TVE y su década perdida... a la espera del 'dedazo' de Pedro Sánchez

“Nunca hubierais creído que esto se iba a producir -lanzaba exultante a su auditorio el presidente de Mediaset, Alejandro ‘Alechu’ Echevarría-. Estamos muy contentos por las cosas que el Gobierno está haciendo por nosotros. Y sobre todo por lo que está haciendo una persona honesta, que cuando dice sí es sí y cuando dice no es no. Y esa persona es María Teresa Fernández de la Vega. Gracias a ella se ha conseguido un diálogo muy fructífero”. Corría el mes de abril del año 2009 y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero acababa de anunciar el final de la publicidad en TVE. Con esa ‘ayuda’ -y también apoyados en equipos superlativos que han hecho del control de costes un arte-, tanto Telecinco como Antena 3 lograron transitar por la crisis sin apuntarse números rojos. En paralelo y desde entonces, la televisión pública es un personaje desamparado en busca de autor, de un político con altura de miras que apueste por definir para ella un modelo editorial y de financiación estable y creíble, antes que entender el medio como una forma de controlar y diseminar la información a su antojo.

Lo vio claro quien, en época de la hoy flamante presidenta del Consejo de Estado, dirigía la Corporación. Luis Fernández, el primer presidente de RTVE elegido por el Parlamento y el último capaz de gestionar la caja al tiempo que definía con criterio la parrilla, se plantó y decidió marcharse en el mismo momento en que la publicidad voló. Y es que Fernández, poco dudoso en su proximidad a Zapatero, era consciente de una realidad que muchos prefirieron obviar. Según sus tesis, para ser relevante, hay que competir en audiencia. Y para ello, es imprescindible manejar fondos -50 millones de euros garantizan un punto de ‘share’-. En consecuencia, si tu cuenta de resultados y tus ingresos dependen solo del BOE, tarde o temprano lo normal es que sufras recortes -como, de hecho, así fue en cuanto la crisis económica arreció- o que no dependas de ti mismo para crecer. Discutible o no, Fernández tenía en la cabeza un modelo, compatible -según defendió- con el cumplimiento del servicio público. Los que vinieron tras él, sin embargo, han gestionado la miseria.

El primero en sentarse tras él en el potro de tortura que es Prado del Rey fue Alberto Oliart. Ministro con Adolfo Suárez y con un curriculum de servicio al Estado intachable, llegó a la presidencia de TVE con más de 80 años y un conocimiento nulo del medio. “Yo creía que la parrilla de televisión era donde se asaban costillas”, llegó a bromear en una de sus primeras comparecencias parlamentarias. En otra puso en valor una serie porque era la preferida de su mujer. Su inane periplo por la Corporación dejó paso, allá por el año 2011, a una época calamitosa, aquella en la que los consejeros se rotaron durante meses en la presidencia de la Casa para paliar un vacío de poder imposible de llenar desde el acuerdo político. La ‘rueda’ no sólo acrecentó la parálisis institucional y de gestión en los estertores de la era Zapatero, sino que alumbró un modelo caótico que Pedro Sánchez parece aspirar a repetir con el real decreto aprobado el pasado viernes tras concluir el mandato de José Antonio Sánchez. Una forma de demostrar cómo, al menos en RTVE, tropezar en la misma piedra parece rutinario.

La época del PP al frente de la empresa, no obstante, tampoco es para sacar pecho. Allá por mediados de 2012, Mariano Rajoy, siempre distante de la problemática de periódicos y televisiones, optó por Leopoldo González-Echenique, desconocido en el sector, para presidir la Corporación. Entre sus méritos, eso sí, ser miembro de la promoción de abogados del Estado de 1996, la denominada La Gloriosa, cantera de buen número de altos cargos de la administración pública y luego de la empresa privada. A ella pertenecen, por ejemplo, nombres ilustres como Jaime Pérez Renovales o Miguel Temboury. No era González-Echenique un nombre extraño para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, encargada en primera persona de la gestión de los medios de comunicación en esa etapa y miembro ella misma de la promoción de 1999. Quienes trataron al presidente en esa época destacan su fabulosa capacidad para memorizar en apenas minutos cuatro folios de respuesta parlamentaria… y su absoluto desconocimiento del medio. Llegó para gestionar unas finanzas díscolas y topó con Montoro, que no estaba por la labor de darle árnica en pleno ajuste presupuestario. Con su sustituto, José Antonio Sánchez, el PP no quiso más rebeldías y apostó por un profesional de la cosa. En sus primeros pasos en el Congreso, reconoció que había cobrado del PP cuando era cronista del diario ‘ABC’. No había nada que ocultar. Tampoco mucho más que decir.

Camino de una década perdida para la televisión pública, la llegada de Pedro Sánchez al poder tampoco hace presagiar un cambio de tercio. Su forma de acceder a La Moncloa y los apenas dos años de legislatura con que cuenta para convertir su gobierno en la mejor plataforma electoral posible, hacen de la televisión publica un altavoz demasiado apetecible como para renunciar a él. Al punto que el líder socialista no ha querido esperar al concurso público en marcha para elegir nueva cúpula de la Corporación -un proceso que puede durar entre cuatro y seis meses- y ha optado porque su primer real decreto sea para forzar la renovación del Consejo de Administración. Esto es, el Gobierno quiere en 15 días un nuevo presidente “del mundo audiovisual, de experiencia contrastada y alguien inapelable”. Palabras tan repetidas en el tiempo como vacías de contenido y que, al personalizar el problema, normalmente esconden la ausencia de una hoja de ruta o una idea de fondo sobre cuál debe ser el futuro de los medios públicos -¿alguien se preocupará en algún momento de la Agencia Efe?-. Este episodio, con una legislatura exprés que tendrá los gestos como principal leitmotiv, apunta a otra guerra partidista con el trasero de TVE recibiendo los azotes.

En febrero de 2005, el ‘comité de sabios’ al que Zapatero encomendó elaborar una aproximación para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado hacía públicas sus recomendaciones. Es aterrador recuperar hoy ese documento y constatar cómo la mayoría de los deberes que se imponían siguen pendientes más de 13 años después. Peor aún resulta certificar que parte del diagnóstico sigue siendo el mismo. Por ejemplo, las conclusiones del informe destacan como una “evidente deficiencia” el “sistema de nombramiento gubernamental” del máximo responsable de la Corporación, “que lo sitúa bajo la continua sospecha de intervencionismo”. También subraya el “control débil y deficiente” de los órganos de administración y cuestiona el modelo económico, abogando por una financiación mixta. Hoy, parece una utopía que, en una vida política presa del cortoplacismo, siquiera se vuelva a reflexionar con cierta calma sobre la cuestión. Todo un déficit de calidad democrática.