“El problema catalán plantéase estos días tal vez en más aguda forma que en otras ocasiones. Los mismos hombres que años atrás parecían representar tendencias muy extremas del catalanismo se ven rebasados por otros más radicales”. Corría el 9 de enero de 1923, hace ya casi un siglo, y Salvador de Madariaga glosaba en un editorial publicado en ‘El Sol’ un fenómeno que de forma recurrente irrumpe en la realidad política y social española. El rebrote de la última década, culminado con la deriva secesionista escenificada el 1 de octubre de 2017, no parece a punto para amainar a tenor del resultado de las elecciones celebradas en Cataluña. Más allá de la formación de gobierno -en manos del independentismo-, la suma de votos retrata de nuevo una sociedad dividida casi a partes iguales entre los partidarios de preparar una nueva carga en pos de la independencia y quienes propugnan un modelo enmarcado en la Constitución. Nada que no se supiera. Un escenario diabólico que, con toda seguridad, seguirá marcando a fuego la gobernabilidad nacional y, desde luego, debilitando la posición económica de la región, enfangada en debates ideológicos -y del todo viscerales- mientras sus empresas y su actividad retranquean sin remedio.
No obstante, como hemos visto esta semana, Cataluña no deja de ser una fuerza centrífuga más de las muchas que apuestan por dinamitar un modelo a partir del cual España ha cimentado décadas de desarrollo económico y social. Sin ir más lejos, cual caballo de Troya y con inmarcesible contumacia, Pablo Iglesias cuestionaba en estos días la existencia de una democracia plena en el país, dando alas a quienes más se esfuerzan por ponerla en solfa, empezando por los separatistas catalanes. Paradójico, en todo caso, que ese discurso se alumbre desde un Gobierno necesariamente constitucionalista. Si esa es realmente la opinión del vicepresidente segundo, y no hay razón para creer lo contrario en vista de su insistencia, la cuestión es cómo no ha presentado ya su dimisión y sigue formando parte de un gabinete con poderes ejecutivos para transformar esa realidad que tanto le repugna. Si, por el contrario, como argumentaba la portavoz del Gobierno, la inefable María Jesús Montero, la deriva del líder de Podemos debe interpretarse en clave electoral, simplemente estamos ante un irresponsable de marca mayor, al que la imagen del país en el exterior le trae al pairo. Y por si fuera poco, tampoco el desempeño de En Comú Podem permite sacar pecho.
Eso sí, ante el pulso de Iglesias, ¿cabría esperar esperar algo de Sánchez? Atareado en otros menesteres, lo más relevante que ha hecho el presidente del Gobierno en estas semanas es designar como candidato a la Generalitat al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Un movimiento que, esencialmente, demuestra que el único proyecto socialista para Cataluña es el que marcan las encuestas y las opciones de triunfo electoral, muy en línea con el tacticismo imperante en la Moncloa que gobierna Iván Redondo. No en vano y en aras a un posible éxito en las urnas, Sánchez sacrificó sin torcer el gesto a quien ha llevado el peso de la política regional durante estos años de presión separatista. Miquel Iceta, que ha visto recompensadas tanto su resiliencia como su falta de tirón electoral con un ministerio, no tiene razones para la queja. El magnífico resultado obtenido por Illa, que no solo quedará marcado por episodios puntuales de su gestión de la pandemia sino también por ocultar la verdad sobre su nombramiento como aspirante, no oculta que la apuesta de Ferraz pasaba por asaltar el Govern, algo que se antojo remoto a la vista de que los 'indepes' suman.
Las incertidumbres económicas no son privativas de una región. Empresas y economía catalanas han retrocedido desde que el independentismo embarró el terreno de juego y convirtió balances y presupuestos en una nota a pie de página
Y es desde esa falta de proyecto de los partidos nacionales mayoritarios para Cataluña desde donde también debe entenderse la nueva debacle del Partido Popular en esa comunidad autónoma. La implicación en la campaña del secretario general del partido, Pablo Casado, hace si cabe más doloroso el envite, quién sabe si con consecuencias para su liderazgo en Madrid. Sobre todo porque el resultado de Vox, continuación de su desempeño electoral en términos nacionales, resulta inquietante en tanto radiografía de una sociedad polarizada y presa del desencanto, proclive a ‘comprar’ mensajes de confrontación sin considerarlos con demasiada hondura. La misma presión -por definirlo con generosidad- que ejerce el partido de Santiago Abascal hacia los medios de comunicación, muy similar a la que plantea el de Pablo Iglesias, ayuda a construir nuevos enemigos y delimita el entorno de crispación en el que ambos partidos se mueven como pez en el agua. Lamentablemente, ningún piloto avezado se ha atrevido a recorrer la autopista en el centro electoral que ambas apuestas políticas han dejado asfaltada. Los ‘populares’, por ahora, no han armado un liderazgo moderado capaz de ofrecer un modelo de convivencia alternativo, también en lo económico y lo fiscal para ciudadanos y empresas. Sánchez, el tuerto en el país de los ciegos, lo viene aprovechando para reinar en la ciénaga.
Las incertidumbres económicas que afronta España no son privativas de una u otra región. Con una caída de la producción por encima del 10% el año pasado, un 2021 más que incierto y una deuda pública disparada rumbo al 130% del PIB, identificar problemas y soluciones sin caer en debates periféricos y estériles se antoja un ‘must’ para cualquier dirigente político. En este contexto, las empresas y la economía catalanas han dado varios pasos atrás desde que el desafío independentista embarró el terreno de juego y convirtió balances y presupuestos en una nota a pie de página. Provoca cierta aflicción recordar los encuentros que, de manera periódica, se mantenían hace no más de un lustro con altos ejecutivos de grandes empresas del Ibex radicadas en Cataluña. En todos ellos, al aflorar el tema, se advertía con desazón el choque de trenes que se avecinaba y el impacto que esa colisión tendrían el tejido empresarial. “¿Pero nadie lo denuncia públicamente?”, se les inquiría. “Somos directivas de empresas reguladas y con intereses con la administración -se admitía ‘sotto voce’-. ¿Qué podemos hacer?”. Hoy, en un abrir y cerrar de ojos, buena parte de esas firmas no solo han trasladado su sede, sino que incluso están en otras manos o sufren ingentes descensos de la facturación.
Incluso, mirando hacia delante, muchas de esas conspicuas sociedades, ahora con sede en Madrid, Valencia y también en Cataluña, aguardan con ansiedad a que se libere la lluvia de fondos comunitarios que debería servirles para garantizar una supervivencia que pende de un hilo por culpa de la pandemia. Hasta 27.000 millones en ayudas contemplan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2021, la primera remesa de un bálsamo de Fierabrás de 140.000 millones -más de 70.000 en ayudas directas - que, en este caso, no vendrá del siempre vilipendiado Gobierno central, sino de los cuarteles generales de la Union Europea. Madariaga, que en su día anticipó el desgarro que podía provocar en España el cóctel de comunismo y separatismo, al tiempo que alentaba un federalismo al que poco tiene que envidiar el desarrollo autonómico actual, también fue capaz de vislumbrar la dimensión europea de España, en cuyo germen institucional llegó participar durante una larga y fructífera existencia que cubrió gran parte del siglo XX. “Procure Cataluña imaginar su destino cuando, quebrantada más de lo que ya está la unidad ibérica, quede la península balcanizada, obligada a bajar tres cabezas antes voces autoritarias de fuera -se le escucha desde nuestros días-. Escudriñe su corazón y quizá descubra entonces en su actitud caracteres de deserción”.
