Asturias, por fin, encuentra su identidad gracias al bable

Parecía tenerlo todo: Don Pelayo, la Santina, la victoria contra la Media Luna, la fabada, el arroz con leche y la sidrina. ¡Pero, ay, su idioma común no era una lengua en guerra y sonaba demasiado similar al que se habla en la verbena de la Paloma!

El Principado de Asturias tiene algo más de un millón de habitantes. Todos ellos escriben y leen correctamente el castellano. Un sector de la población –aproximadamente el 20% del total, dicen algunos- habla una segunda lengua, en este caso dialectal: el bable o asturleonés. Sin embargo, la única lengua oficial de Asturias es el castellano. Sin menoscabo (artículo 4 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias) de la protección dispensada al bable. “Se promocionará –dice el Estatuto- su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje”. No obstante, el artículo 3 bis del Reglamento de la Junta General del Principado (después de la reforma operada en julio de 2020), dispone:

“1. En el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía y, en su caso, por la legislación que lo desarrolle, tanto los Diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados públicos y cualquier persona que comparezca ante la Cámara podrán utilizar el bable/asturiano.

2. La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, adoptará, en su caso, los criterios oportunos a tal efecto”.

El 19 de octubre de 2020, más de cincuentas diputados adscritos al Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso presentaron, contra la norma transcrita, un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Según los recurrentes, el legislador asturiano había vulnerado los artículos 3.2 (en relación con el artículo 81.1) y 23.2 de la Constitución. El artículo 3.2 CE prescribe que, además del castellano, las demás lenguas españolas serán cooficiales en los territorios respectivos de acuerdo con la regulación establecida en el correspondiente Estatuto de Autonomía. El artículo 23.2 CE reconoce a los ciudadanos el derecho de acceder, en condiciones de igualdad, al desempeño de cargos públicos, entre ellos el de representante del pueblo.

Mediante la Sentencia 75/2021, hecha pública el 23 de abril, el TC ha desestimado en su integridad el recurso de Vox. El TC argumenta que el régimen lingüístico de Asturias no contraviene el artículo 3 CE porque el Reglamento impugnado no establece el uso oficial del bable en todo el Principado, “sino que únicamente [produce] determinados efectos en el seno de la institución parlamentaria autonómica”.

En cualquier caso -insiste el TC- el uso del bable en la Cámara parlamentaria está en sintonía con el ya mencionado artículo 4 del Estatuto: el Reglamento no ha elevado el rango del bable instalándolo en el púlpito de la cooficialidad. Tampoco le ha dado trato de igualdad con el castellano. Simplemente, ha otorgado su protección al dialecto asturiano. Y por lo que se refiere al artículo 23 CE, el ius in officium de los parlamentarios que no entiendan el bable resulta garantizado por el apartado 2 del artículo 3 bis del Reglamento: dichos parlamentarios serán “protegidos” por la Mesa de la Cámara. En caso contrario, podrán utilizar las vías legales pertinentes para ejercer con eficacia el cargo de representante del pueblo asturiano.

Yo creo que el TC escribe sus resoluciones en bable –lengua que respeto pero ignoro- o en el pixueto de Cudillero, porque no comprendo ninguna de sus “reflexiones” [sic]. Iré por partes.

1.- Los Estatutos de Autonomía tienen una naturaleza dual, ya que son a la vez la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma y parte integrante del ordenamiento jurídico estatal, al revestir la forma de ley orgánica (artículo 81.1 CE) y ser aprobados por las Cortes Generales. El Estatuto de Autonomía de Asturias, por su propia naturaleza jurídica, desautoriza el “golpe reglamentario” de julio de 2020. Es una cuestión sujeta al principio democrático de jerarquía.

2.- La magistrada Encarnación Roca, que discrepa de la mayoría de sus compañeros, se hace la siguiente pregunta: ¿Puede el legislador ordinario “puentear” al legislador orgánico (el que aprueba los estatutos de autonomía por mayoría absoluta). La señora Roca tiene razón. Sin embargo, la suya es una razón necesaria pero insuficiente. A mi juicio, la pregunta clave es: ¿Puede el legislador autonómico –como el Reglamento de julio de 2020- desobedecer al legislador estatal, que representa la soberanía popular en las Cortes Generales? Recordemos que los estatutos de autonomía son obra del legislador estatal.

3.- El TC juega al escondite cuando, respecto a la vulneración del artículo 23 CE, alega que la Mesa de la Cámara garantiza los derechos de los parlamentarios asturianos que desconozcan el bable. Como ya hemos visto (artículo 4 del Estatuto de Autonomía asturiano), el aprendizaje del bable es voluntario. El Estatuto, y no el TC, debería haber sido el muro de protección contra la frivolidad política que, en julio de 2020, envenenó al Reglamento de la Cámara.

4.- Lo mejor de todo: sostiene la mayoría del TC que el bable es la lengua propia de los asturianos. Como dijo un noble alcarreño, “¡Joder, qué tropa!”.

Con el estandarte “libertad, igualdad y fraternidad” ya nadie gana unas elecciones, ni siquiera a la presidencia de la comunidad de vecinos. La obsesión de nuestro tiempo son las políticas de identidad y el narcisismo de las diferencias. El colectivismo de la identidad horizontal hermana a los magnates y a los perdedores de la injusticia vertical: la pésima distribución de la renta nacional, la falta de equidad entre los distintos segmentos de la sociedad, los ricos, los pobres y otras antiguallas del pasado imperfecto. El término “desfavorecidos” pertenece al diccionario de la astrología, no a la gestión de la cosa pública. En los últimos años todos hemos observado que la política española es un oficio de enredadores. Y como “el hombre solo se plantea los problemas que puede resolver” (K. Marx), así nos va. Ya que los presuntos servidores del interés general no pueden (o no quieren) bañarse en el lago de la realidad, dedican sus esfuerzos (sic) a “normalizar” el bable o el normando de las islas del Guadalquivir.

Todo mi respeto al bable y a los asturianos, leoneses, zamoranos y mirandeses (do Douro) que hablan en bable con sus vecinos. Pero también mi desprecio a los falleros de la política, a los que confunden el arte de lo posible con la pirotecnia de lo ridículo.