"Nunca caminarás solo"

El Gobierno confunde la realidad con sus deseos. Su primera medida fundamental fue la declaración del estado de alarma durante quince días naturales, luego prorrogado quince días más. Esta semana entraremos en su tercera fase. Dios nos concede sus mercedes con cuentagotas y sin necesidad de explicaciones. Dentro de la estrategia del Gobierno, han predominado el confinamiento de la población, la clausura de la mayoría de las empresas y el cierre de fronteras (absolutamente justificado). Creo que mi abuela, que no era surcoreana (aunque un invierno se lo pasó esquiando en Suecia), habría hecho algo parecido: colapsar los servicios sanitarios por falta de una preselección de los posibles enfermos (algo que, desgraciadamente, exige una inteligencia superior a vender al pueblo vino de garrafón) y declarar el cerrojazo indiscriminado y universal de la actividad económica.

Como digo, seguramente don Pedro y mi abuela habrían logrado los mismos efectos en unidad de tiempo: llevar en pocas semanas a la quiebra a este país y volver locos a sus trabajadores. Unos políticos más despiertos y menos soberbios (mi abuela también era muy soberbia aunque no le iba mucho la cosa pública) habrían desviado la primera toma de contacto de los enfermos a un sistema de atención primaria reforzado y no les habrían conducido en masa a las unidades hospitalarias de cuidados intensivos. Eso sí que es alarmar a los ciudadanos y dividir en dos compartimentos estancos la economía y la salud. La economía no solo no es enemiga de la salud. Tampoco representan, ni la una ni la otra, dos tiempos asincrónicos ni separados por una teórica incompatibilidad.

Después de varias semanas de paralizar la vida del país, ahora nos dice el Gobierno que se propone la detección precoz de la enfermedad para aislar de las personas sanas a los enfermos asintomáticos del Covid-19. Los últimos pasarían la enfermedad en hoteles o establecimientos adaptados. ¡Qué bien! Más vale tarde que nunca. Aunque actuar tarde suele denotar la ignorancia, la brutalidad y la irresponsabilidad moral de los malos gobernantes. En frase célebre, un fumador de puros dijo que “nunca tantos le debieron tanto a tan pocos”. ¿Se puede invertir la construcción de la frase? “Nunca tan pocos hicieron tanto daño a tanta gente”.

Los deseos del Gobierno (también constituyen una de sus obligaciones ineludibles) son ayudar económicamente a la legión de ciudadanos en paro. Sin embargo, en el castillo del señor de la horca y el cuchillo, la caja de los impuestos estará vacía antes de que el Presidente repita unas veces más su célebre jaculatoria: “España es un gran país al que tengo el honor de dirigir en una anomalía histórica digna de mi persona”.

El Gobierno, dentro de todas sus ambigüedades, ha apostado por una duración relativamente corta del parón económico. Por eso ha dado preferencia a los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), justificados, según nos dicen las crónicas oficiales, por el estado de fuerza mayor originado por el Covid-19. En un ERTE el contrato de trabajo no se extingue, simplemente se suspende por un tiempo determinado. El trabajador pasa transitoriamente a la situación de desempleo y el coste del expediente lo soporta el Estado, que abona el 70% de la base de cotización durante los seis primeros meses (el 50% a partir del séptimo mes).

Lamento decir que el Gobierno, y especialmente la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, están engañando a los trabajadores. Como hemos visto, la regulación de los ERTE se financia con fondos propios del Estado para que el trabajador y su familia aguanten la fase más dura de la crisis en condiciones dignas (compensando, dentro de lo posible, la pérdida del salario y la ocupación) El objetivo legal es el retorno rápido del trabajador a su anterior vida laboral en las mejores condiciones posibles. Y, desde luego, sin que el Covid-19 le obligue a hipotecar su futuro cuando alcance la jubilación y la vejez.

