Miércoles, 26.06.2019 - 04:50 h
Tabula Rasa
Analista político y socio de MAS ConsultingGroup

El extraño caso del avión de los cien millones de euros

Cien millones es mucho dinero. Para que se hagan una idea, con este dinero se podrían construir unos 10 colegios públicos, cinco institutos, escolarizar a 14.500 alumnos de primaria o financiar las obras de un hospital provincial de referencia.

El destino de los recursos públicos suele ser uno de los temas clásicos de una campaña electoral. Determinar dónde, cuánto y cómo gestionamos el interés común es un imperativo en el manual de campaña del buen político. Por desgracia, no parece ser este nuestro caso.

Mientras seguimos en la dinámica de autodestrucción que caracteriza el debate político nacional, el mundo sigue girando. Entre elecciones generales, autonómicas, locales y europeas, hay temas que necesitan planificación presupuestaria para no cometer errores que condicionen posteriormente nuestro futuro.

En este sentido, la Defensa es especialmente vulnerable a estos vaivenes. Mientras que defender la construcción de colegios u hospitales no admite argumento en contrario, cualquier partida presupuestaria que implique el más mínimo céntimo destinado a la seguridad nacional suele ser objeto del ostracismo programático.

Y es aquí cuando surge un aspecto preocupante, en cuanto a la capacitación de nuestro sistema de seguridad que, legislatura tras legislatura, viene aplazándose sine die.

España se ha dotado de un Ejército acorde a sus necesidades. Los diferentes programas de modernización armamentística han proporcionado unas capacidades militares fuera de toda duda. Encontramos buenos ejemplos en los diferentes programas de desarrollo y adquisición de fragatas, submarinos, transporte blindado y helicópteros de ataque a tierra. Ahora solo queda pagar una deuda que alcanza los 20.000 millones de euros derivados del compromiso adquirido con la industria de defensa y que, año tras año, vamos reduciendo cual hipoteca sangrante.

Todo esto permite asegurar que España tiene el ejército que se merece para su tamaño e importancia geopolítica. Nos posicionamos como un socio fiable en aquellas misiones internacionales que nos son encomendadas. Esta labor se realiza gracias a las capacidades profesionales y espíritu de sacrificio de nuestros contingentes desplazados, pero también lo hacemos por contar con un material adecuado para que desempeñen correctamente su trabajo.

Sin embargo, existe un agujero que nuestro país debe afrontar y que es de especial interés para mantener un equilibrio de fuerzas en nuestra zona de influencia. Además, permitiría olvidarnos de aspectos tan desgraciadamente alejados de la preocupación pública como la defensa y su financiación.

Para tratar de resaltar su importancia no hay nada mejor que traducir y medir el problema en dinero. Si cien millones nos parecía mucho, en un futuro cercano España deberá destinar unos 2.400 millones de euros para la adquisición y mantenimiento de aviones de combate. Es el extraño caso del avión de los cien millones de euros, el F-35B.

La historia es larga pero también interesante. España cuenta con una pequeña escuadrilla de aviones capaces de aterrizar y despegar en el único buque de proyección estratégica que tenemos: el L-61 Juan Carlos I. El coste de construcción del mismo rondó los 500 millones de euros. Para garantizar su proyección de fuerza aérea cuenta con la 9ª Escuadrilla de aeronaves compuesta por un total de 12 Harrier (AV-8B+ y AV-8B), cuya vida terminará (artificialmente prolongada) en 2030. Es decir, España dejará de contar con una mínima capacidad de proyección aérea embarcada en 10 años.

Tan solo el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos e Italia poseen aún estos aviones que datan de los años 60 y se hicieron muy populares en la Guerra de las Malvinas de 1982. Ambos países han decidido sustituirlos por uno de los aviones más polémicos desarrollados hasta el momento: el F-35B.

Según los últimos datos proporcionados por el gobierno americano y Lockheed Martin, propietaria de este lingote de oro con alas, deberíamos estar de enhorabuena. Los precios del F-35B han descendido un 5,7% con respecto a la producción anterior (arrancaba de 120 millones), situándose en una cómoda y atractiva cifra (modo ironía on) de 100 millones de euros por unidad.

Una simple sustitución de la actual escuadrilla implicaría destinar 1.200 millones de euros. Crear un ala permanentemente embarcada implicaría aumentar la cifra a 24 aviones, lo que sumaría 2.400 millones de euros en algo que necesitamos solucionar, si no queremos perder una importante baza en nuestras capacidades militares.

