¿Y si los fondos activistas pescan en el río revuelto de Ribera y la CNMC?

Arranca julio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lanza su nueva propuesta de ingresos para la distribución de electricidad y gas y, de un plumazo, con conocimiento de causa, dinamita el mercado. Con un recorte duro del 7% y el 18% para esas actividades, respectivamente, provoca una escabechina en un sector que hasta entonces vivía de espaldas a las miserias de la banca y las telecos en bolsa. La pérdida de valor en el parqué, en apenas días, se acerca a los 7.000 millones de euros. Sufren, sobre todo, las gasistas. Naturgy, por ejemplo, cotizaba el día 3 en 24,89 euros; cinco días después pierde la cota de los 22,5 euros. Enagás, empresa clave en tanto gestor de la red y participada por la SEPI, se movía confortablemente por encima de los 23,5 euros. El día 12 de julio, entre un mar de incertidumbre, se asoma a la barrera de los 19 euros. La amenaza de un ‘profit warning’ o de reducir dividendo es más que manifiesta. Toda una debacle general que las eléctricas, algo menos afectadas, logran contener a duras penas. ¿Tiene sentido que una circular del regulador pueda provocar tal impacto?

“Tenemos que reflexionar como país -explica un diputado con larga trayectoria en el sector de la energía-. Estamos hablando de un sector y de unas empresas estratégicas, en ocasiones con participación del Estado. El dinero que sale de la bolsa terminará entrando por otra vía. Ahora estamos tomados por firmas de inversión y capital riesgo, cuyos ciclos de inversión y falta de compromiso con la economía española ya nos generan dudas. Peor sería que el dinero, en unas firmas cada vez más baratas, viniera de fondos activistas, con lo que eso supone de exigencias y complicaciones. Hay que monitorizar este ‘modus operandi’ para la toma de decisiones”. Y es que, en efecto, aunque las empresas aún disponen hasta el primer tercio de agosto para presentar las alegaciones pertinentes y el Ministerio de Transición Ecológica trabaja en su informe sobre la circular, ya se han abierto vías de agua que parece difícil de taponar, por mucho que los ajustes puedan todavía suavizarse.

Por ejemplo, y según aseguran fuentes del sector, los fondos presentes en las empresas españolas no piensan quedarse cruzados de brazos y ya se han movilizado, al punto de remitir misivas más o menos duras a los principales actores del sector. En esencia, quieren explicaciones después de que, por ejemplo, firmas como RBC, Kepler Chevreaux, JP Morgan y Bankinter hayan recortado sus valoraciones para Enagás o Naturgy entre un 10% y un 30%. Consideran, todavía moviéndose entre bambalinas y sin hacer demasiado ruido, que se está atentando contra la seguridad jurídica, al estilo de la ‘era Zapatero’ y el cambio de retribución a las energías renovables, en esencia a la fotovoltaica. Un revés aquel por el que todavía se pierden arbitrajes a gogó. Argumentan, en esta línea, que si entraron en el sector energético español fue precisamente por la estabilidad de los ingresos. Y es que los BlackRock, CVC, GIP se han hecho de oro con el ‘bono’ que suponen unas rentabilidades reguladas por el BOE en épocas de tipos a cero.

Por otra parte, España todavía no ha sufrido en sus carnes la presión de fondos activistas, que pueden llegar en una segunda oleada al sector para defender sus intereses y sus principios de buen gobierno. La cuestión no es baladí y hay ejemplos cerca -tan cerca como la Península Ibérica- de cómo pueden impactar estas agresivas políticas incluso en corporaciones estratégicas para el país. Sin ir más lejos, Elliot Management, el archiconocido fondo que lidera el temido Paul Singer, se ha opuesto con fuerza -pese a no contar ni con el 3% del capital- a los proyectos de China Three Gorges en la portuguesa EDP, también presente en el mercado español de electricidad. Como ya publicó La Información, la apuesta ‘verde’ para la compañía lusa que defiende la firma americana está también apoyado por la Administración Trump, siempre recelosa de los movimientos del país asiático en Europa. La realidad es que los fondos activistas, que ya han provocado terremotos en países como Italia -recuérdese el episodio de Telecom Italia- apenas si han pisado tierra patria. De los casi 60.000 millones de euros que estas entidades tenían invertidos en todo el mundo en 2018, España apenas ha visto aparecer de soslayo a Amber, Oceanwood o Polygon en sociedades como Prisa, Liberbank o Realia.

Los documentos internos que manejan las compañías gasistas, desvelados por este diario la semana pasada, inciden también en un punto inquietante, véase que los borradores de circulares publicados por la CNMC y la posición del Ministerio responden a un mismo interés: demonizar el gas como energía de transición a favor de las renovables y las redes eléctricas. Solo ese enfoque explicaría los acelerados ritmos marcados por España para cumplir con ese proceso y según los cuales el 42% de la energía en su uso final procederá en 2030 de fuentes ‘eco’. Un porcentaje superior en diez puntos al que nos correspondería y por encima de Alemania, Francia e Italia, que se mueven entre el 30% y el 32%. “Estos objetivos solo pueden entenderse desde un punto de vista ideológico, además de ingenuo. En aras de esta ideología se sacrifica el crecimiento, el empleo, la industria y el bienestar de la sociedad actual”, rezan esos ‘papers’.

Aunque sería un error no abrazar el ‘giro verde’ que enriquece las economías y sociedades desarrolladas, también lo es precipitar decisiones que pueden empobrecer la calidad de vida de los ciudadanos. Es más, Ribera y Marín Quemada saben sin duda que, aunque el debate ideológico lo aguanta todo, no hay gobierno que soporte un apagón. Las renovables, a día de hoy, no pueden almacenarse y son imprescindibles las tecnologías de ‘back up’ o de respaldo. En plena descarbonización y con las nucleares en retirada, el gas debe tener un papel relevante en el mix, como por otra parte bien recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). No parece razonable que, en paralelo a ese reconocimiento explícito, se haga todo lo posible por criminalizarlo y se vean amenazadas las inversiones en redes. Sin contar con que los ’players’ económicos se toman los mensajes en serio y actúan en consecuencia. En la transición ecológica de Sánchez sobran dogmas y falta consenso. Solo faltaría un pacto con Podemos.