Desde 1987, el Estado viene incentivando el ahorro de los trabajadores en productos financieros de previsión complementaria al sistema público y obligatorio de la Seguridad Social (planes de pensiones). Se trata de un ahorro extraordinario: las aportaciones a la previsión privada son indisponibles hasta la producción de la contingencia (generalmente, la jubilación del ahorrador). El Estado (salvo en algún caso que nada tiene que ver con la emergencia del Covid-19) despoja al ahorrador de su libertad de disponer de su inversión acumulada. Es una prohibición razonable que tiene como finalidad garantizar al trabajador una pensión suficiente durante los últimos años de su vida (Seguridad Social + previsión privada). A cambio, le ofrece determinadas ventajas, casi todas de naturaleza fiscal (reducciones en la base de IRPF en el momento de las aportaciones, reducciones de las prestaciones sujetas a gravamen -las correspondientes a las aportaciones previas a 2007- cuando se produzca la contingencia). Al mismo tiempo, con el estímulo de los planes de pensiones el Estado alivia la presión sobre los recursos de la Seguridad Social.

Sin embargo, nada resiste bien el peso de la realidad. Al voluntarismo rampante del Gobierno no podían salirle bien las cuentas de los ERTE, su medida estrella. En su enésima modificación legal de los ERTE (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo), el Gobierno ha cambiado su lema humanitario “nadie se va a quedar atrás” por el mucho más prosaico “¡que cada palo aguante su vela!”. La disposición final segunda del Decreto permite a los trabajadores, durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma (siempre que, lógicamente, sean partícipes de planes de pensiones) hacer efectivos sus derechos consolidados. En resumen, el Estado, al menos parcialmente, se ha desvinculado en pocos días de su compromiso de garantizar unos recursos dignos y suficientes a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo.

El importe de los derechos consolidados que se hagan efectivos no podrá superar el total de los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación de empleo. Como el Gobierno no sabe por dónde se anda (nunca antes había previsto la disponibilidad de los derechos de pensiones como consecuencia del cerrojazo económico derivado del confinamiento de la población), ha dejado la puerta abierta a ampliar el plazo inicial de seis meses para el cobro de los derechos consolidados, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible en cada momento de los afectados. ¿Tan difícil es determinar una cifra máxima en función de las diversas circunstancias familiares)

El Gobierno sabía perfectamente que sus recursos no le permiten sostener a una legión, cada vez mayor, de depauperados. Y, además, no confía nada en el futuro económico del país. De otra forma, no recomendaría a los que tienen reservas en la despensa que se coman ya el pan que les iba a alimentar mañana. ¡Oh, mañana! ¿Ha pensado el Gobierno en algún mañana?

Un principio elemental de justicia obliga a las autoridades a tratar de forma desigual a los individuos desiguales. El propio derecho que el Real Decreto-ley 11/2020 otorga a los afectados por un ERTE para movilizar su ahorro en planes de pensiones (destinados 'oficialmente' a su jubilación) con el objetivo más urgente de satisfacer las necesidades básicas del día a día es el reconocimiento más palmario de que el Covid-19 (o su gestión) ha dejado en precario a unos trabajadores que han perdido sus ingresos habituales. Lo que era normal se ha convertido en una desgracia traída por el viento de la fuerza mayor. Es obvio que los afectados por un ERTE –“nadie se va a quedar atrás”- deben recibir una ayuda del Estado que no necesitan los hijos de la diosa Fortuna.

Los damnificados por la pandemia que, para sobrevivir, recurran a sus derechos económicos en un plan de pensiones merecen un trato fiscal diferente al que recibirán en su día los directivos del Ibex. Sin embargo, el propio Real Decreto-ley 11/2020 confirma que la tributación que recaerá sobre las prestaciones satisfechas a los afectados por un ERTE será idéntica a la que corresponda a la señora Botín. ¿Demagogia? Desde luego que sí, pero mucho menor que el famoso “escudo social” prometido por el Gobierno.