La promesa imposible de María Jesús Montero

Aunque todo depende de lo que decida su jefe, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció unas semanas atrás que va a seguir la recomendación de San Ignacio de Loyola: “En tiempos de desolación, no hagáis mudanza”. Sí, la pandemia de la Covid-19 aconseja mantener por ahora el escenario legal que, en materia de impuestos, acordaron “revolucionar” el PSOE y Unidas Podemos antes de su acceso a La Moncloa. Sin embargo, a Dª María Jesús le entusiasman la rumba y el 'jaleíto'. No para quieta mucho tiempo. Por eso, el 28 de mayo abandonó el convento donde cursaba los ejercicios espirituales y, en una intervención pública efectuada ese mismo día, nos anunció que había modificado de manera drástica su admiración por el fundador de los jesuitas y que le va a meter un buen meneo al Impuesto sobre Sociedades para que recaude mucho más. Perfecto, ahora que las empresas se están forrando, conviene recordarle al consejero delegado que a cada cerdo le llega su San Martín. Además, Montero ha prometido que su Departamento impulsará una nueva ley de lucha contra el fraude fiscal.

No dudo de las buenas intenciones que alberga el corazón de la sevillana. Sin embargo, Montero se va a estrellar contra la realidad, precisamente por los efectos negativos de la pandemia, que ya ha reducido drásticamente los ingresos fiscales. Las leyes tributarias valen lo mismo que las Administraciones que las aplican. El principal instrumento contra la evasión fiscal –la Agencia Tributaria (AT)- carece de los medios humanos y materiales para echarle un pulso ganador al fraude. Y, en el futuro, su musculatura será paulatinamente más débil. La Covid-19 ha cavado un agujero muy negro en la caja del dinero público. La ministra debería haber seguido íntegramente la recomendación del guipuzcoano Íñigo López de Recalde. Pero no ha tenido paciencia. Dª María Jesús es una veleta que gira el viento impetuoso que sacude el país.

El 28 de enero de 2020, la AT elaboró su 'Plan Estratégico 2020-2023'. Por vez primera después de la recesión iniciada en 2008 –que causó estragos en la organización-, la AT se permitía el lujo de diseñar una planificación racional de su actividad a medio plazo. La Agencia reconoció sin ambages una verdad amarga: “El proceso de pérdida de efectivos que se ha ido produciendo en la última década”. La AT tuvo que esperar a la Oferta de Empleo Público de 2019 para comenzar a revertir su penuria, ahora acentuada y machacada por el virus chino. Eso sí que es una desescalada mayúscula desde la cumbre del Everest, conquistada en 2009.

El 31 de diciembre de 2019, el total de efectivos de la Agencia (funcionarios y personal laboral) era de 25.400. Nunca se había llegado tan bajo, desde los 28.000 efectivos que trabajaban en la AT diez años antes. Si prescindimos de comparaciones domésticas y observamos lo que sucede en nuestro entorno, hay que señalar que, mientras en España cada empleado de la Agencia controla a 137 contribuyentes del IVA, el promedio de la Unión Europea (UE) es de un funcionario fiscal que vigila a 87 sujetos pasivos de dicho tributo.

En su plan estratégico, la Agencia estima, como una necesidad ineludible para lograr la eficiencia administrativa que demanda el control del fraude, un incremento de sus efectivos humanos hasta llegar a 40.000 personas, una cifra imposible de alcanzar en medio de la desolación económica provocada por la Covid-19. Además, y como consecuencia natural de la falta de inversión en recursos humanos, la plantilla de la AT es una de las más envejecidas de la UE. Solo el 20% de los empleados tiene una edad inferior a 45 años. Por ello, en los próximos tiempos las jubilaciones por edad alcanzarán su máximo histórico. Entonces la AT estará bajo mínimos.

Es verdad que parte del trabajo que corresponde realizar a la Agencia se lo van a hacer gratis algunos factores externos. La devastación económica se está cebando con especial crudeza en la mayoría de los sectores de la economía sumergida. Sin embargo, el economista austriaco Friedrich Schneider (la mejor referencia mundial en la cuestión) pronostica que, cuando finalice la pandemia -pongamos que en el mes de septiembre-, la economía sumergida en nuestro país, si no hay un rebrote del virus, representará más del 17% del PIB. También sostiene que, desde entonces, la economía informal crecerá de forma imparable.

La promesa de Montero es un brindis al sol. Desgraciadamente, la despensa del Tesoro va a perder sus mejores alimentos justo cuando aumenta el hambre de la población y a muchos les acucia la necesidad de llevarse lo que sea a la boca. El hundimiento de la recaudación tributaria no es una promesa, sino una pavorosa realidad que desnuda las esperanzas piadosas pero injustificadas de doña María Jesús.