El año de la nacional democracia en manos de Sánchez

2019 se convertirá en el año electoral por excelencia. A las ya seguras convocatorias al Parlamento Europeo, las autonómicas y las municipales del 26 de mayo, se les unirá el probable adelanto de las elecciones generales. Este hecho jugará en función del recorrido que pueda tener el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en las Cortes.

Es un año en el que podrían coincidir todas las posibilidades plebiscitarias que contempla nuestro ordenamiento jurídico y al que incluso podrían unirse otras Comunidades Autónomas, como Cataluña o País Vasco, en caso de que así lo decidan. Sin lugar a dudas, será el año de la España electoral. El año de la nacional democracia.

En este escenario temporal y político, Pedro Sánchez ha apostado al rojo. No lo ha hecho sólo en sentido figurado. Ha arriesgado, tanto desde un punto de vista de forma, confiando su suerte al apoyo de la izquierda, incluso la independentista, como de fondo, al presentar unos presupuestos que probablemente serán los más "sociales" de la historia democrática del país.

De esta manera, en caso de rechazo por parte de las Cortes Generales, el presidente del Gobierno podrá esgrimir que la derecha está en contra de la redistribución de la renta y el apoyo a las clases sociales más perjudicadas por la crisis económica y que la izquierda más extrema vive centrada y preocupada en debates sempiternos, que derivan en un proceso constante de destrucción política y territorial del Estado. No es una mala jugada.

En caso de rechazo gana autoridad política y en caso de aprobación queda legitimado para agotar la legislatura, poniendo punto final al principal escollo del relato que le alzó al poder en junio del año pasado y que no es otro que su promesa de convocar elecciones "cuanto antes". En política las soluciones que funcionan son aquellas en las que todos ganan. Es el famoso win-win anglosajón, pero aplicado a nuestra peculiar visión del hispanismo político: ganemos todos para que todo siga igual.

Independientemente de la mayor o menor conveniencia política de la convocatoria de elecciones generales, lo realmente mollar es si cuatro elecciones en un año sería un hecho beneficioso para nuestra democracia. La respuesta parece pasar por un sí, justificada en al menos cinco motivos.

En primer lugar, se acomodaría a un relato que "moralizaría" la vida política. Por razones A o B, lo cierto es que la política española ha vivido más centrada en la corrupción que en la solución a los problemas que realmente afectan a España y a sus ciudadanos. Tras la transformación política vivida en los últimos tiempos es necesario que se produzca un reflejo de la fotografía política en la arquitectura parlamentaria. Esto incluiría también, y como no puede ser de otra manera, dar voz a aquellas manifestaciones políticas que surgen en el complejo panorama político español. Vox y el resto de formaciones políticas que logren representación parlamentaria incluidos.

En segundo lugar, y esto es un cáncer que realmente deteriora nuestra democracia, se pondría fin a la tendencia constante de los ejecutivos españoles de apoderarse del trabajo del Legislativo. Si admitimos que el trabajo del legislador no es otro que legislar no se entiende que gobierno tras gobierno se abuse continuadamente del recurso al Decreto Ley y al Real Decreto. Estas figuras legales están diseñadas para un apoyo a la gestión, auténtica razón de ser del mal llamado Ejecutivo. Durante los siete meses que llevamos de gobierno socialista se ha recurrido en más de 50 veces a esta figura, que no hace más que menoscabar la labor del Parlamento. Se pone así en cuestión nuestro sistema, hurtando el imprescindible debate parlamentario de la creación de unas leyes llamadas a gobernarnos a todos.

El tercer punto necesario, e íntimamente ligado con el anterior, es desatascar la batería urgente de medidas políticas y económicas que tenemos pendientes. Estas acciones van desde la profundización en la configuración de nuestro Estado de bienestar, la olvidada competitividad de nuestra economía, pasando por los pactos por la educación, energía y pensiones. Como siempre, el nudo gordiano de estas medidas no pasa tanto por su idoneidad, que es evidente, como por el contenido. Todos los partidos políticos comparten la visión sobre su importancia, pero difieren notablemente en su literalidad. Es decir, la cuestión no es tanto la proposición del pacto sino qué está escrito en el mismo.

Otro aspecto estancado en nuestra democracia es la necesaria y urgente reforma constitucional. Su objetivo es claro y hasta cierto punto también compartido. Debemos adaptar nuestra norma básica y fundamental de convivencia a las nuevas realidades. Es necesaria, puesto que la política debe huir de aquellos tiempos en los que era más sencillo esperar a que los problemas se pudrieran solos en lugar de atajarlos. Es también urgente, ya que los mismos pueden estallar irremisiblemente durante el tiempo de espera. Dentro de esta reforma, sin duda estarán presentes aspectos clave en la configuración del Estado como la forma de Gobierno o la estructura territorial del país. Es más, estará en juego el proyecto de una España plural pero unida. Sin esa unión España, como tal, será otra realidad dispuesta a afrontar otros 500 años de historia, pero sin ser común.

Por último, quizá la más silenciosa de las revoluciones pendientes de nuestro país es la de la Administración. Los diversos gobiernos han ido presentando –y en algunos casos aprobando– reformas del aparato burocrático del Estado, pero siempre lo han hecho con la intención de modernizar el funcionamiento del mismo, obviando una reforma aún más importante y que nos afecta directamente a los ciudadanos. Es la relación, en muchos casos de pleitesía y subordinación del administrado con la Administración. Ya el mero hecho de considerar al usuario como administrado es toda una declaración de intenciones. Es imprescindible que el ciudadano pase a ser el protagonista de la acción de la Administración, en lugar de ser muchas veces el paganini, cuando no el sufridor necesario.

La reforma integral de un sistema, que es capaz de modificar unilateralmente la interpretación de una norma administrativa en perjuicio del ciudadano o que obliga al usuario a primero pagar y luego reclamar las sanciones que la misma Administración impone, no es un tema menor. Quizá es el único tema transversal a todas las administraciones, independientemente de su sello político o territorial.

Esta es la nacional democracia que nos espera en los próximos meses. Ahora bien, habrá que asumir que todo estará condicionado a la máxima de Maquiavelo. El objetivo de todo político es alcanzar el poder y, una vez en él, mantenerse a toda costa. Este principio, más vigente que nunca, puede entrar en colisión con unas elecciones generales. Si se tienen puestas las luces largas, el año de la nacional democracia puede ser el mecanismo para mantenerse en el poder. El tiempo y la oportunidad, como siempre en política, dirán.