Las filtraciones de sedición como aperitivo: 'Cui prodest?'

Las filtraciones sobre la sentencia a los políticos del ‘procés’, más allá del indudable mérito periodístico, ponen de nuevo a la justicia española entre la espada y la pared. Que la parte capital del fallo más importante de la reciente historia de España se haya conocido a través de los medios de comunicación no solo cuestiona la discreción en principio inherente a un órgano de la alcurnia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -formada por siete magistrados ahora señalados sin remedio-, sino que directamente pone en solfa el ‘modus operandi’ de un poder en su naturaleza independiente pero cuyas ‘murallas chinas’ quedan más que en entredicho ante la ciudadanía. Salvo postrero y enrrabietado cambio de tercio por parte de un cónclave despechado, el adelanto de la resolución abre la vía a que los juzgados, como ya han adelantado las defensas de los Sànchez, Turull o Rull, se planteen embarrar todavía más el proceso con una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También ha abierto las especulaciones sobre a quién beneficia el movimiento, introduciendo (otra vez y para honrar los precedentes) la política en un debate jurídico. “Cui prodest?”, que diría el clásico.

“Sabremos algo mañana”, concedía a mediados de la semana pasada un conspicuo político, de larga trayectoria en la vida pública y buenas conexiones. No era el único con acceso al epicentro del fallo, si hay que hacer caso a lo que unos y otros vienen insinuando en los reservados madrileños. Como bien recuerda un ilustre jurista, buena parte de los magistrados no solo están adscritos a asociaciones profesionales moderadas o progresistas, según el caso, sino que su carrera depende en gran medida de decisiones políticas. Esto es, la política marca a fuego la justicia, uno de los dramas de una sociedad en busca de regeneración. Basta recordar cómo el propio presidente de la Sala, Manuel Marchena, perfil de independencia probada a lo largo de toda su trayectoria, renunció en su momento a presidir el CGPJ y el Supremo pese al acuerdo de los dos principales partidos políticos después de que desde el PP se dejara caer su capacidad para controlar el órgano jurisdiccional “por detrás”. No es de extrañar que haya reaccionado con disgusto por lo sucedido. Dicho lo cual, la pregunta sigue en pie: ¿A quién beneficia?

Desde luego, y si se confirma el fallo, el Gobierno de Pedro Sánchez puede respirar aliviado. Desde el fondo del asunto, que el Tribunal Supremo haya abrazado la tesis de la sedición -defendida por la Abogacía del Estado, a la sazón controlada por el Ejecutivo, y en contra del criterio de la Fiscalía- facilita sobremanera la gestión de la post sentencia. Y lo hace tanto desde el punto de vista de los pactos y la aritmética electoral como de la calle. En el primer punto, la cuestión está clara si se tiene en cuenta que, desde Moncloa, se juega sin ambages a la gobernabilidad más que al número de escaños. Desde el punto de vista de las movilizaciones, sacar de la ecuación electoral graves altercados en Cataluña también interviene en favor de quien lleva la delantera y prefiere que nada altere el marco -el todos contra Sánchez- en el que se desarrolla la campaña. Por ello, que se haya ‘pinchado’ informativamente la sentencia, además en fin de semana, servirá para digerirla y atenuar la reacción de los más exaltados cuando se conozca oficialmente la posición del Supremo.

Como segunda derivada, el pronunciamiento en favor de la sedición será también bienvenido por esa parte de la sociedad catalana -en la que desde hace años se mueven ilustres representantes del Ibex- que prefiere pasar de puntillas por el conflicto y resolverlo desde la equidistancia. No falta quien en ese entorno ya echaba cuentas tras las primeras filtraciones sobre cuándo los presuntos condenados podrán obtener el tercer grado y salir de prisión, especialmente los vinculados a organizaciones civiles. Como ya se refirió en su momento desde esta tribuna, no era raro escuchar en esas élites incluso antes del 1 de octubre de 2017 avisos sobre el “choque de trenes” que se avecinaba y la amenaza que suponía para sus empresas y para las economías catalana y española. Pese al traslado de las sedes de muchas de esas firmas -¿qué podían hacer?-, ese discurso sigue siendo abrazado o reformulado más o menos ‘sotto voce’ por muchos empresarios y ejecutivos como un clavo ardiendo al que agarrarse, como el remedo de un pasado mejor. No obstante, aunque se esfuercen, no entienden que esa guerra fría, esa zona muerta sobre la que edificaban sus cuentas de resultados, ya nunca volverá.

¿Quién pierde con lo que ha pasado estos días? Por ahora, está claro que la justicia, la misma que malvive entre bandazo y bandazo en el ámbito económico. No es ocioso recordar de nuevo el esperpento escenificado por el Tribunal Supremo a resultas del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y cómo los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, por temor a la repercusión social de la decisión, frenaron el fallo que obligaba a los bancos a sufragar el gravamen. A ojos del público, una suerte de enjuague con los tribunales haciendo el juego -y la última línea de los balances- de las entidades financieras. Salvando las distancias, no falta quien, a estas alturas, ya habla de la sentencia del ‘procés’ como un parche para cubrir un roto sobre el que habrá que volver tarde o temprano. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ya ha dejado claro que si hace falta habrá nuevos 1-O, y que su hoja de ruta rumbo a la república catalana no cambiará. Con o sin cargo, en la cárcel o en la calle, con sedición o con rebelión. Se podrá compartir o no algarada, pero él al menos lo tiene claro.