Libertad sin cargas

Sánchez te subirá el sueldo como a los funcionarios... pero aún no lo sabe

Pedro Sánchez
Sánchez te subirá el sueldo como a los funcionarios... pero aún no lo sabe.
EFE

“Tenemos que evitar el efecto de segunda vuelta, que ese alza de los precios acabe impregnando a toda la economía: a los sueldos, a los precios de los alimentos…”, lanzaba Pedro Sánchez al arrancar enero tras comprobar que la inflación escalaba hasta los cielos, alcanzando el 6,5% en tasa anual. Según el criterio del presidente del Gobierno, el IPC desbocado de 2021 no debía en ningún caso repercutirse en lo que cobran los trabajadores, por mucho que estos pierdan poder adquisitivo y sufran cada vez que van al supermercado ese ‘impuesto silencioso’ que merma de forma dramática la capacidad de compra. “Lo que nos dicen todos los analistas es que a mitad de este año estaremos viendo ya una reducción significativa de los precios de la energía”, a la sazón culpables de todos los males a ojos del político madrileño. Un informe de CaixaBank hecho público esta semana y más que oportuno para los intereses del Ejecutivo incluso cuestionaba que el Instituto Nacional de Estadística (INE) mida bien el impacto real en el índice de los precios energéticos, razón de más para evitar tentaciones. ¿Conclusión? Aquí no se suben los salarios. Toca aguantar como legionarios y si alguien sufre para llegar a fin de mes, hágalo de buen grado y en solidaridad con las tesis del inquilino de La Moncloa.

Eso sí, asumido ese escenario, cabría esperar que el Gobierno predicara con el ejemplo y aplicara tan rígidos principios en su propia casa. Y sin embargo, es motivo de mofa, befa y escarnio en los diferentes servicios de estudios del país cómo el propio Ejecutivo, al tiempo que reclama contención salarial para frenar a toda costa una ‘espiral precios-salarios’ en la economía a lomos de la inflación, mantiene en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) un incremento del 2% en las retribuciones de los funcionarios. Es más, el gabinete de socialistas y morados acumula aumentos salariales para los empleados públicos superiores al 7% en lo que va de legislatura. Resulta irónico, viendo los esfuerzos que demanda Sanchez a las empresas privadas, que al anunciarse la subida para las administraciones en 2022 hasta UGT la criticara abiertamente: “Es una nueva pérdida de poder adquisitivo que viene a sumarse a la experimentada este año”. Obviamente, ese alza del 2% acordado en los PGE también se aplicará a las retribuciones del propio Sánchez y sus ministros, a fin de cuentas cargos públicos que contribuirán con esa subida a enquistar todavía más el problema. Paradojas de la vida.

Lo curioso del caso es que ese alejamiento de la ortodoxia cuando interesa, en este caso para complacer a un nutrido contingente de votantes como son los funcionarios, puede dinamitar el discurso oficial. No en vano, parte de la teoría económica establece un ‘efecto correlación’ entre la subida de los salarios en el sector público y privado. Dicho de otro modo, las empresas tienden a imitar los procesos de la formación de salarios que anticipan las administraciones, ya sea por la presión sindical o incluso por el efecto ‘crowding out’ o de expulsión hacia un entorno público bien remunerado y seguro, especialmente en entornos de crisis. Esto es, Sánchez terminará subiéndonos el sueldo a todos si continúa su cortejo a los funcionarios. Así lo constata, por ejemplo, un reciente documento de trabajo promovido por el Banco Central Europea (BCE) y titulado 'Do public wages in the euro area explain private wage developments? An empirical investigation'. El análisis confirma, tras investigar la relación en Francia, España, Italia, Alemana y Holanda entre los años 1997 y 2017, que “existe una respuesta positiva y significativa de los salarios privados a un ‘shock’ en los salarios públicos”.

