¿Cuánto nos cuesta la corrupción a los españoles?

La corrupción ha estado íntimamente relacionada con la historia de la humanidad. De hecho, gran parte de nuestra naturaleza se refleja en el aprovechamiento propio de funciones y medios ajenos, especialmente en el campo del sector público.

Que Marco Licinio Craso fuera el hombre más rico de Roma no se explica sin que creara un cuerpo de bomberos privado, capaz de negociar in situ con el propietario de la vivienda que estaba ardiendo el precio de sus servicios y que, en caso de no llegar a un acuerdo, pudiera comprar el inmueble por un precio irrisorio de una casa totalmente destruida. La corrupción nos acompaña como seres humanos y nuestro país, como vemos todos los días en los medios de comunicación, no escapa a este fenómeno.

Ahora bien, dicho esto y antes de que el lector entre en faena, debemos ser provocativos desde el inicio. España no es un país corrupto. Si alguien se atreve a defender esta posición en público, y sale vivo de la lista de ejemplos de corrupción que inunda telediarios, será tachado de loco o, en el mejor de los casos, imprudente en sus afirmaciones. Pero también debemos ser justos y asumiendo que este es un problema en el que podríamos decir, demagógicamente, que somos un país de ladrones, los datos nos ofrecen un panorama que contrasta con la percepción que tenemos los españoles de nosotros mismos.

Palau, Gürtel, Arena, Brugal, EREs, Emperador, Filesa, Guateque, Malaya… son sólo algunos ejemplos de la realidad mediática del fenómeno de la corrupción. Encontraremos casos en todos sitios, en todas las actividades, públicas y privadas, pero no por ello se puede afirmar que sea un patrón generalizado que califique a nuestro país como corrupto. Es aquí cuando surge el eterno problema de la comunicación, que no es otro que la diferencia entre percepción y realidad.

Desde el punto de vista de la percepción, España ocupa el puesto 42 en el Índice realizado por Transparencia Internacional. Sin duda es un dato preocupante, pero un dato basado en la percepción. El informe de Transparencia Internacional analiza 180 países en los que sí podemos observar claramente cómo la tendencia de la percepción de la corrupción en España asciende año tras año. Nos situamos en el peor nivel desde el año 2000, y este dato también se ve refrendado continuamente en los estudios del INE, que sitúa a la corrupción como uno de los problemas más importantes para los españoles, por lo que podemos afirmar que efectivamente, la percepción de la corrupción es un problema – y muy importante – para el país.

Ahora es cuando más complicado se torna defender que España no es un país corrupto, pero tampoco convendremos que no sería ni justo ni lógico que otros países como Bahamas, Bután, Barbados, Botswana, Brunei, etc. estén por delante nuestro en estos temas. Es más, si ustedes tuvieran que decidir a quién dejan ese dinero ahorrado para su fondo de pensiones o los ahorros de toda una vida y tienen que elegir si lo hacen en Bután, Botswana o en España, en términos de corrupción lo tendrían claro, ¿cierto?

Tan claro como el resto de países que no nos consideran corruptos. Aparecen de esta manera los costes intangibles asociados a nuestra imagen como marca país e Inversión Extranjera Directa. En estos casos, el Observatorio del Real Instituto Elcano considera que la corrupción no tiene un impacto detectable en la imagen exterior de España.

Mayoritariamente somos vistos como un país honesto, si bien es destacable que, en Alemania y Chile, con datos de febrero de 2017, más del 30% de los encuestados tienen una opinión negativa de España sobre este asunto, cifra relevante, únicamente, en estos dos países.

En el resto de los estudiados, el 73% de la muestra contraponen mayoritariamente el término honestidad frente al de corrupción para posicionar semánticamente a nuestro país, encontrándose en uno de los valores más bajos de todos los aspectos negativos con los que es asociada nuestra imagen. La percepción nos muestra así su doble cara en función de la mayor o menor exposición a las informaciones publicadas.

Medir la corrupción real es cuando menos una tarea complicada. Así lo reconoce Manuel Villoria, que, en su libro, 'La corrupción en España: rasgos y causas esenciales', advierte de la dificultad para determinar el grado real de corrupción en un país. Villoria afirma, con razón, que España no tiene un problema de corrupción sistémica, entendida la misma como actos de soborno directos en la relación cotidiana entre la administración pública, las empresas o la ciudadanía. Asumiendo esta posición, sí debemos admitir que el coste de la percepción de la corrupción para nuestro país es elevadísimo y lo es, únicamente, por la corrupción política.

Siendo también complicado determinar el coste real de la corrupción, algunas instituciones como la Comisión Europea, el Foro Económico Mundial o Transparencia Internacional, determinan que el coste de la corrupción puede ascender al 5% del PIB mundial, lo que aplicado a la Unión Europea sumaría una cifra aproximada de 120.000 millones, únicamente sobre el presupuesto comunitario. Asumiendo que España, en función de la percepción, podríamos estar por encima de esta, podríamos apuntar a un coste aproximado de un 7% de nuestro PIB, lo cual ascendería a unos 81.500 millones de euros, 32,6 veces más que el presupuesto destinado a Educación, 20,3 frente al presupuesto destinado a Sanidad y la mitad del coste anual de las pensiones en España. Las cifras muestran unas magnitudes que ningún país puede permitirse.

La imagen propia nos está jugando una mala pasada como país, y es que esto de la percepción sí es importante ya que, curiosamente en los años que protagonizan los casos que actualmente se juzgan en los tribunales, los gloriosos finales de los 90 y principios de los 2000, la percepción que de la corrupción tenían los españoles era escasa, situándonos entre los 25 mejores países del mundo, insisto, desde el punto de vista de la corrupción política, que no del sistema.

El ascenso de la percepción de este problema, alimentada por la batalla política, hace que en realidad los mismos que protagonizan la corrupción sean los causantes de engordar sus efectos negativos sobre nuestra imagen. Por esto, no debemos asustarnos al afirmar que, le pese a quien le pese, España no es un país corrupto.