Las elucubraciones del magistrado Ollero

1) El primer paso de la duda metódica, en su búsqueda de la verdad, consiste en desechar paulatinamente las ideas sobre las que no se puede edificar el conocimiento. El mejor intérprete del método cartesiano es la humilde hormiga, cuya tarea, siempre lenta, es el acarreo minucioso de objetos útiles para su comunidad. El peor intérprete es la avispa que, rápida, desenvaina su aguijón para dañar a sus víctimas por el mero placer de causar daño. Dudar, ser una hormiga, es el primer peldaño para escalar hacia la verdad, se alcance o no. Es el santo y seña de la mejor cultura europea.

2) Les supongo al tanto de la polémica sentencia constitucional que, por una mayoría escueta de seis magistrados contra cinco, ha borrado del Decreto que declaró el estado de alarma en marzo de 2020 la regulación de la libertad deambulatoria y, por ende, el “confinamiento” domiciliario de las personas. La tesis dominante en el sanedrín de la calle Domenico Scarlatti es que el Gobierno no “limitó” la libertad deambulatoria de los ciudadanos sino que, dando un paso más, la “suspendió” vaciando de contenido ese derecho fundamental. Por lo que el Ejecutivo no debió declarar el estado de alarma sino el de excepción. Se comparta o no el fallo de la sentencia, solo un cínico incorregible puede tachar sus fundamentos jurídicos como si fueran un material tan deleznable como la escoria. Y tampoco se puede despreciar la sentencia mediante injurias personales a los miembros de la mayoría. Descartes nunca garantizó la apropiación definitiva de la verdad, solo proporcionó a los seres humanos un método gnoseológico que les hiciera más libres y respetuosos con las opiniones de los demás. En su 'Discurso del método' apostó por la tolerancia mutua para que los individuos desterraran del debate público los prejuicios y la superstición, e intentaran limitar la incertidumbre. No es poca cosa. Sin Cartesio no existiría la función de juzgar a los demás tal como, generalmente, se practica hoy.

3) En su voto particular a la sentencia, el magistrado Andrés Ollero Tassara ha exhibido por enésima vez su crédito moral. Don Andrés, haciendo gala de su “sevillana condición” (nadie es perfecto, queridos amigos de la Bética), atribuye a sus compañeros de la mayoría, de forma indirecta y con su elegancia habitual, la cualidad de “majaderos” (y “dogmáticos”). Con su profunda caridad cristiana, don Andrés también afirma que sus hermanos de profesión son una cofradía de “metafísicos” que inician los debates jurídicos con un “solemne paseo por el cielo de los conceptos”. Y, ya en plena forma, ¿por qué no halagar todavía más los oídos de sus colegas tildando su labor de “Derecho de profesores”? Todo un estigma espiritual que no parece compatible con la oda del sevillano a “las mañas de picapedrero” que se gastan seis de sus compañeros. Un consuelo: como dijo el inolvidable Alfonso Sánchez, “lo importante es que hablen de uno aunque sea bien”.

Respecto al fondo de la cuestión, Ollero ha dejado esta frase para la Historia: “La realidad ha demostrado que una pandemia puede afectar con más intensidad a determinadas facetas de los titulares de derechos constitucionales que un posible golpe de estado o la invasión de divisiones acorazadas”. Además, don Andrés ha debido leer la sentencia de derecha a izquierda sin el suficiente conocimiento de la lengua hebrea porque sostiene, con patente error, que los magistrados a los que critica no han considerado el principio de proporcionalidad de las medidas gubernamentales respecto a la envergadura del problema que se pretendía resolver. Por razones que traspasan el marco de un artículo periodístico, diré simplemente que Ollero razona siempre de forma inteligente pero taimada y sumisa al dictado del poder: la alarma era suficiente y el estado de excepción un disparate alojado, con el permiso de Keynes, en las neuronas de unos “escritorzuelos”

Ollero coincide con la mayoría, por primera y única vez, en considerar inconstitucional la delegación por decreto de poderes exorbitantes a favor del ministro de Sanidad sin la autorización previa del Parlamento. Sin embargo, una golondrina no hace primavera.

