Opinión

Inversión extranjera: positiva y necesaria, 'ma non troppo', en empresas estratégicas

Efe
Inversión extranjera: positiva y necesaria, 'ma non troppo', en empresas estratégicas.
Agencia EFE

La oferta de IMF para hacerse con el 22,7% de Naturgy ha puesto sobre la mesa el olvidado debate sobre la españolidad de las empresas que operan en nuestro país. En un pasado no tan lejano los movimientos para hacerse con compañías ‘españolas’, como Endesa, provocaban cientos de miles de portadas y telediarios. Lo cierto es que, desde que la mexicana Pemex trató de hacerse con Repsol, el nivel de conflictividad con respecto a la presencia de intereses extranjeros en el tejido corporativo español ha bajado muchos enteros en la agenda nacional.

Cabe preguntarse por las causas de la ausencia de este debate. Probablemente no sea por un desinterés mediático, sino por la realidad aplastante que supone que más de la mitad del Ibex cuente ya con presencia en su accionariado de fondos o corporaciones internacionales. Desde hace una década, la pérdida de 'españolidad' del índice bursátil ha aumentado en 10 puntos, pasando del 40% en 2010 al 50% en 2019. La gran mayoría de empresas que cumple con los requisitos de liquidez para formar parte de este selecto club y con sede social en España hablan noruego, árabe, inglés o chino en sus consejos de administración.

El libre mercado y las reglas comunitarias han permitido que la fisionomía corporativa haya cambiado sustancialmente en ese mismo periodo de tiempo. Este incremento es lógico y encuentra su explicación en el aumento de la facturación procedente del exterior, que alcanza una media superior al 66% en las 35 empresas que forman parte del selectivo español.

El problema radica cuando estas compañías tienen el carácter de "empresas estratégicas" que, a juicio del Centro Nacional de Inteligencia, son aquellas que resultan "claves para la seguridad nacional y para el conjunto de la economía española (de defensa, energéticas, financieras, TIC, de transporte, químicas, etc.)".

En las economías europeas es una práctica habitual que las empresas estratégicas puedan contar entre sus accionistas con fondos o empresas de origen extranjero. Es incluso positivo para la economía nacional, puesto que ratifica una apuesta de los mercados por la actividad de una empresa e incluso introduce criterios de eficiencia en las corporaciones en el medio plazo, al asegurar un punto de vista distinto en el devenir empresarial, guiado por la maximización de los beneficios.

Ahora bien, una cosa es la presencia y otra bien distinta el control de la gestión de las empresas estratégicas. En el caso de este último es imprescindible que el Gobierno asegure que la ponderación de intereses siempre recaiga y favorezca al país. El ejemplo más evidente lo encontramos en la gestión de las vacunas realizada hasta el momento. Sin una supervisión de los intereses nacionales, las empresas, como no puede ser de otra manera, deben priorizar en el suministro de materiales a sus clientes y aquí la priorización normalmente se produce con base en un criterio económico. Sin un control o presencia estratégica, lo lógico es que cada país trate de conseguir el máximo rédito en su inversión o compra, aun a costa del resto.

El interés de los fondos sobreranos

La máxima del interés nacional la tienen impresa los fondos soberanos en sus propios estatutos. Un simple repaso a las páginas web de los principales fondos de inversión del mundo nos ofrece un panorama meridianamente claro de la prevalencia del interés nacional en sus inversiones.

Norges Bank, el principal fondo de inversión noruego, fundamenta incluso su existencia "para ayudar a financiar el estado de bienestar noruego para las generaciones futuras". Un aspecto compartido por los fondos de pensiones canadienses o por los grandes fondos públicos chinos, si bien la calificación de "público" puede ser muy discutible en el caso del gigante asiático.

Una cosa es la presencia y otra bien distinta el control de la gestión de las empresas estratégicas. En el caso de este último es imprescindible que el Gobierno asegure que la ponderación de intereses siempre recaiga y favorezca al país

Hace bien el Gobierno buscando inversión más allá de las fronteras españolas. La reciente gira de la ministra de Exteriores a Oriente Próximo es mucho más que un gesto diplomático. Esconde una voluntad firme de abrir las empresas españolas al capital extranjero, como ha venido siendo práctica en los últimos diez años de nuestra economía. Sin embargo, es imprescindible conocer con precisión el alcance que podría provocar una inversión foránea en empresas estratégicas. Evitaríamos de esta manera llevarnos las manos a la cabeza cuando unos australianos tratan de acceder a una energética española que, por otra parte, tiene activos esenciales e insustituibles en la configuración del mix energético español.

El primer país al que la ministra González Laya se ha dirigido es Catar. El fondo soberano catarí, QIA, es realmente explícito en su misión inversora exterior: "Invertir, gestionar y aumentar las reservas de Catar para crear valor a largo plazo para el Estado y las generaciones futuras. Apoyar el desarrollo de una economía qatarí competitiva, facilitando la diversificación económica y desarrollando el talento local".

En el caso de Arabia Saudí, destino último de la gira ministerial, la inversión que realizan en el resto del mundo se guía por un principio claro. Mas allá de la tradicional dependencia de la exportación de petróleo, la inversión saudí se dirige a sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la energía o, especialmente relevante para España, el turismo, el deporte, la distribución y la industria. El músculo de Mohamed bin Salman es grande. Dispone de más de 300.000 millones de dólares dispuestos a ser invertidos en aquellos lugares y sectores en los que se necesite… o le convenzan. Tan solo impone una condición: la presencia en el exterior estará siempre justificada por la reversión en Arabia de los ingentes beneficios de la extracción y comercialización de los hidrocarburos saudíes. Los 300.000 millones destinados a la inversión cumplirán también esta orden.

En definitiva, apostar por la inversión extranjera es una obligación de un Gobierno perfectamente integrado en la comunidad inversora internacional. De igual manera, es exigible al Estado la garantía de la 'españolidad' de los sectores estratégicos en los que los actores privados juegan un papel relevante. Lo contrario sería dejar en manos de otros los intereses propios y eso, a la larga, siempre ha demostrado ser una muy mala estrategia.

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