Las instalaciones del Congreso de los Diputados no solo albergan la celebración de actos parlamentarios, en sentido estricto (la elaboración de leyes y el control al Gobierno). En las salas del palacio de la Carrera de San Jerónimo también se realizan jornadas de trabajo que, en principio, no guardan relación directa con la actividad parlamentaria. Por ejemplo, en la semana del 20 al 26 de septiembre se rindió tributo a los enfermos de Alzheimer. En otras ocasiones se ha conmemorado el Día del Holocausto o celebrado jornadas de apoyo a la comunidad gitana, o a las mujeres de África.
Durante los días 16 y 17 de noviembre de 2018 se reunió en Madrid la 43ª Conferencia Europea de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Saharaui. Con anterioridad y para promover la causa legítima de los habitantes del antiguo Sáhara Español, varios diputados del Congreso, miembros en su mayor parte del grupo parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea, habían solicitado a la Mesa del Congreso la cesión de la Sala Constitucional para celebrar el 19 de noviembre una reunión interparlamentaria de apoyo al Sáhara Occidental, con la intervención de diputados españoles, así como de Francia, Italia, Dinamarca, Suecia, Suiza, Argelia, Sudáfrica y Mauritania. La solicitud mencionaba que una reunión similar se había efectuado pocos días antes en la Asamblea Nacional francesa.
El 30 de octubre de 2018, la Mesa, que había incluido la petición en el índice azul (asuntos administrativos), denegó -con el voto discrepante de cuatro de sus miembros- de plano y sin motivación alguna, la solicitud de utilizar una sala por un día con la finalidad de ayudar a miles de personas que en su momento pertenecieron (ellos mismos o sus ascendientes) a una provincia española. Para la Mesa, su resolución era un acto administrativo, no un acto de calificación parlamentaria.
Inasequibles al desaliento, los mismos diputados (a los que se unieron representantes de EAJ-PNV y ERC) renovaron sus plegarias a la Mesa para que reconsiderase su negativa. Fue el 5 de noviembre y ocho días más tarde la Mesa dio carpetazo definitivo al asunto (también sin explicación alguna). Poco después, los diputados Txema Guijarro y Sergio Pascual, en representación del grupo confederal ya mencionado, solicitaron el amparo del Tribunal Constitucional (TC). Según los recurrentes, la Mesa había despreciado el “ius in officium” garantizado por el artículo 23 CE, negando a los ciudadanos su derecho fundamental a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes legítimos. Si estos no pueden ejercer el cargo para el que han sido elegidos por los ciudadanos, se malogran el pluralismo, la defensa de las minorías y la participación política que están grabados en el frontispicio de la Constitución (artículos 1 y 6). Según los recurrentes, la Mesa del Congreso debe limitarse a la verificación de los requisitos formales que deben cumplir las iniciativas parlamentarias, sin someter a valoración la oportunidad política de las mismas (artículo 31 del Reglamento del Congreso de los Diputados).
En la tramitación del recurso de amparo subsiguiente, el Fiscal pidió al TC la concesión del mismo. Según el Ministerio Público, la solicitud de los recurrentes inició un procedimiento parlamentario y, con cita de la STC 242/2006, el Fiscal amonestó a la Mesa del Congreso por la falta de motivación de su negativa, ya que solo la externalización de los argumentos permitía conocer si la Mesa había tomado su decisión regida por un criterio de oportunidad política o no. Además, la utilización de las salas del Congresos es una práctica habitual perteneciente al ámbito de contenidos del artículo 23 CE y, por tanto, constituye una de las funciones representativas de los diputados. Sin embargo (STC 137/2021), el TC ha denegado su amparo al grupo parlamentario de referencia. El derecho de los recurrentes no es un derecho fundamental y el uso de las salas del Congreso no encaja en el núcleo duro del artículo 23 CE, como tampoco constituía una obligación de la Mesa hacer explícita su negativa mediante su motivación (fundamento cuarto de la Sentencia). No entiendo del todo el razonamiento del Tribunal, porque si el asunto es de mera legalidad ordinaria y la resolución de la Mesa un simple acto administrativo, ¿cómo justifica su falta de motivación cuando se trata de un requisito indispensable de la actividad administrativa, incluso en los supuestos en los que el acto se dicte en el ejercicio de potestades discrecionales? Creo que, en contra del artículo 9 CE, el TC da pábulo a la arbitrariedad de un poder público. Y también creo que ese poder –la Mesa del Congreso-, en vez de facilitar el control del Ejecutivo, ha sido una correa de transmisión del Gobierno para impedir su rendición de cuentas ante la soberanía popular y la opinión pública, respecto a su política marroquí.
