Los tres poderes del Estado cometen errores. Fallos que, como cualquier actor jurídico, suelen generar responsabilidad tanto por sus acciones como por sus omisiones. No se echen las manos a la cabeza. Todos erramos. La cuestión es el compromiso que se deriva del trabajo mal hecho o por la inacción a la hora de afrontar las obligaciones que conlleva ejercer este poder. Esto es lo que diferencia a un Estado moderno del papel dictatorial que jugó en los siglos XIX y parte del XX.
En el caso del Poder Ejecutivo la cuestión está clara. En caso de una mala praxis o inacción por parte de una autoridad, el Derecho ampara la acción jurídica para aquellos actos de la Administración que puedan ocasionar un perjuicio a la actividad económica de una persona física o jurídica.
En el caso del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional ha determinado y ampliado el derecho a indemnización a aquellas personas que, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del derecho imputado. Se reconoce de esta manera la responsabilidad del Poder Judicial en el desarrollo de su trabajo.
Pero en nuestro Derecho hay una laguna que afecta al Poder Legislativo: ¿Cuál es su responsabilidad por una mala regulación? Lamentablemente esta es una cuestión más política que jurídica y que se entiende perfectamente en el sector energético.
El legislador ha permitido que nuestro país esté a la cabeza de Europa en el coste de la energía para el ciudadano. Es más: lo ha acrecentado a unos niveles insoportables. Lo más lamentable de esta situación es que no se debe al coste en sí de la electricidad. Ni siquiera a una excesiva imposición fiscal directa sobre el hecho imponible. La razón radica en el continuo incremento de costes “extraenergéticos” existentes en la factura de la luz.
Realmente, lo que encarece nuestra factura hasta situarse en la cuarta más cara de la UE, tras Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda, es la decisión del legislador de incluir conceptos tan extraños como los servicios de ajuste, pagos regulados -como los de capacidad o interrumpibilidad-, compensaciones a los distintos operadores del sistema y otros conceptos, como el fondo de eficiencia energética o la financiación del bono social.
Esto es lo que realmente aumenta la factura y es responsabilidad directa del legislador, tanto por la acción de incluirlo como por la omisión de corregirlo. No se trata de cuestionar su utilidad, que en algunos casos también lo merecería. Es su imputación a la factura eléctrica lo que hace que seamos líderes europeos en este indicador.
Todos los costes citados anteriormente tienen dos características en común: son ajenos al coste real de la energía y han sido establecidos por el legislador. Además, no se engañen, son este tipo de decisiones políticas las que nos provocan un susto a mediados de mes, cuando la dolorosa se acerca a nuestra cuenta bancaria. Las acciones u omisiones del legislador tienen un claro efecto, tanto en su versión doméstica, como en la industrial.
En este último campo, el precio de la electricidad para clientes no domésticos también se ha ido incrementando paulatinamente, pero siempre a través de mecanismos que sobrecargan la competitividad de la industria. Tanto los pagos por capacidad como la interrumpibilidad (una herramienta que penaliza a la industria electrointensiva reduciendo su consumo para equilibrar la demanda eléctrica) son claros ejemplos de costes artificiales que no hacen más que reafirmar el principio de pagar por algo que no se disfruta.
La electricidad no es gratis, pero ni mucho menos puede ser el pretexto que lleve a nadie a esgrimirlo como la excusa perfecta para ocultar una mala gestión industrial. Máxime cuando los grandes contratos energéticos se negocian entre el proveedor de los mismos (las eléctricas) y los clientes (las industrias), por lo que ambos se cuidan muy mucho de optimizar al máximo lo debido y lo pagado.
Continuar incrementando el precio de la factura eléctrica de manera artificial provocará unos efectos devastadores sobre la industria y la renta familiar. La capacidad de ahorro e inversión depende en gran manera de las posibilidades económicas para destinar recursos a otros conceptos diferentes al gasto, y estamos asignando muchos a un pozo sin fondo.
Como dirían los clásicos, un artículo de opinión que muestre un problema y no ofrezca una solución no sería tal. En este caso el remedio es muy fácil, pero tiene un inconveniente y es que recae en la política. La luz es una gran desconocida para el usuario final, pero no es así para el político, que es el responsable último de la acción de legislar. La factura eléctrica es el gran comodín de la Administración para equilibrar ingresos y gastos. En el fondo, es una herramienta de corrección de errores que pagamos los consumidores.
La salida pasa en primer lugar por analizar exhaustivamente los costes, limpiar aquellos que no están directamente afectados por el valor real y en caso de aquellos que tengan que ser asumidos, incluirlos en los Presupuestos Generales del Estado. Si admitimos que hay familias pobres en España que no pueden pagar el precio de la luz, no es de justicia que no puedan hacerlo por tener que afrontar una política tarifaria tan ineficiente.
Con el paso a los PGE de los costes de los pagos regulados, la factura disminuiría automáticamente entre un 40% y un 60%, en función de los conceptos que el legislador decidiera asumir presupuestariamente. ¿Se les ocurre una medida más social para erradicar la pobreza energética y a la vez más competitiva para nuestra economía que rebajar un 60% el precio efectivo de la electricidad?
En el sector siempre se ha dicho que la factura de la electricidad era tan incomprensible que, si alguien trataba de explicarla y se entendía era porque te lo había explicado mal. En este caso es más fácil solucionar el problema que tratar de esclarecerlo ya que, entre todos, hemos conseguido hacer de la luz uno de los lugares más oscuros de nuestra economía.
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