Los callos a la madrileña de 'Casa Rufián'

“Tenemos que liquidar los paraísos fiscales interiores”. Lo ha dicho, con una solemnidad impostada, don Pablo Echenique Robba. Don Pablo, siempre a la estela que dibuja el motor de su embarcación favorita, el fueraborda “Indepèndencia”, pilotado con destreza, 'seny' y temple por el patrón de yate Gabriel Rufián Romero, el ilustre marino de Jaén. Don Gabriel es más explícito y directo que su amigo hispano-argentino. También ve las cosas más claras que el portavoz de Podemos, que otea el paisaje humano con sus gafas de miope.

Por el contrario, el señor Rufián es menos cosmopolita que su amigo. Quizás por falta de mundo, el independentista catalano-andalusí ha cometido la torpeza de estirar su dedo acusador contra el supuesto “dumping fiscal” de la Comunidad de Madrid. Para fumigar la plaga de la Puerta del Sol, don Gabriel ha exigido a su aliado don Pedro Sánchez Castejón que monte una mesa bilateral (Estado-Generalitat) si desea seguir contando con el apoyo parlamentario de ERC. A don Gabriel le obsesiona la regulación de los impuestos patrimoniales (Sucesiones, Donaciones y el mismo Patrimonio) por parte de doña Isabel Natividad Díaz Ayuso y sus predecesores del PP en la región. A mí me divierten de lo lindo esos dos cómicos de la lengua que son don Pablo y don Gabriel. Los dos me han provocado la relectura de Bergson (“La risa”): “La rigidez corporal constituye lo cómico, y la risa [del público] es su castigo”.

Se puede mentir por acción o por omisión. El señor Rufián ha dicho diez mentiras sobre el sistema tributario de Madrid (que perfectamente podrían aplicarse a los demás territorios que pertenecen al llamado “régimen común” (incluida Cataluña). Sin embargo, debe abonarse en su cuenta de resultados una ganancia real, si bien se trata de una verdad o beneficio a medias. En cualquier caso, el ensueño de Rufián ve gigantes donde solo hay molinos. No está loco como el hidalgo manchego. Simplemente, miente como nunca haría un hidalgo, castellano o catalán.

Diez mentiras

 1ª.- El vigente sistema de financiación autonómica (2009) fue una demanda interpuesta contra al entonces Presidente Rodríguez Zapatero por el segundo tripartito catalán. Al frente del Govern estaba don José Montilla, que nombró a cinco consejeros de ERC, el partido de Rufián. Antes de acusar a los demás de cometer un pecado nefando conviene pasar el test del examen de conciencia y ser autocrítico. Si no, el lenguaraz debería ser el locutor del programa radiofónico “Hablar por hablar”. El sintagma “dumping fiscal” invocado para descalificar la política fiscal de una región determinada es una falacia digna de un enemigo implacable de la verdad.

2ª.- Dicho sistema ofreció a todas las Comunidades incluidas en el régimen común, del que no forman parte Navarra y el País Vasco, la misma participación en los rendimientos fiscales del Estado e idénticas competencias normativas en todos los tributos cedidos (mínimo exento, tipos de gravamen, reducciones y bonificaciones…). La única salvedad la constituye el régimen especial de Canarias.

3ª.- Es incierto que el sistema de financiación autonómica establecido en 2009 haya caducado por el transcurso de cinco años. El artículo 1 de la Ley determina la fecha de arranque del sistema (el 1 de enero de 2009) pero no su término. La Ley tiene vigor indefinido. Rufián no ha leído la Disposición adicional séptima de la Ley, que obliga al Consejo de Política Fiscal y Financiera a analizar y revisar, con periodicidad quinquenal, el funcionamiento del sistema y a proponer, en su caso, las modificaciones oportunas para garantizar la estabilidad y la suficiencia financiera de las Comunidades. Como le pasa a mucha gente, Gabriel Rufián acepta la vida como un estereotipo que usan los borregos por pereza intelectual (de Rufián, no de los pobres borregos).

4ª.- Rufián tampoco dice que la Ley de 2009 creó (artículo 23) un seguro de cobertura para las Comunidades afectadas negativamente por el sistema de cesión de tributos. Se trata del llamado Fondo de Competitividad. El Fondo se dota con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. A mayor abundamiento y por mandato de la LOFCA (artículo 16), la solidaridad interregional se refuerza con la creación de dos instrumentos adicionales: el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario.

5ª.- El establecimiento de una comisión a dos para renovar el sistema de financiación autonómica, como pide Rufián, sería una aberración contraria al “principio de lealtad institucional”. Dicho axioma lo recoge la Disposición adicional sexta de la Ley 22/2009, que, con toda seguridad, el arcángel Gabriel o no la ha leído o se hace el tontito.

