Viernes, 06.12.2019 - 01:48 h

La izquierda taurina: una farsa en tres actos

Sinopsis

Argumento

La obra pone en valor el doble juego que practican las fuerzas de izquierda en la era global. Por un lado, y con la intención de subrayar las teóricas diferencias que las separan de las derechas conservadoras, presumen de ejecutar unas políticas sociales que –a través del aumento del gasto público- estarían protegiendo especialmente a las clases medias y a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las izquierdas se ufanan de su oferta estelar 'marca de la casa', que resulta inasequible para sus rivales: asegurar a los ciudadanos contra el riesgo de adversidad (de la cuna a la tumba) y redistribuir la riqueza de arriba abajo dentro de la pirámide social. Ambas recetas constituyen el ADN ideológico y moral de la izquierda desde la extinción de los dinosaurios en el planeta Tierra.

Hubo un tiempo en que la realidad de los hechos les daba la razón a las organizaciones de izquierda. Sin embargo, la dictadura de los mercados financieros a escala mundial, operativa desde hace medio siglo y exponente de una oferta muy elástica y refractaria a los controles públicos (una locomotora más potente cada día que pasa), ha convertido los postulados socialdemócratas en una retórica huera que solo vale como un arte de pesca de electores cándidos arrastrados, como todos los individuos, por la impetuosa corriente del nuevo capitalismo sin semáforos que, para vendernos lo que ya poseemos, afirma ser nuestro amigo más íntimo. Conscientes de esta realidad, los populismos de izquierda combinan los fuegos artificiales del incremento ficticio del gasto público con la apelación a la tribu y el desarrollo entusiasta de las políticas de identidad. En esta carrera –una estrategia reaccionaria porque la invocación de la tradición ancestral oculta la insuficiencia estructural de los recursos fiscales- gana por goleada la izquierda sedicente, al menos en nuestro país. La farsa –lo verán ustedes de inmediato- demuestra que a veces las haciendas públicas no tienen ni para gastar en mercromina y esparadrapo.

Acción (tiempo y lugar)

Los hechos discurren a lo largo del periodo 2010-2019. El lugar es Valencia, en su acepción político-administrativa (Comunidad Valenciana: provincias de Valencia, Alicante y Castellón). Ya les advierto que, a diferencia de Rusia en la época de Serrano Suñer, Valencia no es culpable de pecado nefando alguno. Además de ser una realidad empíricamente demostrable, la Comunidad levantina es asimismo un pretexto ejemplar en el drama que, si no tienen nada mejor que hacer, les propongo como lectura: los acontecimientos narrados en la farsa son comunes en toda la geografía nacional. Hablo de la Comunitat Valenciana, exclusivamente, por motivos de urgencia legislativa.

Personajes

(Dada la extensión reducida del teatro, solo aparecen los protagonistas)

A) Francisco Camps Ortiz

B) Joaquim (Ximo) Puig y Ferrer

Primer acto (¡Viva la tradición!)

La antigua Fiesta Nacional –la tauromaquia- pierde cada día un buen puñado de adeptos. Sin distinción de paisanos o soldados, de rojos o azules, de rubios o morenos, aunque conviene reconocer que sus principales adversarios militan en 'las filas del Progreso'. Todo lo contrario les sucede a las fiestas taurinas populares, como los 'bous al carrer' valencianos, los astados que acometen a los parroquianos en las calles de su pueblo, mientras oyen el estruendo de las salvas artilleras y suena la orquesta municipal en honor de la virgen o del santo patrón del lugar, en los días de sol, alcohol destilado y lujuria. Los 'bous al carrer' simbolizan el alma inmortal del pueblo y, por ello, todos los políticos, especialmente los que pertenecen al bando heterogéneo del nacionalismo de izquierdas, los veneran y otorgan su protección.

Valencia. Diciembre de 2010. El Parlamento regional, a propuesta del entonces presidente del Consell, Francisco Camps, aprueba la Ley 14/2010, de espectáculos públicos. A Camps, después de lucir impecable la raya del pantalón, lo que más le gusta son los toritos populares. Pero se ha dado cuenta de que la ley anterior (de 2003), si bien se apoya en el pilar férreo de la “seguridad de las personas y bienes”, cojea un poquito y es demasiado indulgente con las hazañas de “los corredores”.

¿Qué hace Camps en 2010? Primero: centraliza el régimen de autorización y control administrativos de los festejos en la propia Generalitat, a pesar de que los protagonistas son los vecinos de cada localidad (artículo 7.1.c) de la Ley de 2010); segundo: advierte a los participantes de su obligación de abstenerse “cuando no estén en las debidas condiciones físicas o psíquicas”, en general y, de forma específica, prohíbe la participación de los gamberros alterados “por la ingestión de alcohol u [sic] de otro tipo de sustancia tóxica” (artículo 32); tercero: tipifica como infracción administrativa grave intervenir 'mamado' o 'chutado' en los citados festejos (artículo 51.31) y, acto seguido (cuarto), sanciona dichas infracciones con "multa de 601 a 30.000 euros y acumulativamente hasta 300.000 euros” (artículo 54.2). Se ve que a unos cuantos les va la 'marcha'; quinto y último: declara la responsabilidad civil y “universal” del “participante no apto” respecto a los daños humanos y materiales que su irresponsabilidad hubiera podido causar “respecto de sí mismo” (¿resultaba imprescindible dicho recordatorio?) “y otros participantes, público, terceras personas y bienes”. Aparte de cultivar una sintaxis mediocre, Camps representa el papel de Poncio Pilatos.

