El 6 de agosto, una veintena de prestigiosísimos científicos españoles señalaban en The Lancet la necesidad de realizar una evaluación independiente de la respuesta a la Covid-19 en España. Los investigadores partían de una incógnita que hoy en día sigue sin despejarse: ¿Cómo es posible que uno de los mejores sistemas de salud y con envidiables índices de seguridad sanitaria mundial haya sufrido más que el resto la pandemia?
Los mismos autores ya identificaban en su escrito las causas potenciales de estos resultados. A saber: falta de preparación para una pandemia, reacción tardía de las autoridades, procesos lentos de toma de decisiones, altos niveles de movilidad y migración, mala coordinación entre las autoridades, escasa dependencia del asesoramiento científico, envejecimiento de la población, grupos vulnerables con brutales desigualdades sociales y una red de atención a personas mayores en un estado precario. Por último, apuntaban a la "década de austeridad" como la responsable de haber ocasionado la pérdida de personal sanitario y las capacidades del sistema de salud español.
La petición cumplía los requisitos previos para realizar cualquier estudio científico: identificación de la situación, hipótesis de partida y objetivo del estudio. La ciencia trata de esta forma de aportar algo de luz al panorama tan sombrío que está dejando la Covid-19 en nuestro país.
El ánimo de la iniciativa cumpliría con las especificaciones de la palabra de moda en nuestros días, que no es otra que "resiliencia". El nuevo concepto, aplicado a la política, se limita a servir como medio para aprender del pasado y prepararnos para el futuro, por lo que la auditoría propuesta cumpliría perfectamente con el propósito deseado, o al menos manifestado, por el Gobierno de la nación.
Ahora bien, basta con echar un vistazo a las portadas de la prensa nacional y extranjera para darse cuenta de que los efectos de esta plaga trascienden al ámbito únicamente sanitario. Los titulares gruesos se suceden, como: "España ha perdido el control", "La división política profundiza el coronavirus en España", "Caos en España" y aparecen combinados con imágenes de hospitales españoles que, de nuevo, se preparan para afrontar una segunda ola, que ya tiene tintes de tsunami.
La percepción de fracaso no solo encuentra eco en el extranjero. El último barómetro del CIS revela claramente que las preocupaciones de los españoles van más allá de los tradicionales sentimientos de inseguridad laboral y ya incluyen a la situación económica con una perspectiva mala o muy mala por la mayor parte de la población. Un dato que se añade a la permanente preocupación sobre la situación política e institucional.
En este sentido, la auditoría pandémica se queda corta. Realmente debemos considerar nuestra particular batalla contra el virus como una prueba que pone en tela de juicio nuestro sistema político, administrativo y territorial. Quizá estas son las auténticas espoletas que han permitido que el virus explote con mayor virulencia en España La realización de una auditoría al conjunto del país permitiría saber el grado exacto de preparación de nuestro Estado Social, Democrático y de Derecho, permitiendo responder a preguntas claves como la fragmentación del Estado central, la idoneidad de un poder de decisión único, la inexistente cooperación entre los entes territoriales y administrativos, la sempiterna ineficacia del Senado como cámara de representación territorial, la politización de la Justicia, la atomización política de la Cámara Baja, la acción y nuestra integración efectiva en la Unión Europea, las tensiones territoriales o, especialmente, la peligrosa combinación de una economía basada en el turismo y la hostelería con un tejido empresarial tan pequeño como el español.
Estos factores son características endémicas de nuestro sistema, en los que la pandemia está actuando como un acelerante que tiende a la desestabilización de las instituciones del Estado. Todas estas cuestiones podrían ser resueltas, o al menos analizadas, con una visión holística que garantice la permanencia del todo frente a las partes, destacando el fenómeno de la desestatalización central con un aumento exponencial de la regulación normativa, en particular de manera patente en el caso de las Comunidades Autónomas.
Al igual que en la auditoría sanitaria, la evaluación debe estar compuesta por expertos independientes, alejados de la política partidista, puesto que ésta es la que está demostrando ser el auténtico catalizador de los problemas en lugar de aportar las soluciones en tiempos de crisis. El abanico de disciplinas se abre no solo a las ciencias sociales. El derecho, la sociología, la antropología, la geografía humana, la ciencia política, la económica y, por supuesto, la historiográfica tendrían un hueco especial para identificar las claves que están acentuando la crisis en nuestro país y que lo está situando como el país con peores cifras en número de contagios, ocupación de camas UCI, incidencia por cien mil habitantes o sanciones (¡más de un millón!) por vulnerar las disposiciones contempladas en un estado de alarma.
Sin la realización de esta auditoría integral será imposible alcanzar la resiliencia que se nos promete, en algunas ocasiones casi como un estado místico, próximo al éxtasis, en el que seremos capaces de superar realmente reforzados de la prueba de fuego que estamos afrontando en la actualidad.
En definitiva, además de la evaluación sanitaria, la realización de una auditoría política, social y económica al Estado permitiría cumplir la ansiada salida reforzada, depurar las ineficacias, corregir los evidentes fallos del sistema y optimizar los recursos disponibles en el país. De esta manera, se podría cumplir el segundo de los "hànzì" de la palabra crisis en chino y convertir la pandemia en una b en lugar del peligro constante al que estamos sometidos… y ante el que no parece que encontremos solución.
