiento del ‘tope ibérico al gas’, se vendió como la ‘madre’ de todas las soluciones para el descontrol de los precios. ¿Conclusión? Patada hacia delante y septiembre como la fecha marcada en rojo para aprobarlo.

Sin entrar en el fondo de la cuestión, no parece muy defendible que un proyecto de esa trascendencia y cuya tramitación se planteó por la vía de urgencia duerma el sueño de los justos y aguarde en un cajón durante dos años. Un ‘impasse’ que lleva sin solución de continuidad al corazón del problema, que no es otro que la vigencia y la idoneidad de un modelo basado en la transferencia de rentas de unos clientes a otros. En esencia y en virtud del ‘plan Ribera’, lo que dejan de pagar las compañías y consumidores eléctricos lo abonan el resto de energéticas y los conductores -desde los taxistas a quienes utilizan sus coches para sus desplazamientos laborales- o quienes utilizan el gas para sacar adelante sus negocios. A partir de ahí, las contradicciones que explican el nuevo ‘stand by’ de la iniciativa, quién sabe si por tiempo indefinido. Por ejemplo, ¿tiene sentido que el Gobierno relance un decreto que, según los cálculos del sector, grava con más de siete céntimos cada litro de gasolina al mismo tiempo que se prorroga un descuento de 20 céntimos por el alza de precios?

En la nueva e inquietante dialéctica de inflación y crecimiento, remiendos para otro tiempo como el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico quedan totalmente fuera de onda.

El mecanismo, que ya nació con severas fallas conceptuales, constituye ahora -y las cosas no cambiarán en septiembre- simplemente un despropósito, al punto de ejemplificar toda una gestión carente de previsión y falta de foco. No es un debe solo achacable a esta ministra. La sensación de cualquier observador externo es que todo político que alcanza la gloria y amarra la cartera energética, termina hundiéndose en las arenas movedizas de un sector recorrido por parches regulatorios diseñados a toda prisa para ‘tapar’ parches anteriores, por un exceso de normativa contrario a cualquier afán de transparencia y por un control tácito o explícito de las empresas cuyo código no es fácil de desentrañar. Apurados por los problemas de minuto y resultados, los ‘agraciados’ tienen a olvidar las reformas estructurales para dotar de competitividad el mercado, aquellas que supondrían un verdadero de quebradero de cabeza para el ‘establishment’ pero un alivio para los consumidores. Ya se ha abordado en estas páginas la conveniencia de reflexionar sobre la integración vertical de las empresas, elemento clave en la opacidad de la formación de los precios, o sobre los ‘windfall profits’, un melón que apenas se abre tiende a volver a cerrarse casi por arte de birlibirloque.

El Ejecutivo afronta en las próximas semanas y meses una verdadera encrucijada. Las medidas adoptadas para hacer frente a una inflación en doble dígito, entre ellas el denominado ‘cheque anticrisis’ de 200 euros o las citadas ayudas al carburante, se enmarcan en políticas de gasto cuyo resultado será aumentar la propia inflación. Lejos de atender a recomendaciones como las proporcionadas por el Banco de España, que apostaba por ayudas selectivas y limitadas en el tiempo, el Ejecutivo ha optado por un trazo más grueso. “Es importante que la política fiscal nacional haga uno de su capacidad para actuar de forma muy granular y focalizada”, exponía el gobernador del supervisor, Pablo Hernández de Cos, ya en el mes de marzo. En un documento titulado ‘El contexto económico tras el inicio de la invasión de Ucrania y la respuesta de política económica’ justificaba el carácter puntual de las medidas “por la necesidad de minimizar el impacto sobre los desequilibrios presupuestarios”, véase las dinámicas del déficit y deuda, así como de evitar “un impulso fiscal generalizado” en un contexto inflacionista.

En este punto, es clave que las subidas de tipos que prepara el BCE -veremos a qué ritmo- se acompasen con políticas nacionales equilibradas. Además, el mimo con el que se afronte ese esfuerzo será vital para que la permanencia niveles altos de inflación no coincida con una época de estancamiento económico, la temida estanflación. Desde luego, en esa inquietante dialéctica de nuevo cuño, remiendos para otro tiempo y otro momento procesal como el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico quedan fuera de onda. Eso sí, mientras empresas y analistas ya se ponen la venda de cara a la vuelta de vacaciones, Pedro Sánchez se codea con pompa y boato con sus socios de la OTAN, toma el control de Indra vía rodillo o aparta a un presidente del INE en apariencia poco proclive a reconvenir a sus técnicos para que sus estadísticas sean algo más amables con las pretensiones de Nadia Calviño. El Gobierno, que llevaba media estocada antes de las andaluzas, parece ahora llevarla entera. Es más, si no fuera por las siete vidas de Sánchez ya habría un ‘tercero’ preparando el descabello. Lástima de tiempo perdido.