Rebobinemos. Ya he señalado que don Andrés cree que sus compañeros de la mayoría son ángeles que salen de paseo por el cielo de los conceptos. No lo dice porque sí. En su voto (punto 4), dice el jurista sevillano, criticando los argumentos mayoritarios que tanto le incomodan: “Quizá vendría más a cuenta en caso de alarma un cálculo de los intereses en juego”. Extraña afirmación para cualquier persona que valore el Derecho como un instrumento eficaz e indispensable para mantener la paz social. A la insinuación anterior del antiguo portavoz del PP, debe ligarse esta ironía, jocosa y quizás impertinente, del magistrado Ollero (punto 5): “…los virus no son precisamente famosos por [sic] mayor o menor respeto a las sociedades democráticas”.

No digo lo que pienso sobre los avisos entre líneas del conspicuo jurista sevillano porque no suelo caer en la trampa de la ambigüedad y la imprecisión. No me va el juego de tirar la piedra y esconder la mano. Y menos el de las adivinanzas supuestamente ingeniosas cuando su autor, una autoridad pública de gran relieve, está obligado a hablar y escribir en román paladino. Me limitaré a suponer que don Andrés es menos partidario de Descartes que de León Duguit y su 'ley de la fuerza'.

Un íntimo amigo, un jurista excepcional, interpreta el voto de Ollero como una apelación al poder (en caso de que deba enfrentarse de nuevo a una emergencia grave) para cortar por lo sano y decretar “una alcaldada” (por decirlo suavemente). Mi amigo, que está de acuerdo con Ollero, cree que el Estado no puede ser versallesco con la pandemia de la Covid-19 y que el TC debe dejarse de pamplinas jurídicas y avalar siempre las decisiones del Gobierno. Pero digo yo, ¿puede claudicar la ley y rendirse ante una grave calamidad?; ¿deben los juristas desertar de su oficio y exigir la resurrección de Julio César o, ya que estamos, la de Alarico? Que conteste Ollero, previa renuncia al cargo que desempeña en el Tribunal Constitucional. Porque si la realidad desborda el muro de contención de la ley, los ciudadanos no tenemos por qué pagar los oropeles de un simulacro.

Si mi amigo estuviera en lo cierto, don Andrés sería el último discípulo de Tomás de Aquino: “Necessitas non habet legem” (La necesidad no conoce ley). Incluso puede que don Andrés haya nacido entre las ruinas de la sevillana y romana Itálica: “Salus populi suprema lex esto”. Sea como sea, ¿quién es el elegido para subir al púlpito, apreciar el estado de necesidad y dictar las medidas que mantendrán al pueblo a salvo? Naturalmente, esa no es una incógnita para el Maquiavelo del Guadalquivir. Ni para nadie. Detrás de la necesidad se perfila la sombra del jefe indiscutible del Gobierno de la nación.

Anotación marginal

Los delincuentes y los que abusan de sus funciones públicas son dos especies protegidas por el Estado. Son indispensables para la actividad económica y la creación de empleo. Para prevenir o castigar el delito y “desfacer” los entuertos de la discrecionalidad política se necesitan normas, jueces, policías, funcionarios de prisiones, abogados, fiscales y numerosos servicios complementarios que justifican la existencia y financiación de la plantilla orgánica del Estado. El crimen y la ilegalidad generan numerosos puestos de trabajo y la fluidez de la circulación monetaria entre los clientes y proveedores de bienes y servicios, por una parte y, por otra, las Administraciones Públicas. El Estado es una mafia blanca, seráfica y fraternal. Mucho mejor que las mafias sicilianas, entre las que destacan el narcotráfico y el balompié (en el improbable caso de que no sean dos ramas diferentes de la misma actividad económica).

Mucho más dudoso es el caso del TC, cuya falta de productividad, indolencia y parasitismo fiscal son proverbiales. Porque todos sus magistrados, con la honrosa excepción de Andrés Ollero, o están en Babia o tomando carajillos en “el cielo de los conceptos”.