La seguridad también es economía... Aunque nos pese reconocerlo

Como en otros muchos temas, la realidad surrealista de nuestra situación política repercute directamente en el debate público. Los temas realmente importantes se ven eclipsados por otros que nos sitúan casi en el adocenamiento colectivo. Los grandes retos que en materia de seguridad debe afrontar España aparecen con cuentagotas en los programas electorales, más allá de renglones vacíos y reflexiones abstractas sobre el bien común, la unidad de destino, etc.

Tarde,pero nuestro país ha incorporado la práctica democrática de rendir cuentas en materia de inteligencia y seguridad al Parlamento. Es una lástima que el Informe Anual de Seguridad Nacional, presentado el pasado 15 de marzo, llegue a las Cámaras en este ambiente prelectoral y con un censo parlamentario que cambiará un 80%, si los candidatos propuestos por los partidos salen adelante. Se esfuma así la posibilidad de elevar y discutir las reflexiones de la Comunidad de Inteligencia española a sede parlamentaria.

Sin embargo, en todo este panorama es elogiable que el Gobierno haya querido situar la seguridad como una de sus prioridades políticas, dando cumplimiento al objetivo inicial de elaborar este informe con una nueva dirección al frente del Departamento de Seguridad Nacional. El anterior informe, presentado en julio de 2018, supuso el legado de la “era Rajoy” en esta materia.

Ahora Sánchez, concretamente el nuevo departamento de Moncloa, trata de aportar transparencia y credibilidad a un ámbito rodeado, por desgracia, de un oscurantismo que lejos de protegerlo, contribuye a alejarlo de la sociedad.

Con respecto a otros informes presentados desde 2013, el de 2018 presenta una interesante dimensión olvidada en los anteriores y que no es otra que tratar de “fortalecer la mirada estratégica de España”. Con estas seis palabras se trata de poner fin a una visión de la seguridad, sobre todo la internacional, “seguidista” y en la que nuestro país, se veía arrastrado por las grandes tendencias de análisis y actuación en la materia que se elaboraban por las grandes potencias o se debatían en los distantes y sórdidos foros multinacionales.

La mirada estratégica española está presente en todo el documento y supone incorporar a los ciberataques, el terrorismo internacional yihadista, los flujos migratorios o la seguridad energética las peculiaridades de nuestro país, que las tiene y que además pueden servir para aportar soluciones y métodos de análisis que se escapan a la doctrina tradicional, ampliamente dominada por la influencia anglosajona.

La preocupación por los nuevos desarrollos tecnológicos está presente en todo el documento. Supone una reflexión cuando menos inquietante sobre el futuro de la información, de la inteligencia artificial, la robotización y la nanotecnología. Son todos campos en los que, poco a poco, se comienzan a ver serias implicaciones en el campo de la seguridad de los tradicionales Estados - Nación.

En este sentido la democratización de los sistemas bancarios a través del Blockchain no deben ser vistas como una amenaza para la seguridad. Más bien el reto, como señala el documento, es incorporar el valor tecnológico a este proceso que, poniendo en tela de juicio el papel tradicional de los bancos, no debe verse obstaculizado por fallos de seguridad en las transacciones. Pese a su caída en 2018, sigue moviendo miles de millones de dólares al año gracias a los nuevos métodos de certificación, fundamentalmente chinos, que permiten asegurar las operaciones de una manera más efectiva.

Como ya se señalaba en el informe anterior, la mayor amenaza en términos globales lo supone el terrorismo internacional yihadista que, combinado con la infraestructura disponible del crimen organizado, volverá a golpear a nuestras democracias. Asumamos esta realidad. Especialmente peligrosa es la combinación de los anteriores factores con la proliferación y tráfico de armas de destrucción masiva.

El informe señala la solución que, como en el pasado, solo pasa por la estabilización de las “zonas calientes”, a través de la cooperación, los derechos humanos y la ayuda sobre el terreno. La radicalización solo tiene una cura y se llama progreso, a la par que la protección efectiva de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el interior.

Los terceros Estados, en su torticero desempeño, pueden suponer un riesgo también para nuestro país. El afán en blindarse, especialmente en el campo de la contrainteligencia, ha permitido que nuestro país sufra miles de ataques informáticos contra objetivos empresariales o incluso en las más altas esferas del Estado. El coste mundial de este tipo de ataques, según un estudio publicado por CybersecurityVentures podría alcanzar los 6 trillones de dólares al año en 2021.

En este contexto gobiernan las operaciones híbridas de servicios de inteligencia extranjeros obsesionados con la obtención de información estratégica en sectores tan prioritarios como nuestra industria militar. El caso de los reiterados ataques contra la red informática del Ministerio de Defensa es un claro ejemplo de este tipo de operaciones.

Pese a este mundo tecnológico y virtual en el que vivimos, el auténtico poder de un Estado todavía se mide en términos de dominio territorial. La seguridad marítima, aérea y ultraterrestre es otra de las manifestaciones claras de la importancia que juega la economía en la configuración de un sistema de protección nacional frente a amenazas.

Pese a desarrollarse en lejanos escenarios, la tradicional lucha de las potencias internacionales en el Atlántico Norte, el Mediterráneo y mas recientemente en el Mar de China afecta directamente a la economía española. La ruta marítima atlántica sigue siendo, en términos absolutos, la más importante del mundo al conectar las dos orillas más desarrolladas del planeta con un tráfico capaz de unir Europa, América del Norte y Sur y África Occidental.

Nuestra posición geoestratégica nos proporciona una ventaja importante que puede verse puesta en cuestión de desarrollarse una nueva ruta Atlántico - Pacífico a través del paso del noroeste, dominado por Rusia. El cambio climático, concretamente el deshielo del Ártico, ha posibilitado este “descubrimiento”.

El informe anual señala precisamente a este factor como determinante. Su derivada energética, en la denominada transición ecológica, encuentra en los acuerdos de París de 2015 su respuesta por parte de la Comunidad Internacional. España sigue consumiendo, paradójicamente cada vez más, productos petrolíferos desde 2014. Es un proceso que nos aleja de la que será la cuarta revolución global de la Humanidad desde la agrícola. La eterna dependencia energética de España podría reducirse en un marco adecuado de implantación de las energías renovables, con el gas, del que nuestro país es un gran gestor, como apoyo y catalizador de este cambio.

Por último, los flujos migratorios aparecen en escena ofreciendo un panorama realmente inquietante. Nos hemos convertido, tras unos años de calma chicha en el punto de acceso más importante de llegada de inmigración irregular a Europa a través del Mediterráneo Occidental. El informe refleja un aumento del 161,7% con respecto al año anterior. La proliferación de mafias capaces de comerciar con vidas humanas y el riesgo de repetir escenas tan dramáticas como las vividas en las costas sicilianas es una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. No debemos olvidar que aun seguimos siendo la frontera Norte - Sur con mayor diferencia de renta per capita del mundo.

Como señalaba al principio de este artículo, es difícil que estos temas se hagan un hueco en una agenda copada de mediocridad. En cualquier caso, la actualidad no puede ser un obstáculo para que - y así lo destaca el informe - la “seguridad no deje de ser un legado intergeneracional e institucional”. Nos va la vida en ello.