¡Venga, valientes! Ahora toca subir el coste del despido

“Derogaremos la reforma laboral”, estallaban con entusiasmo casi revolucionario PSOE y Podemos en su acuerdo de coalición. Claro que, viendo los últimos datos de empleo, a lo mejor compensa pensárselo un poco. No en vano, el mejor febrero desde el año 2015 alumbró esta pasada semana un incremento de la afiliación en 86.000 personas. Un ministro de Trabajo, sea de Podemos, PP o Vox, tiene una espada de Damocles mensual cada vez que la Seguridad Social proporciona sus guarismos. Con una reválida trimestral, que es la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por tanto, una cosa son las críticas que puedan lanzarse desde un confortable sillón de la oposición y otra las medidas que implementan cuando uno tiene que dar la cara para defender la política laboral y se juega el puesto. Bajo este prisma, parecería que el ardor guerrero inicial debería limitarse a finiquitar el despido por absentismo o la prioridad del convenio de empresa sobre los sectoriales. Claro que, visto lo visto, los tiros no van por ahí.

Y es que la flamante ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha quitado la careta y parece dispuesta a ignorar el ejemplo de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que durante estos meses ha demostrado su ‘expertise’ en no jugar con las cosas de comer. Es decir, en tocar lo menos posible aquello que ya funciona. Por el contrario, la política gallega, heredera de conspicuos sindicalistas, jalonaba esta semana con una polémica guía para abordar la crisis del coronavirus, publicada previo ‘puenteo’ de Sanidad y sin consultar a los empresarios. Estos, perplejos ante unas recomendaciones que firmaría sin ambages el más aguerrido de los líderes de CCOO, leían cómo el Ministerio avalaba que los propios trabajadores pudieran interrumpir a voluntad su actividad laboral y abandonar el centro de trabajo a su antojo en caso de percibir un riesgo para la salud. Si se trataba de generar alarmismo, prueba superada. Si buscaba levantar en armas a la patronal, también bingo. “Podría poner patas arriba el sistema productivo”, lamentaba Garamendi.

De hecho, el presidente de la patronal no gana para sustos con Díaz. No en vano, días antes se había desayunado con la posibilidad de que el Ejecutivo, en su afán por rapiñar fondos de donde se tercie para cubrir sus ingentes necesidades de gasto, acometa una subida de las bases máximas de cotización. Un movimiento que supondrá un indeseado incremento de los costes laborales para las empresas, justo en un momento de notable incertidumbre económica por el virus de marras. Ante semejante presión, no es difícil imaginar quién terminará fregando los platos si la última línea de los balances queda en rojo. Por otra parte, pese a haber transcurrido apenas 50 días, muy lejos parece aquella foto de ministra, sindicatos y patronal, en la que las tres partes escenificaban en buena armonía la subida del SMI a 950 euros. Garamendi, que bajó la guardia en el primer envite ante el mal mayor que suponía el alza hasta los 1.000 euros que cortejaba el ministerio morado, tiene ya pocas razones para no velar armas, como le pide parte de su organización. Una torpeza infinitiva de la ministra no dejarle salidas.

Lo que sucede es que, a tenor de los planteamientos expuestos, puede ser que la intención real de Díaz sea envidar a grande y reventar con todas sus consecuencias el modelo laboral, lo que para muchos empresarios implicaría volver a tiempos mucho más oscuros. Para eso, nada mejor que quitarse complejos -si es que alguno le queda- y endurecer el coste del despido, una vuelta de tuerca que el Ejecutivo aún no se ha atrevido a esbozar en público pero que, como adelantó Bruno Pérez en La Información, maneja entre bambalinas. No es casualidad que Trabajo ultime un informe sobre los costes de despedir en España en relación con los países de nuestro entorno. Si a la luz de ese dossier el Ejecutivo infiere que las causas de extinción de la relación laboral deben aquilatarse mejor de lo que contempla la reforma laboral, no será necesario siquiera que modifique al alza las indemnizaciones económicas para dar el golpe de gracia a las compañías en apuros. Una deriva inquietante porque, aunque escueza en formaciones tan intervencionistas, no es ocioso recordar a Podemos que son las empresas, y no los gobiernos, quienes crean y destruyen puestos de trabajo.

El PSOE ha tenido tradicionalmente la habilidad de encontrar un perfil moderado en economía que sirva -al menos en un primer momento- para tranquilizar a los mercados y al Ibex frente a las veleidades de los más díscolos del gabinete. No era otra la función de Pedro Solbes durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que nominalmente actuó como último bastión frente a la heterodoxia del propio presidente y de su brazo armado en la Oficina Económica, véase Miguel Sebastián. Como es sabido, el de Pinoso terminó llorando por las esquinas, pidiendo a voces -hasta en público- su relevo y escribiendo un libro plagado de excusas y justificaciones años después, cuando ese agua no movía molino. En el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el rol de Calviño es si cabe más relevante, si no vital, en tanto a menudo llegarán a su mesa iniciativas no heterodoxas, sino políticas imbricadas en el comunismo más clásico. Está por ver si Calviño, cuyo equipo de comunicación renunciaba en bloque esta semana, termina siendo un remedo de Solbes o, por el contrario, logra mantener el mar en calma.

No es de extrañar que PSOE y Podemos se hayan apresurado a convocar la mesa de coordinación entre ambos partidos ante la deriva de los acontecimientos. Lo peor es que Carmen Calvo, la primera de los vicepresidentes y una de las principales damnificadas en su tarea de amalgamar el gabinete, ya anticipó lo que pasaría. Lo hizo en el verano de 2019, en el periodo de ‘entreelecciones’ y cuando los socialistas habían descartado un gobierno de coalición. “No queremos llevar al Gobierno de la nación a un día a día imposible”, dijo en una entrevista radiofónica, zanjando: “Estamos en culturas muy distintas”. Que, al final, es lo que estamos viviendo en el apenas mes y medio de ensayo. Así seguiremos sin solución de continuidad. Porque la escorada ideología de las huestes de Iglesias no solo se traslada a las propuestas -algo muy grave cuando se trata de un ministerio clave como Trabajo- sino que permea de estridencia hasta las formas. Todo dependerá del aguante de Sánchez. Y no hay nada que temer, porque es mucho. Unos presupuestos, tres años y a estudiar las encuestas. Lo de menos, la tierra quemada.