Rumbo a una banca pública... Cortesía de Iglesias y Sánchez

“Nosotros no estamos cerrados a que haya una banca pública -aseguraba esta pasada semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sembrando el pánico en el sector financiero-. El debate que siempre ha habido en el PSOE y en la izquierda es si el Estado debe tener una banca comercial o una banca de inversiones. Nosotros creemos que tiene que haber una banca de inversiones”. Con esta reflexión, supuestamente promediada, el líder socialista salía al paso de una de las eternas demandas de Podemos. Véase, que Bankia no se privatice y se convierta en el punto de partida para la creación de todo un conglomerado de financiación pública que llegue donde no alcanzan los créditos blandos del Instituto de Crédito de Oficial (ICO). Dicho esto, que en apenas dos décadas se haya llegado a este punto en la discusión, algo impensable cuando el PP llegó por primera vez al poder y arrancó la ola de privatizaciones, demuestra hasta que punto unos han ganado y otros han perdido pie en el debate ideológico.

En concreto, el planteamiento de Podemos que se ha abierto paso y se ha votado en el Congreso parte de la idea de que la concentración del sector bancario frena que los fondos lleguen a las pymes, por lo que se hace necesario “asegurar la canalización del crédito hacia los sectores y actividades estratégicas para la transformación del modelo productivo de la economía española”. Obviamente, lo que no dice la proposición no de ley es que esos ‘sectores y actividades estratégicas’ serían elegidos convenientemente por Iglesias y compañía, por supuesto al margen de los retornos y la rentabilidad de las operaciones puestas en marcha. O dicho de otro modo, intervención pura y dura al servicio de la ideología sufragada, al final del camino, con más impuestos a los ciudadanos. Para ese esfuerzo, sería clave “Bankia y su conversión en el embrión de un polo bancario bajo control social y democrático”.

Como bien explicaba hace ya algunos años José Luis Peydro, prestigioso economista de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), las eventuales bondades de una banca pública quedarían rápidamente eclipsadas por la tentación de los políticos para utilizarla como generadora de rentas para ellos mismos, con las ineficiencias sociales que ello conlleva. “Por ejemplo, colocando a amigos y familiares en el ‘board’ o dándoles préstamos, o subiendo muchísimo los préstamos en año electoral, incluso a empresas que seguro no pagarán, para así ganar las elecciones”, expone en un magnífico post, titulado ‘Podemos, la banca pública y lo que necesita España’. En esta línea, recuerda que la evidencia a nivel mundial demuestra que los bancos públicos tienden a ser mucho más ineficientes que los privados, y recomienda, eso sí, concentrarse en que la regulación a que está sometidas esas entidades sea más fuerte y mejor, así como en desarrollar fórmulas de financiación no estrictamente bancarias.

Lo reseñable es que Sánchez ‘da carrete’ a la polémica y abre otro frente para la banca en un momento especialmente delicado para un sector que todavía está recuperándose del correctivo que le ha infligido la frivolidad del Tribunal Supremo con su montaña rusa en el impuesto sobre las hipotecas. Desactivada en términos económicos la cuestión -que no solo provocó honda preocupación en Francfort, sino que llevó a algunas entidades a temer verdaderamente por su futuro-, ha quedado en los bancos una inquietud de largo aliento por la mancha reputacional que afrontan y que episodio tras episodio va agrandándose. Y es que llueve sobre mojado. Desde la estigmatización por el rescate al vilipendio social por las cláusulas suelo, pasando por los excesos de algunos gestores. Más allá de la necesaria autocrítica y el castigo a las conductas reprobables o hasta ilegales, demonizar a un sector clave para la actividad económica no es el mejor camino por mucho que otorgue réditos políticos.

En esta dialéctica debe entenderse el real decreto que prepara el Gobierno para regular el nuevo defensor del cliente financiero. Una norma que vuelve a zaherir sin matices a las entidades financieras. Como avanzó este diario, el borrador que maneja el Ministerio de Economía contempla, por ejemplo, que el nuevo organismo tenga capacidad para resolver cualquier tipo de reclamación hasta una cuantía máxima de 100.000 euros. Y su fallo será ejecutivo, por mucho que el banco recurra la decisión por la vía contencioso-administrativa. Esto es, el drenaje en el balance será inmediato. Por si fuera poco, el nuevo ombudsman tendrá importantes facultades sancionadoras, con multas que podrán alcanzar el 0,5% de los recursos propios de la sociedad o un millón de euros si la cantidad resultante de aplicar ese porcentaje fuera inferior a esa cifra. Casi nada. Unos planteamientos que, en el fondo, se basan en una convicción por parte de legislador: la banca es culpable hasta que no se demuestre lo contrario.

Como bien apuntaba recientemente Manuel Pimentel en un foro organizado por La Información, resulta inquietante el discurso populista dominante, en el que las empresas aparecen como origen de todos los males y reos por defecto ante cualquier contencioso. No es casualidad que ‘The Economist’, en apenas un trimestre, haya dedicado sendos análisis de fondo a la eventual muerte del liberalismo o a cómo refundar el capitalismo. Con un rosario de elecciones a la vuelta de la esquina, es de prever que el discurso político -y la legislación- incluso se endurezca y adquiera tintes más demagógicos. Flaco favor para una sociedad demasiado instalada en el corto plazo. El todavía consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, aseguraba recientemente -con el Ejecutivo a punto de poner en marcha su impuesto a la banca- que la firma podría plantearse trasladar su estructura legal fuera de España. Por ahí se empieza. El grupo bancario da empleo en nuestro país a más de 20.000 personas. Para reflexionar.