En busca de la legislatura perdida

E

l pasado mes de octubre de 2016, con la jura ante el Rey de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno, España afrontaba el último episodio de 315 días de incertidumbre política y que suponían el periodo de un gobierno en funciones más largo de nuestra democracia.

Se ponía punto final a un tiempo caracterizado por la inanidad legislativa y que está basado en un precepto constitucional por el que el Gobierno únicamente debe dar trámite a la gestión ordinaria de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas tal y como reza el artículo 21 de la Ley del Gobierno.

Ese año en el que vivimos peligrosamente o, como algunos afirman, divinamente, sin un Gobierno que ejecutara ni un Parlamento que legislara, tocó a su fin. Los resultados de las elecciones del 26J daban paso a una arquitectura parlamentaria caracterizada por una imperiosa necesidad de diálogo. España, su Parlamento, tendría que sacar adelante las leyes que nuestro país necesitaba imperiosamente y que resultaban de todo punto determinantes para poner fin a la crisis económica más dura que ha vivido este país desde la Guerra Civil.

La aritmética mandaba y el concurso de al menos 3 grupos políticos se hacía inevitable para dar viabilidad a leyes de calado, capaces de dar solución a los problemas de una sociedad que reclamaba, como agua de diciembre, reforzar su economía y por otro lado ayudar a aquellos que habían tenido que sufrir las peores consecuencias de la crisis. En España representaban más del 25 por ciento de la población en edad de trabajar y que se encontraban fuera, a menudo expulsados, del mercado laboral.

Al factor de la urgencia se le añadían otros dos de no menor valor. Por un lado, el fin del bipartidismo que permitía acceder a la toma de decisiones legislativas a tendencias ignotas en nuestro constitucionalismo hasta la fecha. Podemos y Ciudadanos se configuraban como las nuevas bazas, emanadas de las urnas, y con una clara misión revitalizadora de nuestro parlamentarismo y por extensión de nuestra democracia.

Por último, el factor generacional conseguía hacerse un hueco en la Carrera de San Jerónimo. Aproximadamente el 65 por ciento de los nuevos diputados y senadores se estrenaban en sus escaños. Se producía un relevo que rompía el techo de cristal, hasta entonces situado por encima de la barrera de los 50 años de media de edad de legislaturas pasadas, para situarla en los 47, muy próxima a la edad media de la población española.

Nos encontrábamos ante el paraíso soñado por los consultores y analistas políticos. Por fin un Parlamento que legislaría. Se acabaron los años en los que el Ejecutivo traspasaba constantemente la delgada línea de la separación de poderes y dejara de legislar vía decreto ley. Era el momento del fin del bipartidismo fáctico. Ahora las leyes se negociarían a cuatro en lugar de a dos. Algunos nos hicimos una pregunta retórica: ¿Está el Parlamento español preparado para legislar?

Recientemente, MAS Consulting publicaba su octavo Trends titulado: "Más allá de Cataluña: claves del primer año de Rajoy tras su reelección". Además de analizar departamento por departamento las líneas prioritarias de la actuación del Gobierno, el documento ofrece una serie de datos reveladores del balance de lo que llevamos de legislatura y que ponen de manifiesto una realidad y es que los españoles parece que no sabemos vivir, al menos parlamentariamente hablando, sin el bipartidismo.

Hasta el momento la Cámara Baja apenas ha aprobado siete leyes, de las que al menos dos corresponden a la trasposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas europeas. A este resultado tan exiguo habría que añadir otros cuatro Proyectos de Ley, presentados por el Gobierno, de los que la mitad vuelven a estar referidos a la aplicación del Derecho Europeo en nuestro país.

Los números vuelven a señalar la escasa eficacia legislativa en cuanto a Proposiciones de Ley aprobadas. Aunque se han presentado 157, 99 están en tramitación – uno de los números de bloqueo más altos de nuestra democracia – mientras que 33 han decaído, 9 han sido retiradas, 6 rechazadas, 4 han caducado, y tan solo 5 han sido aprobadas, eso sí, sin modificaciones.

La legislatura que estaba llamada a suponer el fin de la intromisión del Ejecutivo en el Legislativo no ha sido tal. La popular fórmula del real decreto – Ley como panacea legal para regular – tampoco ha visto su término. Por el contrario, el Gobierno ha aprobado 21 reales decretos – Ley, de los que 20 fueron convalidados y tan solo uno rechazado.

Los datos son realmente contundentes y reflejan una realidad difícil de asimilar. Quizá nuestra denostada Ley D’Hont no estaba tan equivocada y trataba de consolidar un sistema basado en un Parlamento bipartidista con aportaciones nacionalistas moderadas que permitirían asegurar la gobernabilidad del país y estructurar la cohesión territorial asimétrica con base en el principio de que el Parlamento propone y el Gobierno dispone.

Nos las prometíamos felices con un Legislativo fuerte y capaz incluso, como se aseguró al comienzo de su andadura, de reformar la Constitución. Difícil tarea cuando ni siquiera se es capaz de sacar adelante una Ley Orgánica que requiere al menos el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto adoptado.

La proliferación de comicios por el suelo patrio está al caer. Comenzando por las catalanas el próximo 21 de diciembre del año en curso, lo cierto es que, a excepción de Galicia y País Vasco, el resto de comunidades tendrán que pasar por las urnas en 2019, año en el que también habrá que elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo.

En estas condiciones el Congreso y el Senado tendrán que demostrar, si no lo han hecho ya, que el bipartidismo realmente no ha muerto en España o bien, entre todos tendremos que asumir que sabemos votar pero no sabemos pactar. Bien sea europea nacional, autonómica o local, lo cierto es que vamos de elección en elección, de Parlamento en Parlamento, hasta la derrota final.