Una vez leídos esos apartados legales, yo, que como Ariadna, tomé en su día partido por Teseo en su lucha contra el Minotauro, reconozco que el BOE me ha hecho aún menos amigo de los animales con cuernos. Como el hueco que deja el afecto lo ocupa la ignorancia, también reconozco que jamás he asistido a un festejo tradicional. Por eso me imagino a los perseguidos por los 'bous al carrer' como si fueran marines norteamericanos que huyen alocadamente de las bayonetas del Vietcong. Pero la legislación no miente. Es público y notorio que las andanzas de los toros por las calles de Levante dejan a su paso cada año numerosos muertos y heridos. Los festejos taurinos son un peligro letal para la salud ciudadana, el orden público y, si me permiten decirlo, también para el decoro cívico y la proyección exterior de nuestro país. Pero no quiero desviarme de la cuestión principal: la responsabilidad de las instituciones a la hora de garantizar la seguridad de los ciudadanos, fundamentalmente la tranquilidad y la confianza de los espectadores que asisten a unos festejos autorizados por la Administración.

Segundo acto (las izquierdas reconquistan los predios de El Cid)

Desalojados merecidamente los 'populares' –por la corrupción rampante, la anarquía y la mala gestión de la cosa pública- de las principales instituciones de la Comunitat, llega la hora de la coalición de nacionalistas de izquierda y socialistas. En junio de 2015 accede a la presidencia del Consell el socialista Ximo Puig, a la cabeza del bipartito PSPV-PSOE y Compromís (con apoyo de Podemos).

Pero no todas las medidas adoptadas por el PP fenecen. Algunas se mantienen con ciertos cambios… para mejor. Es el caso de la regulación de los 'bous al carrer'. Las izquierdas, como sus antecesores en el poder, palpan también el macizo de la raza autóctona y, conmovidas, abandonan la política estrecha de partido: el alma del pueblo es inmortal, los gestores públicos son contingentes y, sea cual sea su color, todos dependen del 'volkgeist'. Quizás no estuviera tan alejada de la verdad material la metáfora bélica de los festejos taurinos tradicionales revelada en el Primer acto. En cualquier caso, la fiesta de los bueyes supone, indudablemente, una actividad de alto riesgo para la salud y la integridad física de los participantes y los espectadores. Si no fuera así, parecería una exageración infundada la modificación de la Ley de espectáculos públicos de 2010 por otra de diciembre de 2017 (artículo 12), que impone a los organizadores de los 'bous al carrer' la obligación de incorporar a los festejos un equipo médico-quirúrgico para asistir a las potenciales víctimas de los toros populares. Sin embargo, al revés del milagro de las bodas de Caná, en este último caso el señor Puig ha convertido el vino en agua (una estafilla): poco después de montar –idealmente nada más- los hospitales de campaña, decreta una moratoria (del 1 de enero de 2018 hasta el 1 de enero de 2020) para la entrada en funcionamiento de los servicios médicos y quirúrgicos.

Tercer acto (“No están maduras”)

Llegan las elecciones de 2019 y Ximo consigue el reenganche al frente del Consell. Dirige en estos momentos un tripartito valenciano (los socialistas, Compromís y Podemos). Pero ya no es el mismo político. Ahora, en medio de la gravísima crisis fiscal que padece la Comunitat, Ximo Puig es el protagonista moderno de la fábula de la zorra y las uvas. Acaba de decir respecto a los 'bous al carrer' algo así como: “Dale alegría, Macarena, al cuerpo popular, pero aléjale de los médicos y los enfermeros; el pueblo es un organismo sano y las uvas no están maduras. Que no se las coma, salvo cuando suenen las campanadas, y así le salvaremos de una estúpida indigestión”.

Dicho y hecho. La novísima Ley 7/2019, de 24 de octubre (BOE del 18 de noviembre), formaliza el gatillazo: Ximo despide definitivamente, antes de nacer, a los equipos médicos de los festejos taurinos. La conjunción progresista nos sale ahora por peteneras: un cirujano (o traumatólogo), un ayudante licenciado en Medicina, un diplomado en Enfermería y el correspondiente personal auxiliar nos cuestan un pastón que no tenemos. Sí, un pastón, porque ese equipo profesional sólo vale para un partido y toda Valencia arde en la hoguera de los festejos taurinos tradicionales. Ni siquiera la Virgen de los Desamparados daría abasto para cuidar a las víctimas de tanto jolgorio.

¿Qué hacer entonces? ¿Suprimir los festejos taurinos por falta de seguridad? ¡Ni hablar! Los 'bous al carrer' son patrimonio del alma popular, y el alma solo es de Dios. La nueva ley de 2019 dice que las previsiones de la norma de 2017 “son imposibles de cumplir” (habrá que simular que somos tontos porque el autor de esa declaración solemne es el mismo que dejó preñada a la “insensata” ley de 2017). Ximo en misa y repicando. Pero queda lo mejor de todo: según la Ley 7/2019, la seguridad ha estado garantizada siempre, sin necesidad de contratar y pagar a ese ejército de matasanos. Y, después de exaltar “la importancia y relevancia social y cultural de los 'bous al carrer', la Ley de 2019 remata la faena cargando las tintas en la ciencia médica. La muy ilustrada Ley de 2019 sostiene que el chachachá médico-quirúrgico dificultaría “en la práctica la celebración de estos festejos tradicionales “ e iría “ en directo perjuicio” de la cultura popular. El legionario Ximo Puig grita –pasando revista a sus tropas- “muera la inteligencia y recemos para que el número de bajas por asta de toro sea menor el próximo año”.

¡Qué barato sale ser progresista de salón!

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