Miércoles, 27.05.2020 - 12:29 h

Nuestro compromiso inquebrantable con la Unión

El 18 de abril de 2016 terminó el plazo de trasposición al ordenamiento interno español de diversas Directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales. Las Directivas habían sido aprobadas en 2014. España dijo a la Comisión que no se preocupara por el retraso, que estaba en ello y que las cosas de palacio van despacio.

El 7 de diciembre de 2017, la Comisión Europea interpuso contra el Reino de España dos recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que declarara que España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 106.1 de la Directiva 2014//25/UE y le condenara al pago de una multa coercitiva diaria de 123.988,64 euros, con efectos desde el pronunciamiento de la sentencia, y también al pago de una multa coercitiva diaria de 61.964,32 euros, con fundamento en ambos casos en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En la actualidad, los dos procedimientos ante el TJUE están llegando a su fin, por lo que es previsible esperar que sendas sentencias condenatorias contra el Reino de España sean dictadas en las próximas fechas. Si el desastre se consuma, la culpa fundamental será del Gobierno de Mariano Rajoy, sin descartar la responsabilidad de otras autoridades, que después han manejado con gran torpeza la situación.

El 4 de febrero pasado, Pedro Sánchez descubrió el Mediterráneo. Ese día se percató de que la trasposición de normas europeas puede efectuarse de forma urgente mediante Real Decreto-ley. Su Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 3/2020 y traspuso al ordenamiento interno las normas antes mencionadas. En todo este asunto existe una gran paradoja. En los últimos años, muchos gobiernos han estado en situación de interinidad, por lo que no han podido ejercer competencias plenas, como presentar al poder legislativo proyectos de ley. Pero ahora que Sánchez dice que preside un Gobierno en plenas funciones desde el mes de enero de 2020 y que dispone de suficientes apoyos en las Cámaras, estaba en condiciones de trasponer en el Parlamento las normas europeas que en su día no pudieron completarse. Sin embargo, retoma la tarea, pero no por la vía ordinaria sino utilizando un expediente de urgencia.

Sin embargo, con la aprobación del Decreto 3/2020, el Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a una cuestión de principio en beneficio exclusivo de una razón instrumental. No le importaba, ni mucho ni poco, el prestigio y la credibilidad de las instituciones españolas. Lo que verdaderamente le preocupaba es la gravedad de las potenciales consecuencias económicas de la desidia del Estado español, si éste continuaba acumulando retrasos en la incorporación completa de las Directivas mencionadas. Por eso ha cortado el nudo gordiano con el cuchillo de un Decreto-ley. Sánchez considera la tramitación urgente de la trasposición como una señal de buena voluntad enviada a la Comisión, para que ésta no nos haga picadillo. Sin embargo, nada está garantizado. Lo importante es darlo todo por la Patria, aunque sea en vano.

Lean este argumento impecable de los juristas de Pérez Castejón: “En cualquier caso, conforme a la jurisprudencia del TC no es necesario tener la certeza de que se evitará la condena. El antecedente más relevante es el de las Directivas 85/337/CEE y 977/330/CCE, en las que la Comisión sólo retiró una de las dos demandas”. Nuestro Tribunal Constitucional es un órgano de muy buen conformar: “el éxito, aunque parcial, que obtuvo la acción gubernamental de trasposición tardía de las Directivas mediante el controvertido Real Decreto-Ley puso de manifiesto que la finalidad pretendida sí era razonable y que en circunstancias como las del presente caso, la utilización del Decreto-ley sí puede contribuir a que la Comisión tome cuanto antes la decisión de archivar un procedimiento ya abierto y, por ende, puede contribuir a evitar que el TJUE dicte una sentencia que ponga de manifiesto un incumplimiento por parte de España”. Muy buen criterio de oportunidad: al Tribunal Constitucional le gusta jugar a los dados y a la lotería. Para eso le pagan.

El preámbulo del Real Decreto-ley 3/2020 está plagado de las 'fugas', 'veleidades' y las 'autoindulgencias' sacramentales necesarias para justificar una intervención de urgencia del Gobierno que, sin duda, entrará en los manuales del Derecho de la Unión. Para los corifeos del Sr. Sánchez sólo cuentan los estertores finales de la crisis política española. Sin embargo, Pedro Sánchez ejerció la presidencia en plenitud de funciones hasta el 30 de abril de 2019. ¿Por qué no hizo entonces, con el apoyo de las Cámaras, lo que acaba de hacer ahora mediante un sencillo Decreto-Ley? Quizás a Sánchez le gusta tirar a la basura las oportunidades legales que están en su mano o dejar que las cuestiones se pudran para ser el campeón que, jugando con el riego de sanciones, salve a la nave capitana aunque pierda el resto de la flota. Los argumentos rebuscados de Sánchez no demuestran ni heroísmo ni coraje. Simplemente son una cortina de humo para eludir cualquier tipo de responsabilidad. El presidente pone a las instituciones españolas a los pies de los caballos y entrega como rehenes a los contribuyentes como responsables directos del pago de unas multas astronómicas. Sánchez acaba de dar otra lección magistral de ética y dignidad política.

El prestigio de España en la Unión es formidable. El Reino de España encabeza la lista de países que han pagado más multas por infringir la normativa europea, como desobedecer las leyes o trasponer de manera tardía las Directivas. Desde 2012 a 2017, España ha pagado 7 de cada 10 euros impuestos a los Estados miembros en concepto de sanciones. Como dice don Pedro, España es una gran nación. En la salud y en la enfermedad.

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