Martes, 19.02.2019 - 21:04 h
Tabula Rasa
Analista político y socio de MAS ConsultingGroup

Estado de la cloaca española 

La cloaca máxima romana presume de ser la más antigua de las redes de canalizado y alcantarillado de aguas residuales del mundo. Su construcción se remonta al 600 a.C y se atribuye al Rey Lucio Tarquino Prisco. Durante más de mil años, la cloaca máxima fue testigo de todas las inmundicias fisiológicas y políticas de la historia de Roma. Su necesidad era imperiosa. La porquería tenía que salir por algún sitio.

Su vigencia llega hasta nuestros días. Muchas veces hemos oído la expresión “las cloacas del Estado”. Es difícil definir exactamente a qué nos referimos con ello. Normalmente, incluso desde los servicios de información e inteligencia, se definen como lo peor de la sociedad, el espacio donde los más deleznables y terribles actos se hacen realidad.

Cloaca
   

Es la delgada línea que separa la democracia de la anarquía y donde los derechos ciudadanos se encuentran supeditados al Estado, entendido éste como aquel aparato que supera a las instituciones y cuyo único objetivo es la supervivencia del mismo. No mira por el bien individual, simplemente elimina todo aquello que pueda suponer una amenaza a sí mismo. Es el campo de batalla del fin, en el que no importan los medios.

Nos gustará o no, pero lo cierto es que desde el origen de la historia de la humanidad las cloacas del Estado han permitido que la otra dimensión democrática, la nuestra, sobreviva e incluso prospere y nos garantice al resto de mortales unos derechos inalienables y que nos pertenecen por el mero hecho de ser ciudadanos de un Estado libre, democrático y de derecho. Así funcionaron las cosas y así funcionarán.

Sin embargo, existen otras cloacas: las de la élite económica. Comparten con las primeras la utilización de cualquier medio para conseguir su objetivo. La diferencia es su fin, que no es otro que el bien individual, el del que paga y el del que ejecuta. El del poderoso económico que encarga espiar a todo aquel que pueda suponer un peligro para la acumulación desproporcionada de poder. Si para conseguirlo tienen que atentar contra el Estado lo harán. Esta es la gran diferencia.

Esta semana hemos visto como las cloacas de la sociedad emergían del lodo más inmundo y abominable. Independientemente del contenido de las revelaciones ya públicas, poca gente reflexiona sobre el aspecto más inquietante y que debería preocuparnos a todos y en especial al Estado.

El hecho de espiar e intentar desestabilizar a un alto cargo del Estado del Gobierno del Reino de España no puede quedar impune. Si admitimos que nuestra clase dirigente, aquellos que gestionan ni más ni menos que centenares de miles de millones de euros, que pueden elaborar las leyes que condicionan nuestro futuro, declarar la guerra a otro Estado o condenarnos a pasar años y años en la cárcel, pueden ser espiados por las cloacas de la sociedad y permanecer impunes, nos lo deberíamos hacer mirar como país.

Evidentemente la inteligencia económica y la política deben luchar por ofrecer la mejor información disponible en ese momento para que el decisor pueda tomar la mejor opción para la empresa. Este es el objetivo de los informes de inteligencia. Sin embargo, cuando el contenido de estos documentos es la destrucción personal de un alto cargo del Gobierno del Reino de España o del mismísimo Jefe del Estado para desestabilizarlo, la cuestión cambia y sólo puede ser calificado como un atentado contra la voluntad y la soberanía popular. Fallo por parte de nuestros servicios de información, que deben proporcionar la seguridad necesaria para que nuestro Gobierno no se vea condicionado por agentes externos.

El otro elemento de imprescindible análisis lo constituye la utilización de la mentira. Cuando la realidad no supone una noticia hay que inventarla. Es el principio de cualquier fake new y es la práctica que reina hoy en día. En España supone la sustitución del periodismo de investigación por el de dossier. No importa la veracidad de la información. Ni siquiera se cuestiona el daño personal o reputacional que pueda implicar una mentira. El dossier funciona.

Simplemente hay que buscar el canal adecuado para propagarlo. Incluso no es necesario utilizar a los medios de comunicación. Es mucho más eficaz difundirlo como un rumor, sin necesidad de que se publique por los medios tradicionales. Así, el mentidero madrileño disfrutará de horas de tertulia y chascarrillos y los informes de inteligencia se verán recompensados con una lectura mucho más entretenida. Como suele gustar, directos al grano, pim, pim y pim.

En el fondo, es la aparición del lobby malo y feroz. De aquel que presiona hasta manipular la voluntad del legislador o del Ejecutivo con el único fin de perpetuarse en el poder económico. Esta responsabilidad nos recuerda la necesaria integración de la ética en la obtención y publicación de información relevante y la responsabilidad de los directivos en la contratación de servicios, cuando menos inmorales, que no deberían, insisto, quedar impunes.

No basta con golpearse el pecho y mostrar la indignación que nos suponen estos acontecimientos en las redes sociales. Hablamos del espionaje al Gobierno y al Jefe del Estado del Reino de España. Hace falta instar y concienciar a la contrainteligencia para garantizar que las Altas Autoridades del Estado no se vean sometidas de nuevo a estas malas prácticas y, mucho menos, que puedan ver atacada su voluntad a través del chantaje. Lo contrario es la prevalencia de “La Trama” frente al Estado, frente a la sociedad y frente a la democracia.

Como hace más de 2.500 años los poderes ocultos desafían al Estado cada día, pero éste debe reaccionar por el bien común. Las cloacas de Roma fueron todo un ejemplo de salubridad e ingeniería en el Imperio Romano. Las nuestras sólo son motivo de vergüenza.

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