Miércoles, 19.12.2018 - 05:31 h
Libertad sin cargas

Teresa Ribera o cómo llegar al infierno con las mejores intenciones

Dice la frase apócrifa que “el camino que lleva al infierno está pavimentado con las mejores intenciones”. Y no cabe duda alguna de que la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, alberga las mejores. ¿Quién puede rebatir la necesidad de descarbonizar la economía? De hecho, es el signo de los tiempos. Del mismo modo, ¿alguien puede rechazar la aspiración de un país ‘verde’ que camine hacia un 35% de penetración de las renovables en 2030 y del 100% en 2050? Incluso es fácil dar el plácet a que todos los coches sean eléctricos en ese mismo 2050, en línea con el resto de países de nuestro entorno. Sin embargo, cuando las metas son tan de largo plazo, entre las habilidades -y responsabilidades- del político debe encontrarse atemperar el discurso para hacer la transición digerible a muchas industrias, algunas de las cuales -de hecho- ya avanzan por la senda correcta en la medida que la tecnología lo permite. Por el contrario, en apenas seis meses, la ministra ha sido capaz de sembrar el pánico por doquier, presa de su aparente incapacidad para manejar los tiempos y las propias contradicciones de su sector.

Lo ha hecho, para empezar, en su propio partido. Como bien subrayaba recientemente en estas páginas Santiago Carcar, su gestión del ‘caso Alcoa’ -un ejemplo de libro de los problemas que acarrea la transición energética- ha levantado en armas al presidente de Asturias, Javier Fernández, a la sazón cabeza visible de la gestora socialista que precedió a la irrupción de Pedro Sánchez como líder de la formación. A fin de cuentas, es Fernández quien tendrá que ‘comerse’ el eventual cierre de la planta y el problema social en forma de pérdida de puestos de trabajo. No es de extrañar que desde el entorno del propio presidente asturiano, formado por personalidades tan conspicuas en el partido como Cristina Narbona, se hable sin ambages de los “radicales” planteamientos de la ministra y de la inseguridad que generan en un sector golpeado con dureza por los anuncios de EREs y cierres desde firmas como Vestas, La Naval o la propia Alcoa. Y claro, desde la presión, el paso atrás y la incoherencia. Transición Energética planea ahora un Estatuto de Consumidores Electrointensivos para sofocar el incendio.

Esta semana pasada, dos nuevos acontecimientos han vuelto a evidenciar los problemas de un Ministerio que parece trabajar solo con la mira puesta en las próximas décadas (o, con un punto de maldad, en las próximas elecciones). El martes, Ribera ponía fecha de caducidad al coche de gasolina y diésel, cuyas exequias se preparan para el año 2040. Más inquietante, dejaba en un limbo a los vehículos híbridos, que en tanto funcionan también con combustibles fósiles parece que quedarán desde ya en el lado oscuro de la ecuación. ¿Resultado? Que la industria -y seguramente el comprador- ya han interpretado que la nueva normativa en ciernes no contemplará subvenciones a este tipo de coches, con el consiguiente enfado de la patronal. Es más, Anfac ha alertado de un más que seguro frenazo de las ventas justo en el momento en que la venta de unidades híbridas cogía vuelo. “Se cercena la transición desde el minuto uno. El híbrido y el gas son herramientas excelentes y esto solo conseguirá que la gente vuelva a la gasolina”, se lamentaba.

En consecuencia, ¿no cabría un discurso más promediado -o una comunicación mejor y más precisa sobre el futuro de los híbridos- para seguir favoreciendo una transición en apariencia deseable? De hecho, el planteamiento ya amenaza con tener consecuencias en otra industria incipiente, con los proyectos de algunas de las principales compañías de este país en el disparadero. No en vano firmas como Repsol, Cepsa o Naturgy trabajan desde hace años en el desarrollo de vehículos adaptados al gas natural licuado y comprimido. Curiosamente, aunque no sea del dominio público, se trata de iniciativas más extendidas incluso que el vehículo eléctrico. Y que, según expone un reciente estudio elaborado por Applus, permiten recorrer trayectos largos con menos emisiones, en tiempos mucho más asumibles y con costes razonables. Pues bien, con el último movimiento, Ribera ha logrado también extenderles la incertidumbre.

Por si fuera poco, apenas días después Endesa comunicaba al Gobierno su decisión de cerrar la central térmica de Andorra en 2020, certificando la crónica de una muerte anunciada. Más allá de las responsabilidades de la empresa -que no puede bajo ningún concepto desentenderse del problema que supone una bajada de persiana para la región en términos de empleo y desarrollo-, Ribera se ha limitado a asegurar a los trabajadores que no dará luz verde al punto y final de la central sin un plan de acompañamiento. Sin embargo, como bien señala en su editorial Heraldo, que conoce bien la problemática que se avecina, “esas palabras no bastan de ninguna manera para tranquilizar a los trabajadores ni a los ciudadanos de Andorra y Ariño ni a las instituciones aragonesas. La amenaza que pende sobre la comarca andorrana afecta en el fondo a toda la comunidad, que tiene que hacer frente al grave problema de la despoblación y ve cómo su territorio y sus gentes pueden recibir un golpe fatal”. Dicho de otro modo, ¿pueden dormir tranquilos los trabajadores afectados cuando la ministra que podría defender sus intereses es el adalid del final de la era del carbón? Mejor rezar a Lambán.

No lo tiene fácil el Ministerio ‘Minority Report’ de Teresa Ribera. Diseñar el futuro, o incluso saber cómo queremos que sea, es un principio loable. Y poner los medios para llegar a cumplir esos objetivos -en la medida en que estos sean compartidos por los ciudadanos- es obligación de los gobernantes. También es una responsabilidad de todos con la vista puesta en nuestros hijos y el país que heredarán. Dicho esto, el camino tiene que ser asumible en términos sociales y económicos. Y acompasar ese proceso está en el debe de quienes mandan. Demonizar al comprador de un coche diésel -los menos contaminantes de la historia de esa tecnología- cuando el único plan B admisible es un vehículo eléctrico, cuya compra hoy en día dinamita la economía de una familia media, es más propio de iluminados que de políticos. Lo mismo que permitir que un padre de familia de Andorra se quede sin trabajo sin una alternativa explícita y tangible. Ribera, tal vez, debería recuperar a Voltaire y asumir que “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Sobre todo para quien busca llegar a fin de mes.

Ahora en Portada 

Comentarios