Tenga una envergadura constitucional o de mera legalidad ordinaria, la decisión de la Mesa del Congreso no se sostiene. España ocupó el Sahara Occidental como una potencia colonial desde 1958 hasta 1976, año en el que, tras la “Marcha Verde” (noviembre de 1975), se despidió de los saharauis “a la francesa” o, lo que es lo mismo, entregando ilegalmente su país natal a Marruecos y abandonando a la población autóctona a su suerte, en contra de las normas del Derecho Internacional. Desde entonces todos los gobiernos y todas las mayorías parlamentarias que se han venido sucediendo durante los últimos 45 años, han tratado de inocularnos el virus de la amnesia colectiva para tapar la responsabilidad del Estado español hacia los saharauis y ocultar que, en contra de todos sus compromisos internacionales, España es un país que no respeta los derechos humanos. ¿Cómo todos los países? Puede ser, pero eso no alivia nuestra culpa.
Debemos sentir respeto por nosotros mismos. Tenemos la obligación moral de afrontar nuestra historia (con sus episodios buenos, con sus episodios malos) y reparar los daños infligidos a los demás si aún estamos a tiempo. Lo que cuenta es la verdad histórica, no la memoria oficial servida a la carta por los poderes públicos con la finalidad de gestionar el presente de acuerdo con sus intereses políticos. Como dijo Marx (con el debido permiso de Yolanda Díaz): “dejad que los muertos entierren a sus muertos”. Los saharauis, sin embargo, son un pueblo vivo en busca de la verdad liberadora, no de una memoria muerta.
Todos sabemos que el Reino de Marruecos guarda la llave de nuestra seguridad nacional. El reino alauí es una cárcel para los emigrantes africanos que quieren traspasar las fronteras españolas. También sabemos que Marruecos es un filtro indispensable para evitar, dentro de lo posible, la entrada a España de grupos islamistas con malas intenciones. Además, el maná de inversiones que han sembrado el campo al sur de Tarifa, ha logrado que la economía de nuestros vecinos del Sur sea muy competitiva respecto a la española (con mayores precios y salarios). Los “megapuertos” construidos en Marruecos, especialmente el que ha destrozado el paraíso natural que había entre Tánger y Ceuta, lo atestiguan. Por fin ha cuajado en el Reino alauí, dentro de la pobreza general de la población, una clase media.
Mohamed VI es un gallito que saca petróleo de la debilidad española. Por eso, un detalle humanitario “intolerable” para el sultán (por ejemplo, el ingreso en un hospital español de un dirigente del Frente Polisario que, a mayor abundamiento, es nacional español, o la exigencia caprichosa de “devolución en caliente” de cientos de niños marroquíes que meses antes habían sorteado las barreras de Ceuta impelidos precisamente por Mohamed VI) puede ocasionar un chantaje en toda regla a España por parte del Gobierno alauí, protegido incondicionalmente por Estados Unidos. Hasta ahora, el Gobierno español ha aceptado de manera sumisa y servil las presiones subterráneas de Marruecos. Bien lo saben Grande-Marlaska y González Laya.
En las resoluciones de la Mesa del Congreso de los Diputados, así como en la sentencia del Constitucional no se menciona nunca el sustantivo “Marruecos”. Según el DRAE, la palabra “tabú” (del polinesio “tabú”, lo prohibido) alude a “la condición de las personas, instituciones o cosas a las que no es lícito censurar o mencionar”. Así que ya lo saben: España, al revés de lo sucedido hace un siglo, es en la actualidad un Protectorado del sultán de Marruecos. Pero más nos valdría reaccionar y recordar que, según las normas del Derecho Internacional, España sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental. No lo digo yo, lo dice la ONU. ¿Lo sabe la Mesa del Congreso de los Diputados?
