Jueves, 17.01.2019 - 19:03 h
Abogada del Colectivo Ronda

Amianto: un genocidio que ya no es impune

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen en el mundo 100.000 personas como consecuencia de enfermedades causadas por la inhalación de fibras de amianto, el material casi milagroso, que durante décadas España importó por millones de toneladas para su utilización en la industria y la construcción.

La Unión Europea estima que ese mismo material, el amianto, será responsable de la muerte de medio millón de personas en territorio comunitario antes de 2030. Y de esa escandalosa cifra, las autoridades europeas calculan que más de 60.000 víctimas habrán nacido en España.

Esta es la terrible realidad del amianto que utilizaron empresas como Uralita, principal fabricante de productos derivados del fibrocemento que empleó a miles y miles de personas en sus fábricas de Cerdanyola y Ripollet (Barcelona), Getafe (Madrid), San Vicent (Alicante), Dos Hermanas (Sevilla), Valladolid o Quart de Poblet (Valencia).

Personas que trabajaron en ausencia de las más elementales medidas de seguridad por parte de la empresa, a pesar de que en España existía desde los años 40 normativa específica sobre la prevención de riesgos laborales en relación con la peligrosidad de la exposición incontrolada a estas minúsculas y mortales fibras. Expusieron su vida sin saberlo. Y no tan solo su vida. También pusieron en riesgo la salud de sus familias.

La legislación especificaba que debía ser la empresa quien se hiciera cargo de la limpieza de la ropa de trabajo impregnada de fibras. Pero Uralita jamás lo hizo. La ropa de trabajo se lavaba en casa. Las fibras llegaban, contaminaban y sembraban de muerte su propio hogar. Las mismas fibras que escapaban por las ventanas rotas de sus fábricas y caían de los deficientes sistemas de transporte y almacenaje para contaminar también poblaciones enteras. En localidades como Cerdanyola o Ripollet, la cifra de patologías diagnosticadas relacionadas con la exposición al amianto multiplica por diez a la media de las ciudades que no han acogido la actividad de la empresa.

Un largo recorrido judicial

El pasado mes de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid daba a conocer una sentencia que condenaba a la empresa Uralita a indemnizar con 1,7 millones de euros a un grupo de vecinos y familiares afectados por la exposición doméstica y ambiental al amianto en las localidades de Cerdanyola y Ripollet. Esta era tan solo la segunda sentencia conseguida en España que afirmaba la responsabilidad de la empresa sobre las defunciones y patologías de personas sin relación laboral directa con la poderosa multinacional.

En ambos casos, he tenido el inmenso honor de representar junto a mi compañera Esther Costa y al equipo de Colectivo Ronda, la cooperativa jurídica de la que ambas somos socias, a este colectivo de víctimas. E inevitablemente, ha sido momento de evocar con profunda emoción los lejanos tiempos, a finales de la década de los 70, cuando nuestro despacho empezó a reclamar en representación de toda aquella gente humilde y trabajadora que enfermaba y moría entre graves padecimientos después de años de trabajo en aquellas fábricas, víctimas del terrible mesotelioma, de la asbestosis o del cáncer de pulmón.

Han sido décadas de lucha hasta conseguir demostrar que en España existía una normativa específica de prevención que Uralita y otras muchas empresas incumplieron a sabiendas de que estaban condenando a muerte a muchas personas que acabarían perdiendo la vida cuando tan solo intentaban ganársela. Décadas para conseguir que se reconociera la responsabilidad de Uralita, primero respecto a sus propios empleados; después sobre sus familiares; y ahora también en relación a los habitantes de las ciudades donde la empresa instaló sus gigantescas fábricas.

No hay indemnización ni prestación de la Seguridad Social que pueda hacer olvidar el vacío de un ser querido que ya no está. No hay dinero en el mundo que aplaque la rabia por tantas y tantas muertes -las que fueron y las que serán- que se podían haber evitado. Pero al menos, ya no hay impunidad. Ni silencio. Ahora lo que hay es una sólida jurisprudencia, incluidas sentencias del Tribunal Supremo, que indica que las empresas como Uralita son responsables de ese dolor y de esas muertes. De esos vacíos que ahora ocupan el espacio donde antes hubo vidas e ilusiones.

Hay dignidad y justicia hacia las víctimas allí donde intentaron imponer el olvido y la impunidad.

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