Sánchez ya tarda en congelar el sueldo de los funcionarios y evitar veleidades con los pensionistas si tanto le inquieta el contagio de la inflación a la economía

Entre las conclusiones aportadas por los analistas Maria Grazia Attinasi, Francesco Berardini y Alessandra Anna Palazzo, llama la atención que el fenómeno no funciona en la otra dirección, véase que un recorte o una congelación de los sueldos en el sector público no genera impacto alguno en el privado. El informe trabaja con diferentes modelos econométricos. Un primer panel de análisis detecta que una variación al alza del 1% en los salarios públicos desencadena en un intervalo de cinco años, cuando su impacto es máximo, un incremento del 0,2% en las retribuciones del sector privado. La aplicación de modelos de proyección locales va mas alla y sugiere incluso que “en periodos de crecimiento positivo de los salarios del sector público el impacto en el sector privado no es ni mucho menos despreciable (del 0,8% tras dos años) y es persistente”. También resulta significativo el hecho de que el efecto se deje sentir de forma “estadísticamente significativa” en Francia, España e Italia, pero no tanto en Alemania y Holanda. Favorece esa tracción el enorme peso del sector público en en la fuerza laboral de país galo -el mayor, con hasta un 25% del total- y del español -inmediatamente a la zaga-.

En efecto, los números dejan poco lugar a la duda. De acuerdo con la última Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública por el INE, la relativa al cierre del año 2021, la cifra de ocupados se situaba en 20.184.900. De ese volumen de trabajadores, 16.709.400 pertenecían al ámbito privado y 3.475.000, al público. Si analizamos la última EPA de 2019, antes del estallido de la pandemia y su golpe devastador al empleo, no es difícil reparar en cómo, con 19.966.900 ocupados totales, las empresas acogían casi el mismo número de empleados que en el pasado ejercicio -16.713.000-, mientras que las administraciones ‘apenas’ contaban en su plantilla con 3.253.300. Es decir, el sector público ha incrementado su dotación de recursos durante la última crisis en más de 220.000 personas, alimentando su fama como red de seguridad para los gobiernos… cuando no como vehículo de clientelismo político. De hecho y según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por Hacienda, que desglosa los efectivos por administraciones, se identifica qué ese aumento de grasa en el sector público se ha producido sobre todo por contrataciones efectuadas desde las comunidades autónomas, que han pasado de 1.499.304 empleados en nómina en julio de 2019 a la friolera de 1.624.811 en el último recuento disponible, véase a julio de 2021.

El Banco de España alertaba esta misma semana de que la inflación media alcanzará el 4% en 2022, un punto por encima que en 2021 y el guarismo más alto en más de una década. Al tiempo, el organismo supervisor que gobierna Pablo Hernández de Cos insistía en la necesidad de no convertir lo coyuntural en estructural y en apostar por la moderación salarial. Si Sánchez se cree lo que él mismo predica y le apuntan los más conspicuos servicios de análisis, ya tarda en congelar el sueldo de los funcionarios y evitar veleidades con otros colectivos -como los pensionistas- para evitar esa transmisión a la economía que tanto le inquieta. Como esa posibilidad parece más un relato de ciencia-ficción en año electoral, no está de más subrayar el doble rasero que el líder socialista y su cohorte de ministros emplean a la hora de abordar el problema de la inflación; es decir, compensaciones para los nichos de votantes afines y el resto, a buscarse la vida. Eso sí, los que no tengan suerte a la primera siempre pueden esperar a que, por la puerta de atrás y en diferido, les lleguen los restos del festín. Es lo que tiene tomar decisiones políticas con un manual de marketing en la mano: puesta en marcha la maquinaria, no hay quien la controle. En realidad y valga el sarcasmo, tampoco parece importar mucho mientras los problemas se los dejemos a nuestros hijos y no afecten mucho a las próximos comicios. Todo sea por el corto plazo. Como decía el clásico, toda la vida es ahora.

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