La energía como asignatura pendiente de la política

Mientras discutimos temas políticos, cada vez más baladíes, el mundo se mueve. Se mueve además de forma rápida y, a menudo, desordenada. Esto es especialmente patente en el sector energético. Nuestro país aborda estos retos sin liderazgo alguno. Las consecuencias lógicas de esta inacción tienen su fiel reflejo en la legislación (o su falta de ella) que venimos sufriendo desde hace ya muchos años.

No es una cuestión de personas o de ministros y ministras. Es una cuestión de proyecto o, mejor dicho, de la falta de proyecto energético de país. Si nos preguntamos hacia dónde vamos, probablemente nadie lo sabrá o contestará "a la deriva", pero antes que responder a esta pregunta es imprescindible saber hacia dónde queremos ir.

Y es aquí cuando la situación se pone más complicada, puesto que nadie lo sabe. Ante la imposibilidad de sacar adelante las medidas necesarias y prometidas en el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, los mercados, las empresas y, por supuesto, también los consumidores, auténticos sufridores, afrontan con pasmosa impavidez cómo se acerca y acelera cada vez más una bola de nieve que acabará por arrollarnos.

En mitad de todo este berenjenal político hay un dato cierto, y ya les anticipo que es muy grave. En la legislatura que termina se han aprobado un total de 90 leyes… Es una cantidad paupérrima. Es la cifra más baja de nuestra democracia y si además añadimos la calidad legislativa de las mismas nos terminaremos de sorprender.

La inmensa mayoría, más de tres cuartas partes, corresponden a trasposiciones de directivas comunitarias en el que, por así decirlo, el trabajo ya estaba hecho.

Del restante apenas podemos señalar algunas que se dirigen al campo energético y eso que en este periodo hemos tenido dos gobiernos de diferentes colores con capacidad para ofrecer, ante el Congreso, algo de luz en el curiosamente apagado sector de la energía en España.

Si hay algo que cabe destacar es un consenso más factico que incluso económico o político sobre la transición energética. La energía no será más concebida como hace apenas unos años. Podríamos preguntarnos si, desde el punto de vista económico o incluso estratégico, sería conveniente mudar a una energía menos contaminante o ineficiente, pero sería algo en lo que perderíamos tiempo y eso no es precisamente lo que nos sobra. Quizá incluso ahora sea ya demasiado tarde para tratar de establecer un plan o un programa que responda a la pregunta de cómo debe España afrontar esta situación.

Los consumidores, los ciudadanos, los políticos, los mercados e incluso las empresas coinciden en este consenso. Todas ellas están adaptando sus estructuras y sus planes estratégicos a la nueva realidad. Lo hacen no forzados por la legislación, puesto que ya está asumido que, independientemente del ganador de las próximas elecciones, la energía no volverá a ser la que era.

La sustitución de un sistema energético basado en el carbono es ya cosa del pasado y lo es por ser "trendy". Hoy en día, producir energía excesivamente contaminante no es una opción, por lo que es lógico que la demanda social se imponga a la económica.

Un ejemplo palpable de esta realidad es la acertada decisión de plantear un futuro tranquilo para la energía nuclear en España. Su papel en el futuro vendrá determinado por su capacidad de respaldo para el reemplazo del 20% de energía eléctrica que proporcionan al sistema por energías renovables. Este es un consenso ya admitido por empresas, política e incluso ciudadanía. El cambio ha de ser tranquilo y sobre todo seguro, sin prisas que puedan comprometer el resultado final asumido.

Ahora bien, el punto en el que no existe tanto consenso es el temido plazo de transición. Es temido por las empresas, puesto que algunas necesitarán un periodo mayor de tiempo para mudar de piel y convertir en verde lo que antes era negro.

Es también temido por los consumidores, que ven como la imposición de un plazo irrealizable se volverá contra ellos en forma de subidas continuadas en el precio de la energía y, concretamente, en el de la electricidad.

Por supuesto es temido por los políticos. Saben a la perfección que la transición, nos guste o no, tendrá sus efectos directos en el empleo y en la economía. Un plazo excesivamente corto provocará que en la transición muchos se queden en el camino. Aunque no nos guste, esos empleos no se mantendrán.

Aunque en términos absolutos el impacto de la energía sobre el porcentaje total de trabajadores españoles sea reducido, no es menos cierto que tanto su calidad como su carácter estratégico es un activo que nuestro país no puede perder.

Pero la pérdida no es solo material. También hemos sufrido pérdidas en lo ideológico. Recordarán los tiempos en los que la llamada "españolidad" de las empresas energéticas era un tema tabú. ¿Se acuerdan de los miles de artículos, editoriales, cabeceras de telediario, etc. que proliferaban por España cuando simplemente había un rumor por el que una corporación rusa, vamos a decir Lukoil, quería entrar en la mayor empresa de activos petroleros de este país?

Fue un seísmo similar a cuando una empresa mexicana aspiraba a hacer tres cuartos de lo mismo pasado un tiempo. En todos estos años hemos renunciado -más bien nos han arrebatado- muchos temas de debate sobre la energía y uno de ellos es la españolidad. Simplemente hagan el ejercicio de ver cuantas empresas energéticas son "españolas" en nuestro Ibex y se asombrarán.

Esto no es mal signo, al menos no desde un punto de vista económico. Siempre es bueno que el dinero internacional se fije en la energía española, pero sí lo es desde el punto de vista estratégico. No es lo mismo advertir de una subida excesiva de la luz en nuestros hogares tocando a la puerta de un despacho en Oslo, que hacerlo a la puerta de un centro de mando en Madrid.

España tiene muchos parches y uno de ellos es el energético. Si es necesario tener un proyecto común consensuado sobre el que trazar un plan, ese es el de la energía. Al igual que en 1997 todos los actores implicados lucharon por hacer posible que encendiéramos la luz sin problemas en cualquier punto de España, es imprescindible que alguien o algo pueda crear un programa en el que se ponga negro sobre blanco qué somos, qué podemos ser y qué necesitamos ser en materia energética.

Sin duda que el consenso a favor de la transición hacia una energía menos contaminante es un logro, pero quedarnos en eso no es suficiente. Es necesario saber si caminaremos también hacia un futuro más eficiente, más sostenible, más seguro y más estratégico en el que la energía pueda ayudar también a nuestras empresas -no solo las grandes- a trabajar con un coste energético asumible y que no lastre nuestra productividad.

Evidentemente, también necesitaremos programas para aquellos a los que la transición perjudique, tanto en forma de programas de recolocación como de ayudas para aquellos hogares que no puedan soportar una tarifa más elevada, debido al cambio tan profundo que se nos viene encima.

Los programas electorales elaborados para las próximas elecciones serán un buen termómetro sobre el estado actual tanto de la energía política en España, como de la política energética. Confiemos en que no volvamos a perder el tren y la próxima legislatura sea la primera piedra para poder construir nuestra casa en lugar de esperar a que nos la derriben.