6ª.- Miente de nuevo el señor Rufián al orillar intencionadamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es, a tenor de la LOFCA, el órgano donde el Gobierno y todas las Comunidades de régimen común discuten y, en su caso, pactan las modificaciones de la fiscalidad autonómica. El sistema tributario no admite, como es lógico, el principio de bilateralidad territorial porque no es propenso al suicidio. El Estado español es una organización compuesta (con los límites que luego mencionaré). “E pluribus unum”.

7ª.- En cuestiones de gestión, el sistema financiero pivota alrededor del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria. Como en el caso precedente, el funcionamiento del Consejo se rige por el principio de pluralidad.

8ª.- Es cierto que Madrid “importa” mucha riqueza e inversiones que proceden de otros territorios del Estado por su regulación laxa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Pero sus competencias legales, producto de la Ley 22/2009, son inferiores a las proporcionadas por el sistema autonómico anterior (2001). Por ejemplo, el punto de conexión (el domicilio habitual del causante) es hoy más severo: de la permanencia de un año en el domicilio (2001) se pasó al periodo ininterrumpido de cinco años (2009).

9ª.- Es propio de fulleros escamotear a la ciudadanía su irresponsabilidad financiera tapándola con descalificaciones ad hominem. Isabel Díaz Ayuso no es responsable de la catástrofe financiera causada por el Govern. No sé si existe o no el “homo oeconomicus” de Adam Smith, pero estoy seguro de que a ninguna empresa le gusta la irracionalidad y la ausencia de seguridad jurídica que deben anotarse en el debe de la Generalitat.

10ª.- Acierta nuestro buen Rufián al reconocer (intuitivamente) que el Estado no pierde su titularidad originaria (artículo 149 CE) sobre los tributos cedidos. Pero, precisamente por conservar su titularidad, el Estado no puede ser coaccionado por ninguna partida autonómica que pretenda llevar el agua a su molino. El Estado debe garantizar el buen fin del interés general.

Y una verdad a medias

A menudo se dice que el Estado español es el más descentralizado de la Unión Europea. Esta visión “federal” de nuestra organización política es una ficción debida a la indolencia de muchas personas. Nuestro sistema tributario lo confirma. El Estado central hace y deshace en materia de impuestos. Por su propia cuenta y al margen del organismo multilateral cuajado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El sistema de financiación autonómica es una contradicción en sus propios términos. No porque perjudique los intereses legítimos de Cataluña. Las instituciones centrales pueden sabotear el desarrollo fiscal y financiero de todas las autonomías (con la excepción del País Vasco y Navarra). En diciembre de 2008 (Ley 4/2008), Rodríguez Zapatero utilizó su mayoría parlamentaria para suprimir el gravamen efectivo del Impuesto sobre el Patrimonio. El Consejo de Política Fiscal y Financiera no fue convocado por ZP. “¿Por qué construyó su palacio el Marqués del Viso?” “Porque pudo y porque quiso”.

Con el sistema en vigor (artículo 25.2 de la Ley 22/2009), el Estado puede suprimir o modificar la regulación de cualquier tributo cedido. O, lo que es lo mismo, las Comunidades Autónomas viven en precario. El Estado puede modificar, poniendo límites, el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Pero no porque lo exijan Rufián y sus tonterías sobre el dumping fiscal que practica la Comunidad de Madrid. Sino porque, en buena teoría, el interés general del sistema autonómico, considerado en su conjunto, prima sobre el interés, legítimo y sin embargo parcial, de cualquier territorio. Sin embargo, con el respeto al principio de legalidad que está demostrando el coautor de “Manual de resistencia”, todo es posible en Granada y en Barcelona.

La verdad involuntaria de Rufián es un homenaje a Tomás de Iriarte. ¿Leyó don Gabriel, de niño, la fábula del burro que tocó la flauta por casualidad? Pues eso.

La regulación actual del sistema de financiación autonómica es manifiestamente mejorable. Pero los presidentes del Gobierno que se han sucedido desde 2009 no han hecho nada para mejorar su funcionamiento. Ni siguiera han utilizado las herramientas puestas a su disposición por la propia Ley 22/2009. Además, muchos de los reyezuelos de taifas se han escudado en esa inactividad para ocultar sus vergüenzas. A unos les gustará y a otros no la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso. Pero doña Isabel no ha traspasado ninguna línea roja del sistema de financiación. Los que, como Rufián, se ensañan con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el fondo la idolatran y tienen su foto en la mesilla de noche. Ninguna persona –se apellide o no Díaz Ayuso- tiene la potencia de fuego necesaria para destruir todo lo que tocan. La izquierda retórica cree que doña Isabel es una diosa olímpica, como Artemisa. O el mismísimo Satanás. Pobrecita.