Pese a que ya son de por sí mareantes, las cifras no terminan aquí. Añadan unos 50 millones de euros por unidad en concepto de mantenimiento, formación, armamento y evolución posterior del aparato a lo largo de su vida útil y nos pondremos en los 3.500 millones y subiendo…

¿Y qué obtendríamos a cambio? Pues, en primer lugar - y aquí es donde entra la necesidad de decidir urgentemente -, incrementaríamos las potencialidades del Juan Carlos I aumentando su radio de capacidad en unas 600 millas, gracias al alcance de sus sistemas electrónicos. Además, dotaríamos a esta fuerza de la añorada invisibilidad ante los radares y garantizaríamos el despegue vertical, algo que la fuerza aeronaval necesita para no perder su nombre en el futuro.

De nada serviría contar con uno de los buques logísticos más avanzados si no podemos aprovechar al 100% su capacidad, y esto incluiría, además de la seguridad aérea para la flota, la respuesta ante el ataque a objetivos cercanos en tierra, labor encomendada y proporcionada de momento únicamente a los helicópteros “Tigre” en el caso de nuestras tropas destinadas en conflictos internacionales.

En medio de esta diatriba técnica aparecen de nuevo las exigencias norteamericanas a Europa para que esta aumente su gasto militar. A las reclamaciones directas pronunciadas en la Cumbre de la OTAN de julio de 2018 se unen las actuales peticiones de la Administración americana. Toda exigencia tiene nombre y apellidos y en este caso se llama: “cómprenme mis aviones”.

Reino Unido ya cuenta con ellos. Italia ha anunciado la compra de 60 F35A y 15 F35B. El coste para estos dos países será significativamente menor que para España, puesto que optaron en el pasado (otro ejemplo de la importancia de la planificación en materia de defensa), por formar parte del Joint Strike Fighter (JST), un programa que garantiza la adquisición a un coste "reducido" a cambio de la participación en el desarrollo de componentes, financiación y desarrollo del modelo americano. Quizá fue una mala decisión no incorporarse al JST pero a tiempo pasado fácil es hacer críticas y hay que asumir las situaciones heredadas.

Por su parte, Bélgica destinará 4.000 millones de euros en la compra de 34 aviones del mismo modelo para sustituir gran parte de su fuerza aérea. Noruega ya anunció que gastará el doble para comprar otros 52, en lo que parece un negocio redondo para el fabricante. Estados Unidos parece decidido a hacer caja y lamentablemente no hay mucha más opción que pasar por ella.

Al otro lado de la orilla del Mediterráneo, Marruecos acaba de autorizar la compra de 25 cazas F16 y la modernización de otros 23. Es de agradecer que no hayan accedido al F35, lo que dejaría en una comprometida situación a España. En términos de equilibrio de poder supone un importante incremento de la capacidad de combate aéreo de nuestro vecino alahuita.

En términos estratégicos, dejar sin protección aérea a nuestra flota supondría una desventaja militar que difícilmente podríamos asumir, máxime cuando las necesidades de apoyo logístico y táctico aumentan exponencialmente a medida que continuamos asumiendo más compromisos internacionales.

El problema de esta situación es que no hay alternativa. Nos gustará o no, pero lo cierto es que en el mercado no hay otro sustituto viable para los vetustos Harrier.

En la coyuntura actual, apostar por proyectos experimentales europeos sería un error e incluso una temeridad. No es la vena euroescéptica, es que, amén de introducirnos en programas costosísimos sin viabilidad real, no existe ninguna certeza de un desarrollo de avión de despegue vertical STOVL en la industria europea.

Pese a los esfuerzos de franceses y alemanes por el desarrollo de un avión de sexta generación, como pronto, estarían disponibles, en su versión convencional, no STOVL, en 2040, por lo que llegarían 10 años tarde para nuestras necesidades. Con todo será muy difícil, por no decir imposible, que España pueda presionar a sus futuros socios para fabricar un modelo concreto de estas características.

La única opción viable es esperar a ver los resultados operacionales que puedan brindar a otros países, como Italia, y en función de esto, en un plazo corto, tratar de acceder a precios más reducidos que los actuales, bien sea en forma de renting o afrontando un programa de modernización más completo que incluya la adquisición de otros modelos de F-35. La ventaja sería contar con un precio unitario más reducido y que además permita optimizar y amortizar el coste de mantenimiento a escala.

El extraño caso del F-35 es un ejemplo de la inacción europea. Pretendemos crear un ejército común, pero antes de eso, deberíamos darnos cuenta de la necesidad de contar con una industria capaz de dotar a sus fuerzas de otras armas que no sean únicamente las de las buenas ideas y mejores intenciones.

Cuánto tenemos que aprender de Estados Unidos. Primero crea la necesidad y luego vendrá el negocio.

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