Domingo, 20.01.2019 - 06:48 h
Tabula Rasa
Analista político y socio de MAS ConsultingGroup

Energía: futuro verde versus presente negro 

El final de año suele ser una época convulsa en los Ministerios. Tradicionalmente los planes anunciados al comienzo de la legislatura, en forma de programas y anteproyectos, se ven conminados a un apresurado proceso de redacción cuando asoma diciembre. Hay que hacer inventario y la tradicional rueda de prensa de final de año del presidente del Gobierno suele ser un estímulo para los proyectos pendientes del Ejecutivo.

Al igual que en las empresas, la Administración debe rendir cuentas políticas y legislativas con el cierre del año. Las grandes ideas lanzadas, siempre con la pretensión de alcanzar “el más alto grado de consenso”, la “búsqueda de espacios comunes”, el “diálogo frente a la imposición”, etc., dan paso a la “necesidad de actuar”, la “ciudadanía no entendería” y la “extrema y urgente necesidad”.

En el campo de la energía podemos encontrar muchos ejemplos de uno y otro signo político, en el que las prisas por acabar el año con los deberes cumplidos han alcanzado el grado de surrealismo. A los anales de nuestra convulsa historia energética pasó el Real Decreto Ley 29/2012, de 28 de diciembre (no es casualidad la fecha), de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social.

Ribera, Congreso de los Diputados
La ministra de Transición Ecológica,, durante una comparecencia en el Congreso. / EFE 

Sí, no se asusten que, aunque el título de esta disposición pueda despistar, estamos hablando aún de energía. Su publicación en el BOE de 31 de diciembre de 2012 encerraba en el capítulo III toda una batería de medidas en el sector eléctrico y de hidrocarburos, que puso patas arriba las sedes de las principales empresas y asociaciones de usuarios de este país el último día del año. La norma para empleados del hogar recogía toda una panoplia de medidas fiscales, con el objetivo de poner fin a una bola de nieve que estaba arrasando el sistema eléctrico español y, por extensión, a nuestra maltrecha economía.

El fin no era malo del todo. A menudo se nos olvida que España llegó a tener una deuda eléctrica de 36.000 millones de euros, en forma de un déficit que alcanzaba los 6.000 millones de euros… ¡cada año! Ya no nos acordamos de este auténtico lastre que ha estado penalizando nuestra competitividad de una manera catastrófica.

36.000 millones de euros no es cualquier cosa. España “perdió” la posibilidad de construir unos 100 hospitales como La Paz en Madrid o invertir unas cinco veces el gasto anual en I+D, por una deuda contraída por unos y que debíamos pagar otros. Fue esa herencia cuyo pasivo superaba al activo, pero a la que, por desgracia, no puede uno renunciar.

El déficit de tarifa siempre fue un fenómeno difícilmente entendible y casi de imposible explicación. A efectos básicos adopta la forma de una hipoteca invisible, que provoca que cuando la cifra se convierte en insostenible el Gobierno de turno inventa algún mecanismo para pagar en incómodos plazos una deuda contraída con un tercero. Es una regla no escrita que obliga a que, nos guste o no, paguemos el precio de las cosas por lo que realmente valen y no por lo que nos gustaría pagar. Lo contrario es engañar al mercado y en realidad a nosotros mismos.

Con la misma frialdad que en 2012, vemos como este fantasma vuelve a aparecer en el horizonte energético español. El Gobierno parece que optará por congelar la tarifa de la luz en 2019. Una medida que sin duda puede ser calificada como social, puesto que evitará que paguemos más en nuestra factura a corto plazo, pero que abre de nuevo la espita a una bomba de 450 millones de euros, que tendrán que ser financiados por alguien… Efectivamente usted estará entre esos pagadores.

La razón de la aparición de este agujero negro es básica. No cuadran los ingresos con los gastos y, por lo tanto, se genera una diferencia que corre el riesgo de ir acumulándose año tras año. La suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7% y el céntimo verde al gas están detrás del desajuste, pero también lo está la “letra” que anualmente pagamos de la hipoteca anterior, y que asciende a más de 2.500 millones de euros.

Al menos en esta ocasión el pago del déficit se financiará con cargo a los beneficios que el sistema generó con anterioridad. Aunque pueda parecer lo contrario, no es una buena noticia, puesto que supone un precedente que, de no solventarse, producirá un efecto cascada en el momento que algún ministro tenga que encontrarse ante la difícil situación de subir el precio de la electricidad.

En esos momentos la lógica económica suele quebrarse, se impone la política y el déficit tiende a dispararse. Es normal teniendo en cuenta el importante factor sociológico que siempre ha jugado la energía en España.

En el espacio temporal de apenas dos semanas nos encontraremos también con la posible tramitación de anteproyectos de ley en forma de Reales Decretos o incluso Decretos Ley en el campo energético. Esta fórmula, idónea para cumplir los plazos, sin embargo, impide cumplir las promesas de consenso y diálogo. En el horizonte legislativo español aparecen leyes tan importantes como la de cambio climático y transición ecológica. Un proyecto que sólo triunfará aglutinando a todos los actores socio – económicos que hacen posible que podamos disfrutar de un medio ambiente sostenible con una economía competitiva.

Una apresurada presentación de Reales Decretos en esta materia, además de impedir el normal y democrático intercambio de opiniones técnicas entre los actores del sector con el Gobierno, desnaturalizaría por completo un texto legislativo que nació con la intención de ser una referencia y que puede convertirse en una anécdota.

Sólo de la unión de todas las tecnologías y energías existentes, y amparados por una ley inclusiva, saldrá la posibilidad para que España alcance el ideal de un sistema energético eficiente, donde circule energía lo más limpia posible a un precio asequible. Lejos de estas tres variables, será complicado que ningún Real Decreto o Decreto Ley pueda ser útil para todos.

Que el futuro será menos contaminante nadie lo duda. La tendencia en el sector es imparable e incluso las empresas tradicionalmente vinculadas con energías basadas en los hidrocarburos están reorientando sus esfuerzos a la eficiencia y la baja contaminación.

Cierto es que el negro es la ausencia de color, pero también podemos obtenerlo mezclando todos los colores primarios, entre ellos el verde. Ese es el color del futuro, que, sin embargo, no puede olvidar que hacer que el presente no sea negro es una responsabilidad de todos.

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