Luz de cruce 

Hacienda y la inviolabilidad del domicilio (o mi casa es mi castillo)

María Jesús Montero Presupuestos PGE
Hacienda y la inviolabilidad del domicilio (o mi casa es mi castillo) 
Agencia EFE

La Constitución relaciona los derechos fundamentales y las libertades públicas en sus artículos 15 a 29. El artículo 18.2 CE dice: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. Por su parte, el artículo 81 CE exige una ley orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, cuya aprobación requiere la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

La entrada y el registro de un domicilio particular por funcionarios de la Administración Tributaria pueden resultar imprescindibles en los procedimientos de aplicación de los tributos. Sin embargo, cuando la Agencia Tributaria llama a la puerta de una vivienda (o a la sede o los establecimientos de una empresa, que constitucionalmente son homologables al domicilio de los particulares) nunca emplea modales versallescos. Sus funcionarios acceden a la morada familiar imitando el estilo que, hace más de un milenio, usaron los normandos para tomar unos ribeiros en Santiago de Compostela. Los actuales vikingos no pagan sus consumiciones y disfrutan de barra libre porque en los procedimientos judiciales de autorización de los registros domiciliarios, cuya vista se celebra “inaudita parte, los jueces de lo contencioso-administrativo suelen recitar el “yo creo en ti” al tomar nota de los hechos y motivos que constan en la solicitud administrativa. Aunque no esté directamente relacionado con nuestro asunto, no considero ocioso mencionar que, en la Inglaterra de la época de Adam Smith, existía el “Impuesto sobre Ventanas” (a más vistas al exterior, mayor era la cuota). De esta forma se impedía a los funcionarios fiscales asaltar la intimidad doméstica para valorar los bienes sujetos a gravamen.

Las aberraciones de Hacienda han llegado hasta el punto de registrar la sede de una empresa (que no era el contribuyente investigado) con la finalidad de incautar documentación potencialmente dañina para los intereses de un tercero. El lema era matar moscas a cañonazos, ya que los derechos administrativos podían satisfacerse con un simple requerimiento de información enviado por vía postal o en mano por un propio de la Agencia. Afortunadamente, la doctrina del Tribunal Supremo (TS) ha marcado ciertos límites a la “autoindulgencia” de la Administración. El principal es el requisito inexcusable de un acto previo: la incoación, antes de proceder a la entrada domiciliaria, de un procedimiento de inspección notificado formalmente al obligado tributario. Y la condición, también previa, de que las pesquisas efectuadas en ese procedimiento justifiquen (con mención de los hechos y motivos que, en una relación causa-efecto, exijan la entrada en un domicilio particular) la solicitud a un juez para que dé el visto bueno a la intromisión administrativa en la dulce paz del hogar.

Pero, digan lo que digan los tribunales de justicia, los registros domiciliarios de la Agencia Tributaria siguen contaminados por su pecado original: carecen de cobertura jurídica porque todavía no se ha aprobado la imprescindible ley orgánica que los regule. Este déficit normativo comporta “un derecho de corrección exclusivamente jurisprudencial“, lo que ocasiona un grave problema de seguridad jurídica. Lo dice sin ambages una reciente sentencia del TS, dictada el 23 de septiembre de 2021. Es decir, el intérprete judicial del Derecho da un salto y ocupa el escaño del legislador.

¿Cuál es el arsenal jurídico del que dispone la Agencia Tributaria para entrar y registrar el domicilio del contribuyente? Si vamos al departamento de balística del Ministerio de Hacienda, encontraremos:

 1.- El artículo 113 de la Ley General Tributaria (LGT). Esta norma habilita a los funcionarios de las Administraciones tributarias para acceder al domicilio, bien por consentimiento del afectado, bien mediante autorización judicial. La LGT es una ley ordinaria. 

2.- El artículo 8.6 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. El último párrafo del precepto citado otorga a los jueces de dicho orden la competencia de autorizar a las Administraciones tributarias el acceso al domicilio de las personas en defecto de consentimiento por su titular. Un consentimiento que, naturalmente, nunca se pide porque Hacienda prefiere jugar al escondite con el interesado. En cualquier caso, la Ley jurisdiccional es una ley ordinaria. 

3.- El artículo 91.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Como el artículo 8.6, antes citado, de la Ley jurisdiccional, el precepto aquí señalado se limita a otorgar a los jueces de lo contencioso las competencias para autorizar los registros domiciliarios por parte de la Administración. Es decir, aunque en este caso la norma sí tiene el rango legal requerido, no desarrolla el artículo 18.2 CE. La ya aludida Sentencia del TS del 23 de septiembre de 2021 reconoce la insuficiencia de la LOPJ. 

4.- El artículo duodécimo de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Dicho precepto, impulsado por la actual ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, no tiene otro objetivo –condenado al fracaso, además- que eludir la doctrina del TS establecida en los años 2019-2021, que tantos disgustos le ha ocasionado a la de Triana. La Ley 11/2021 es una ley ordinaria.

Punto y final. Cierro la puerta de la armería de Hacienda.

El desarrollo “orgánico-legal” de las condiciones, requisitos y límites que debe cumplir la Inspección de los Tributos cuando acceda y registre el domicilio de los ciudadanos sigue en el limbo de los justos. En mi opinión, el control jurisdiccional de las perturbaciones administrativas que las autoridades ocasionan al contribuyente al ejecutar la entrada a su domicilio, previo auto de un juez, no constituye una buena solución. No hay doctrina sino casuismo y, sobre todo, este discurso altera las reglas del juego constitucional sobre la división de los poderes del Estado.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública debería suscitar cuanto antes la aprobación de una ley orgánica que regule las entradas domiciliarias de la Inspección fiscal. Porque esta última es la máxima interesada en que se aclaren pronto los requisitos de sus actividades en este asunto. La Inspección corre el riesgo, a mi juicio, de que una modificación de la “doctrina” judicial la ate de pies y manos “ad calendas graecas”. Y, para la Administración, también tiene su peligro que los afectados invoquen sus derechos legítimos en sede constitucional mediante la interposición del oportuno recurso de amparo. No es de sabios despreciar los derechos fundamentales.

Los soberbios sin causa no saben que la incuria y la apatía provocan incendios pavorosos.

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